Nuevamente se presenta una reforma política en el país, dentro de las iniciativas para combatir la corrupción, donde se busca acabar con el clientelismo y la compra de votos.
El gobierno presentó un proyecto de proyecto de acto legislativo. Sin embargo, esta encontró bastante resistencia y generó controversia, por lo que se tuvo que hacer un gran esfuerzo para lograr el consenso necesario que permitiera su viabilidad. Estuvo sujeta a modificaciones sustanciales de las diferentes bancadas para no sufrir el mismo final de sus antecesoras: el fracaso.
Lo aprobado establece la implementación de listas cerradas y la eliminación del voto preferente para instituir el voto por partido, lo que indica que los electores votan por los partidos más no por personas u candidatos, esto con el propósito de fortalecer y democratizar los partidos, acabar los gamonales electorales y erradicar la corrupción al sufragante.
Ahora bien, ese es la “razón” de esta propuesta, pero en la práctica trae ciertas complicaciones y dudas, puesto que se podría estar abriendo una caja de Pandora al clientelismo y a que los partidos elijan a los candidatos y los lugares en la lista a dedo, o a cambio de dádivas. Si para una persona del común es difícil acceder a una lista al Congreso en los partidos tradicionales, se imaginan ahora con esta propuesta cómo sería, controvirtiendo con esto la razón de acabar con la corrupción, el clientelismo y el nepotismo político.
En el mismo sentido se establecen las listas cerradas “cremalleras”, donde se busca que en la conformación siempre estén intercalados hombres y una mujeres, para garantizar la participación política de las féminas. Respetando a la mujer como líder pública y potenciadora del desarrollo, creo que es una medida de papel, que no brinda relevancia a la mujer, sino por el contrario seguirá convirtiéndola en un instrumento de relleno para las diferentes listas. La experiencia nos indica que la Ley 1475 de 2011, donde se estableció el porcentaje del 30% de participación femenina, no logró su objetivo, menos ahora que se pretende incrementar al 50%.
Colombia no necesita más medidas impositivas para lograr combatir la corrupción electoral, lo que realmente necesita son acciones que condenen este actuar porque de nada vale establecer más leyes para que siga ocurriendo lo de siempre, donde la Fiscalía revela y denuncia a congresistas por corrupción electoral y la justicia es permisiva con estos individuos para que sigan ejerciendo. Así mismo es el caso de la equidad de género en la participación política, hemos entrado en una larga discusión donde las mujeres han luchado por lograr igualdad de género, creo demeritorio e inquisitivo que pretendan imponer su participación como camisa de fuerza, no como el sentir y posicionamiento social y político de la mujer.
En el caso de las unificación de periodos donde se plantea la extensión del periodo a los actuales alcaldes y gobernadores, me parece un despropósito legal y constitucional, toda vez que los actuales mandatarios fueron ungidos por la voluntad popular para regir sus destinos por un periodo preestablecido, ahora no pueden pretender cambiar su voluntad. Por ello creo que se debe esperar a las próximas elecciones para preguntarle al pueblo si quiere eligir mandatarios en transición por 2 años y medio o por 6 años, para que podamos hacer posible la unificación de periodos.
