Tras la derrota de la reforma santista a la ley 30 en el 2011, el santismo anunció la convocatoria a “proceso de diálogo constructivo y democrático” para discutir dicha reforma, pero también dejó claro que las razones del retiro no tenían que ver con el contenido del proyecto sino con la inexistencia de ambiente político favorable para tramitar la propuesta, por ello Santos no ha cambiado un ápice su libreto en materia educativa.
El “proceso de diálogo constructivo y democrático” jamás llegó. El gobierno convocó a través del Consejo Nacional de Educación Superior Cesu, a los Diálogos por la Educación Superior, estéril monologo en donde todos opinan y el gobierno decide, razón por la cual la Mane nunca participó. Los diálogos por la educación del Cesu fueron pensados como un mecanismo para legitimar una propuesta previamente definida y acorde con las recomendaciones de los organismos de crédito multilateral y la OCDE. Así lo demuestran los documentos del Cesu, que coinciden en lo fundamental con las orientaciones emanadas del documento La Educación Superior en Colombia 2012, del BM y la OCDE.
Todo indica que en 2014 Santos reeditará el error de 2011, presentando una reforma a la educación superior con solo dos defectos: su procedencia y su contenido, ambos antidemocráticos. El año pasado la Mane emitió un comunicado rechazando la injerencia de la OCDE y el Banco Mundial en la educación superior del país. La propuesta de estos organismos es la misma trasnochada fórmula que hizo carrera desde la década de los 90 y que ya hizo agua en Chile: recursos públicos escasos e inversión privada para las universidades públicas, más incentivo a la demanda y menos subsidio a la oferta —o lo que es lo mismo—, más crédito y menos universidad pública, condicionamiento de los recursos violentando la autonomía universitaria… etc. Propuestas que posan de prístinas recomendaciones emanadas por organismos objetivos, sin interés alguno más que la filantropía y el amor por los colombianos; como aquella recomendación del Banco Mundial de aumentar el crédito educativo a través del Icetex apalancándolo con préstamos contraídos entre Colombia y el BM, y cuyas onerosas condiciones llevaron a la ruina a miles de familias de jóvenes endeudados.
El falso argumento de que no hay recursos para la educación pública es la excusa para que el gobierno intente incorporar la iniciativa empresarial al interior de las universidades públicas como mecanismo para “diversificar las fuentes de financiación”. El problema de dicha fórmula es que la iniciativa empresarial va solo donde puede obtener ganancias, esa es su lógica, de manera que solo invierte un centavo en donde pueden retornar dos. Esta posibilidad de abrir el lucro en la educación superior ha sido planteada por el Gobierno y consignada también en el Capítulo 11 del TLC con EEUU.
El año pasado en un lapsus la viceministra de Educación Superior, Patricia Martínez aceptó la posibilidad de crear universidades por concesión calcando el modelo que ya existe en los colegios. La metida de pata fue tal, que la ministra María Fernanda Campo intentó recular sin éxito y no logró revertir lo dicho, porque la propuesta ya está consignada en el documento final de la mesa temática de financiamiento organizada en el marco de los Diálogos por la Educación Superior del Cesu y el Ministerio de Educación. Allí se lee: “Para evitar la ineficiencia en el sistema y el desperdicio de recursos, se propone la utilización de los cupos disponibles en las IES privadas, por medio del sistema de concesión. Este sistema se ha venido utilizando con éxito en la educación básica y media para ampliar la cobertura”.
Evidentemente la apuesta del Gobierno no es fortalecer la universidad pública, pero hay más. Las palabras de la ministra dejan claro que el nuevo mecanismo de financiación para la infraestructura serán los recursos provenientes del sector empresarial con alianzas público-privadas: huye el Estado, bienvenido al capital privado, que como ya se dijo, solo va a donde puede obtener ganancias. La reforma a la ley 30 derrotada por la Mane planteaba dos pasos para que una universidad pública perdiera su carácter público: 1.Declararse en quiebra y recibir inyección de recursos privados; 2. Modificar su naturaleza jurídica de pública a mixta, para ser regida por el derecho privado.
La propuesta de Santos avanza en uno de los dos pasos para la privatización total y sin matiz, esta vez no con jeringa sino con gotero, pero sigue siendo la misma medicina. Que nadie se confunda, Juan Manuel y María Fernanda son los mismos del año 2011, idénticos y no van a cambiar, por eso nuestra tarea no es persuadirlos sino derrotarlos. En 2014 la derrota de este modelo educativo será tanto en las calles, como en las urnas.
