Uno de los problemas más graves que enfrenta el nuevo gobierno de Uribe-Duque para la convivencia democrática y la paz de los colombianos es la continuidad y persistencia del asesinato de los líderes sociales en muchas regiones de país, que hacen insostenibles los acuerdos de la Labana para la solución del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera.
A los 566 líderes asesinados entre los años 2016 y 2018 ( Indepaz ) se suma ahora la muerte de siete líderes acribillados por sicarios del paramilitarismo en las dos primeras semanas del mes de enero, y los 21 estudiantes asesinados por una bomba de dinamita en la escuela General Santander, en Bogotá, lo que constituye una inmensa tragedia de nunca acabar, a pesar de las buenas intenciones del alto gobierno de ponerle fin a la violencia, en contravía de los deseos de muchos de sus partidarios de “hacer añicos” el acuerdo de paz.
Gilberto Valencia, presidente de la junta de acción comunal de Suárez, Cauca; José Solano, integrante de la junta de acción comunal de la vereda Puerto Jobo de Caucasia, Antioquia; Wílmer Miranda, miembro de una asociación de campesinos de Cajibío, Cauca; Maritza Quiroz, representante de la mesa de víctimas del Magdalena; Dima Parada, presidenta de Asojuntas en Hacarí, Norte de Santander; Wilson Pérez Ascanio, miembro del Movimiento por la Constituyente Popular y Miguel Antonio Gutiérrez, presidente de la junta de acción comunal del barrio La Victoria de Cartagena del Chairá, Caquetá, fueron las siete víctimas que se suman a las 231 registradas desde enero del 2016 (El Tiempo), más los 21 jóvenes caídos el 17 de enero en la Escuela General Santander en Bogotá.
Es desde cualquier punto de vista es un fenómeno que retrata con realismo la triste realidad de la democracia colombiana, muy enaltecida por los altos heliotropos de la clase dominante, acostumbrados a hablar mal del gobierno de Venezuela sin mirar la podredumbre y la tragedia en que se debaten las mayorías del pueblo colombiano.
De nada han servido las buenas intenciones para investigar, capturar, penalizar, controlar y desmantelar a los grupos paramilitares y terroristas (uno de los seis puntos del acuerdo de La Habana), que continúan azotando las regiones del Catatumbo, Urabá, Bajo Cauca Antioqueño, Buenaventura y Tumaco, para hablar solamente de las regiones donde se presenta este fenómeno en la forma más ostensible, persistente y dramática, sin contar con la tragedia de Bogotá que, de continuar como vamos, está inaugurando el terrorismo suicida de los fundamentalistas islámicos del oriente medio, en las grandes ciudades de Colombia.
La masacre de policías, líderes sociales, defensores de los DD. HH., dirigentes comunales, agrarios, ambientales, reclamantes de tierras, exguerrilleros de las Farc y de organizadores de programas de erradicación de cultivos de coca está ocurriendo ante la opinión pública nacional e internacional que mira indiferente la ineptitud del gobierno, que ve impotente como acribillan sin compasión a los dirigentes sociales por encima de reuniones, declaraciones y programas de seguridad del Ministerio del Interior, de la Unidad Nacional de Protección, de la Procuraduría y de la Fiscalía General de la Nación.
Por fin el fiscal general, acorralado en el cuadrilátero de la corrupción, recibe la tabla de salvación para tapar los escándalos de Odebrecht con el atentado criminal en la Escuela de Policía, caracterizando el paramilitarismo como un fenómeno sistemático que tiene sus patrones generales en los distintos departamentos, pero que se manifiestan en forma diferente con las características propias de cada región.
¿En qué queda entonces la efectividad del Plan de Seguridad del 20 de diciembre acordado por el gobierno para proteger la vida y la integridad de los líderes sociales y de todos los colombianos en general?
Por supuesto que, aunque el fenómeno es complejo, ya se sabe que tiene sus raíces en la tenencia de la tierra (otro punto de la Agenda de la Habana), en la minería ilegal, en el contrabando de gasolina, y sobre todo, en los eslabones con más poder de la cadena del narcotráfico, es decir, en los grandes carteles capitalistas del narcotráfico ahora comandados por el cartel mexicano de Sinaloa, que está dirigiendo, organizando y financiando la producción, transporte y comercialización de la coca de Colombia con el concurso de los desertores de las Farc y otros grupos paramilitares, que les sirven de ejércitos mercenarios al gran capital de la multinacional del terrorismo, para realizar sus ganancias en EE. UU. y en Europa.
Pero el gobierno colombiano sigue buscando el ahogado río arriba, recibiendo las órdenes del imperio americano de desarticular el terrorismo por medio de la guerra, sin atacar las causas que lo hacen posible: la minería ilegal, el contrabando de gasolina, y el narcotráfico, que son los que financian el terrorismo, y que no va a desaparecer hasta que el gobierno no cambie su estrategia de guerra y de sumisión, de violencia y de fumigación, que no pasa de ser una estrategia condenada al fracaso por la experiencia histórica, por los programas de desarrollo económico alternativo para las comunidades campesinas y urbanas que no tienen otra alternativa distinta al narcotráfico, a la violencia y a la guerra, para poder subsistir.
Nada nos ganamos con discursos, planes y proyectos para mostrar por televisión las bondades del gobierno, tratando de tapar los ojos de la opinión pública sobre las verdaderas y reales causas del paramilitarismo y del terrorismo. Es toda una cultura incrustada en la sociedad, en el Estado y en todos los gobiernos de turno, que no va a desaparecer hasta que no cambie el modelo de acumulación del capitalismo salvaje, que produce y reproduce constantemente la violencia estructural, como una manera consustancial a su naturalez, por encima de las más “buenas” intenciones que tengan los gobernantes de turno.
Cuantas veces sea necesario hay que repetir que los crímenes constantes contra los dirigentes populares y las nuevas manifestaciones de terroristas suicidas, es un fenómeno crítico y de extrema gravedad pues está amenazando seriamente la posibilidad real de construcción de un Estado Social de Derecho para la convivencia ciudadana y la paz democrática.
Estos crímenes no se dan así porque sí, por obra y gracia del espíritu santo. Con ellos se busca debilitar el tejido social, disolver confianza entre la gente para desorganizar la indignación, la protesta y el justo reclamo de las comunidades, con los métodos de la violencia paramilitar y terrorista con el fin de asegurar los privilegios de la clase dominante.
No hay que esperar soluciones del gobierno a este problema. Solo la organización y movilización de la sociedad civil podrá contrarrestar la insolencia de los carteles de criminales y mafiosos organizados para apuntalar a la clase dominante que necesita este clima de terror para poder defender sus privilegios.
Hay que resaltar un elemento que paradójicamente está traspasando esta situación de barbarie: una buena parte de las víctimas estaba comprometida con la implementación de los acuerdos de paz y además de entregar los fusiles, le apostaban a la construcción de una paz estable y duradera, para la generación de instituciones que condujeran a la solución de las necesidades básicas elementales, para este país por la senda de un desarrollo humano hacia la utopía de un futuro mejor para las nuevas generaciones.
Paro parece que los hechos están contraviniendo esta perspectiva. Por eso la alternativa de desarrollar e implementar los Acuerdos de Paz sigue siendo el camino más seguro y eficaz para cerrarles el paso a los pregoneros de la guerra, a los criminales y a los terroristas; a quienes dentro y fuera del gobierno pretenden ser los amos y señores de territorios cubiertos por el abandono estatal.
Es decir, para los sectores democráticos, cualquier acción contra la minería ilegal, el contrabando, la corrupción, la evasión, la deforestación, el narcotráfico y el terrorismo-principales enemigos de la paz- debe apoyarse en un trabajo de masas con la ciudadanía, para que entienda y compruebe con su propia experiencia, que solo con un estado democrático y popular será posible abrirle las puertas a la legalidad de que tanto habla el gobierno para combatir el terrorismo y el paramilitarismo con posibilidades reales de su desmantelamiento total.
“El viernes (domingo 13 de enero), luego de una reunión previa al encuentro con los integrantes de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el gobierno anunció la puesta en marcha de su Plan de Acción Oportuna, que comprende visitas a cinco zonas críticas para determinar cómo se puede mejorar la protección de quienes podrían estar en la mira de los asesinos.”
“No habían solicitado protección ni denunciado amenazas en su contra". Esa es la frase que repitieron las autoridades nacionales y locales que investigan el asesinato de siete líderes sociales en lo que va del 2019. Siguen los homicidios de personas que le apuestan a la construcción de democracia en Colombia. ¿Hasta cuándo?
De buenas intenciones está empedrado el camino de los infiernos.
