La Constitución Política de Colombia, en su artículo 67, dicta que “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con esta se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. Si bien, en el papel, esto es así; en la realidad, el panorama es otro. El desfinanciamiento de las instituciones, la mala infraestructura e incluso el estar ad portas de cerrar son algunos de los agravantes que se han producido debido a la poca inversión del gobierno nacional en la educación pública superior.
La deuda actual del gobierno con las universidades públicas del país es de $15 billones, esta se ha acumulado desde 1992 cuando entró en vigor la ley 30. Las cuentas, en su momento, no se hicieron de forma correcta, sumado a esto no se hizo la correcta proyección de crecimiento de las instituciones. El dilema es que las universidades trabajan con un presupuesto de funcionamiento antiguo, como si estas no hubiesen crecido, tampoco recibido más alumnos, ni abierto más programas de pregrado y posgrado.
¿Es tan difícil educar al pueblo? O es, más bien, ¿miedo de que aquella clase oprimida tenga la herramienta para salir de su yugo? Las instituciones llevan 25 años peleando por un presupuesto justo, por la atención y recursos que merecen; luchan, para dejar el nombre del país en alto con sus investigaciones y descubrimientos. No se justifica que en un país tan rico como lo es Colombia, la corrupción se robe $50 billones al año mientras el presupuesto para la educación pública superior aumenta en migajas. No se justifica, además, que los rectores de las universidades tengan que rogar al gobierno nacional para que inviertan los recursos verdaderamente necesarios en la educación del verdadero futuro del país.
Las universidades públicas no pelean en vano, la educación está en bancarrota, no hay plata, no se pueden “estirar” más los recursos, la tasa de estudiantes que actualmente cursa programas de pregrado en las instituciones aumentó cerca de 200% desde 1993, los alumnos inscritos en programas de posgrado aumentaron en 180%, aproximadamente, sumado a esto, actualmente, hay poco más de 4000 estudiantes de doctorado. Estas cifras son claras, los colombianos, muchos, quieren acceder a una educación pública superior de calidad, superarse, educarse y ser un Ernesto Macías menos para el país o en su defecto, una María Fernanda Cabal.
La situación no para con los estudiantes, ahora los profesores de estas instituciones se preparan mucho más, estudian, se especializan, publican libros y artículos, sin embargo, a pesar de su preparación, no hay cómo pagarles. Sumado a esto, el problema de infraestructura para los programas ofertados y para los grupos de investigación es cada vez más grave, los edificios se caen a pedazos, están agrietados, faltan materiales y, en muchos casos, toca cerrar los grupos porque los proyectos se quedan a medias. Entonces, vuelve y juega, mientras muchos jóvenes y docentes quieren salir adelante, educarse y superarse, la negligencia del gobierno, sus malos cálculos y la poca importancia que ha tenido la educación superior para este, los tiene al borde del abismo, de tener que interrumpir sus estudios o, en casos más graves, de desertar.
Tanta es la torpeza de muchos gobernantes en Colombia que hasta para soñar con un país mejor son pobres de mente. Lo que da a entender el gobierno con su actuar, no solo el de turno sino también los anteriores, es que en el país sigue siendo mejor educarse mediocremente, hacer cualquier “bobadita” y conseguir buenos contactos para poder triunfar, y es que, casos sobran, el mismo presidente, por ejemplo. Otro, la señora Claudia Ortiz, que sin cumplir con los requisitos educativos fue nombrada jefa de la Agencia de Desarrollo Rural, y la perla, el presidente del Senado quien tiene envolatado el bachillerato pero allá está montado, divinamente, el señor. En Colombia, definitivamente, la mejor agencia de empleo para cargos altos es Uribe, qué cosas…
Hoy día el descontento con el gobierno de Iván Duque por este motivo y muchos, muchos más, es tal que hasta los que votaron por él, se arrepienten. Los análisis que hacen sobre el porqué de su baja popularidad son mentirosos, dan mil excusas, dan mil causas, pero no se habla de que, en definitiva, lo que le falta al “joven presidente” es experiencia para manejar un país. Quizás maneje su casa, con dudosa autoridad eso sí, pero liderar un país es algo totalmente diferente y se sale de todo límite.
Si bien es cierto que para el 2019 la educación quedó con el presupuesto más alto jamás visto en Colombia ($41,26 billones) la plata no alcanza para subsanar, de fondo, la deuda tan gigantesca que tiene a las universidades públicas al borde del colapso total. De esos más de 41 billones de pesos hay que descontar los gastos de funcionamiento, salario y primas de docentes y directivos, la educación básica y media (ahí se gasta gran parte del presupuesto, aproximadamente el 60%), el Plan de Alimentación Escolar (PAE), la infraestructura educativa y el presupuesto para pagos del Magisterio. Si hacemos el cálculo, las universidades públicas reciben solo un 10% del presupuesto total, es decir, 3,9 billones de pesos aproximadamente. Simple, esa plata no alcanza para financiar las 32 universidades públicas del país, sus programas, gastos, funcionamiento, mantenimiento, sedes, etc. y menos va a alcanzar teniendo en cuenta la deuda tan grande que hay con las instituciones. Vuelve y juega, no es justo que estas almas mater de tantos intelectuales colombianos se vean, cada año, mendigando recursos para educar a nuestro país. No es para nada justo que esto pase en un país como Colombia donde la educación gratis es un derecho constitucional.
El pasado 10 de octubre las universidades públicas y varias privadas del país marcharon para defender a las instituciones de educación y para exigir el aumento del presupuesto. Si bien se logró que el gobierno diera medio billón de pesos adicionales a lo que ya estaba presupuestado, el paro de las públicas sigue en pie y se ejecutará pues, para los directivos de estas, el dinero es un pañito de agua tibia y no soluciona de fondo la situación.
Y es que nada de lo mencionado por los directivos de las instituciones se aleja de la realidad, la deuda con las universidades públicas es de 15 billones de pesos, un déficit que viene desde 1992 por la mala planeación gubernamental y, como cosa rara, por la poca capacidad administrativa de la gran mayoría de nuestros gobernantes.
Solo queda esperar y seguir luchando por defender las universidades públicas del país. No basta con pañitos de agua tibia, no basta con crear programas a medias para que unos estudien mientras otros tienen que desertar por falta de presupuesto. Como pueblo hay que luchar para que no vean a nuestras instituciones de educación como negocio sino, más bien, como los semilleros y academias de mentes brillantes, aquellas que muy seguramente dejarán el alto el nombre de Colombia.
Ahora, no sé dónde estoy, no sé para dónde va el país, pues votaron para no parecerse al de al lado, pero nos convertimos en una copia casi exacta del vecino pues, hasta propio asno conseguimos.
Y aquí vamos, despertando a gritos, golpes, violencia y represión de lo que en su momento muchos llamamos, como aquella famosa obra, Crónica de una muerte anunciada.
