Una de las locuras del presidente Gustavo Petro fue pretender que entre marzo y junio -el período legislativo más corto de la legislatura- se le aprobara en cuatro debates tres reformas estructurales al Estado, no solo por lo que implicaba un espinoso acuerdo con las diferentes bancadas del Congreso –incluidos independientes y oposición- sino porque las iniciativas exigían dada su complejidad una discusión mucho más lenta y cuidadosa, dejando además en el limbo si la Reforma a la Salud era un proyecto de ley estatutario –reglamentario de un derecho fundamental en la Constitución- y no el proyecto de ley ordinario que finalmente radicó a principios de este año el Gobierno Nacional.
El resultado de esa “primiparada” presidencial, fue la aprobación a medias de las reformas a la salud y pensiones –que de todos modos no fue malo- y el inesperado pero doloroso –para el Gobierno Nacional- hundimiento de la Reforma Laboral, y que el pasado jueves –sin previo aviso- fue nuevamente radicado en la Cámara por la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, en momentos en que puede salir aún más costosa su aprobación en el Congreso –como lo señalamos en la anterior Columna Dominical- porque el escándalo del gigoló Nicolás Petro le abrió sendos expedientes al Mandatario en la Comisión de Acusaciones, lo que sin duda debilita el poder presidencial y lo hace más vulnerable a las exigencias incluso de las bancadas de Gobierno.
Al revisar los 92 artículos del nuevo proyecto de ley –el anterior tenía 76- se mantiene de la anterior iniciativa que cuando un trabajador argumente un despido por discriminación, el empleador tiene la obligación de demostrar lo contrario, so pena de reintegrar o indemnizar al mismo (Artículo 10), y en el Artículo 16 se podría evidenciar la “única” concesión del gobierno a los empresarios, al ampliar la jornada laboral diurna de 6 AM a 7 PM –en el anterior estaba hasta las 6 PM- lo que sin duda dificulta la aprobación de la iniciativa en el Congreso, en la medida que los legisladores se encuentran con un articulado bastante intransigente como el anterior.
Una de las propuestas centrales del Gobierno se mantiene sin ninguna modificación: una jornada ordinaria de trabajo de ocho horas, y una jornada laboral de 42 horas a la semana (Artículo 14); mientras que los dos proyectos –el anterior y el actual- coinciden en que las horas extras -diurnas y nocturnas- no se pueden exceder de dos horas diarias y 12 semanales (Artículo 16),
Pero antes de reducir la jornada –a criterio de este Columnista- se debe implementar medidas para incentivar al trabajador a producir más, como mejorar su salario o seguridad social, incluso la posibilidad de acceder al mercado de acciones de la empresa, que le dé un mayor sentido de pertenencia y corresponsabilidad en el accionar de la misma, sin que esto vaya, claro está, en desmedro del bienestar integral del trabajador.
Se mantiene –con relación al anterior proyecto- el aumento del recargo dominical en la reforma (Artículo 17), siendo éste el pago adicional por trabajar un domingo o festivo, que actualmente está en el 75 por ciento de un día laboral y pasaría a un ciento por ciento –de manera gradual- lo que confirma la aseveración del Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés, en el sentido que esta reforma rescata una serie de logros alcanzados por el trabajador en el pasado, y que el esquema neoliberal fue desmontando, para supuestamente incentivar la "inversión y el empleo".
Es lamentable que casi la totalidad del proyecto de ley se mantiene sin modificaciones con relación al anterior –sin contar que se radicó sin previo aviso- lo que ratifica la posición unilateral y absolutista del actual gobierno, sin considerar que esta intransigencia pone la iniciativa nuevamente al borde del hundimiento a no ser que esté dispuesto –como advierte la oposición y los independientes- a tranzar al precio que sea la aprobación de la iniciativa, lo que supedita la reforma al criterio del gobierno –afectado el consenso sobre el mismo- como lo viene advirtiendo de manera válida el sector gremial, sin ser suficiente entonces el aval que hasta ahora le ha dado el sector sindical.
Coletilla: Está confirmada la acumulación de los dos proyectos de acto legislativo sobre la Mesada 14 –radicados respectivamente por el Senador José Vicente Carreño Castro y el ministro de Defensa Iván Velázquez- convirtiéndose entonces en una sola iniciativa, haciendo aún más viable la posibilidad de darle rango constitucional a esta mesada adicional pensional para las Fuerzas Militares y Policía Nacional.
*** Asesor Legislativo- Escritor.
.
