En el Magdalena y Santa Marta se empieza a escribir un nuevo capítulo en su vida política. La histórica derrota a la clase política tradicional con la elección de Carlos Eduardo Caicedo Omar y Virna Johnson Salcedo a la gobernación departamental y a alcaldía de su capital, avalados por un movimiento político alternativo, en convergencia con sectores progresistas del Magdalena, pone en el tintero, la posibilidad de un proceso de transformación, sin precedentes, desde que se inauguró la elección popular de mandatarios locales y regionales.
Cerca del 66% del acumulado de la votación en el departamento, en las pasadas elecciones, demostró que cuando la ciudadanía sale a votar, se convierte en una bola de nieve que no la detiene nadie. Ni la compra y venta de votos, ni el fraude electoral, ni la campaña sucia, ni la guerra jurídica o Law fare, ni el periodismo de distracción con las fake news, ni acciones antidemocráticas como la imposición de alcaldes usurpadores o el bloqueo de recursos, pudo detener el liderazgo de las candidaturas, su trayectoria y el anhelo de cambio de la gente decente, en castigo a la corrupción, de vieja data, de los clanes políticos tradicionales; a la falta de iniciativa, de oportunidades y de pluralismo; a la pobreza, injusticia, inequidad y a la desigualdad en el cuarto departamento más pobre de Colombia.
Fueron décadas de desidia y olvido. Si alguien entra al lobby del 'Palacio' Tayrona, el edificio donde funciona la gobernación, encuentra en los retratos colgados de los exgobernadores, la memoria de la continuidad de una crisis institucional que se resiste al cambio. Siete exgobernadores no terminaron su período, fueron destituidos por corrupción o condenados por alianzas con grupos armados ilegales, también hubo el tristemente célebre ejemplo de candidaturas únicas, de votaciones atípicas, de cooptación y reconfiguración del poder, con violencia y exclusión, para preservar intereses particulares, privilegios, y negocios oscuros.
En un contexto de eventual corrupción en obras de infraestructura e irregularidades administrativas. Concentración de la mayoría de los recursos y la ejecución de proyectos, en el despacho del gobernador, quedando las secretarías, direcciones y oficinas, entre otras, como combinados de piedra, sin autonomía o poder de decisión. De una precaria arquitectura institucional, que deberá avocarse con una modernización, adecuada a los nuevos tiempos. El presupuesto empeñado a la nación, y como vampiros, nuevas deudas al acecho de la salida de la Ley 550, para entrar a cobrar las acreencias laborales, embargar y pignorar las cuentas, y demás créditos pendientes, que refleja un modelo de gestión ineficiente y poco transparente. La desconexión real, entre la provincia y la capital, en las dinámicas económicas, culturales y sociales, por falta de conectividad en vías, distancias geográficas o simple voluntad política. Falta de opciones de trabajo decente y pobreza que crece en proporción geométrica a la poca inversión social. Presencia de grupos armados ilegales en el corredor entre la Sierra y el Mar, donde en medio de una de las maravillas del planeta, de gran proyección ecoturistica, florecería el narcotráfico y la economía de la criminalidad; y, entre otras dificultades, las mayorías en las corporaciones públicas en cabeza de sectores políticos opositores e independientes, o, excepto en Santa Marta, alcaldías cooptadas por coaliciones de partidos tradicionales o movimientos del establecimiento.
En ese escenario complejo, empieza, con la idea del cambio, la alianza de la nueva administración en el departamento, con la Alcaldía de Santa Marta. Desde antes de su posesión, hicieron saber que gobernarán de manera distinta. Con un modelo de gestión, más cercano a las demandas de la ciudadanía y en defensa de lo público, con miras al fortalecimiento de la institucionalidad y de las finanzas públicas. Para la muestra un botón, la solicitud de que la gobernadora saliente objetara el presupuesto o la crítica a la designación de cargos como el de director de Corpamag, reelegido una semana antes de las pasadas elecciones, o la prevención frente a convocatorias a OCAD, pocos días antes de fin de año, para aprobar proyectos de regalías, con gran tajada presupuestal, y, por demás, poco pertinentes para el desarrollo del departamento.
En ese contexto, se ha realizado un novedoso proceso de Empalme, que inició, también, la construcción participativa del próximo Plan de Desarrollo. Conformado por un equipo de lujo, que lideró la exministra y exalcaldesa de Bogotá, Clara López Obregón, con técnicos de talla nacional, experiencia y formación, que dejaron un Libro Blanco de corte de cuentas, que servirá de línea de base para el gran desafío que deviene de gobernar, desde el primer día, tomando decisiones para avanzar en el progreso de un territorio biodiverso, con una gran brecha y deuda social, además de la vara alta en la expectativa, no solo del pueblo, que se pronunció con más de 343 mil votos en las elecciones y sólo un 34% de abstención, sino de todo el país político, que ve con buenos ojos el acontecimiento de ruptura con la política tradicional en el departamento, que, de seguro, en su nuevo, e inusitado, rol opositor, estarán pendientes de controlar cada paso que den los nuevos gobiernos y a la espera de que alguno sea en falso, en vez de subirse al barco de transformar el territorio. Gran compromiso a cuestas que, con la moñona en la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta, devendrá en que el Movimiento Fuerza Ciudadana y sus aliados políticos, deberán estar a la altura de las circunstancias, para no defraudar a la esperanza de la ciudadanía que, con su masivo apoyo en las urnas, vuelve con mucho ímpetu, demandas, exigencias, necesidades y carencias.
Inicia una nueva era en el Magdalena, en la que ojalá no se repitan errores del pasado y se logren los propósitos comunes posicionados en el mensaje de campaña, con una administración pública de puertas abiertas, consecuente con la voluntad de cambio, que, de seguro le hará contrapeso a los clanes políticos del Caribe, a los Char, a los Cotes, a los Gneccos, a los Kikos, a los Ñoños y demás hierbas del pantano. Proceso político que frente a la acostumbrada ausencia de voluntad política para resolver las necesidades más sentidas y garantizar los derechos de las mayorías, requerirá unir esfuerzos de los actores claves, un contundente compromiso con el bienestar social, la paz y la democracia amplia, que ponga en el centro del debate y de las preocupaciones del desarrollo a la gente más vulnerable, que logre pactos por el buen vivir que lleven al departamento a la modernidad para que vuelva la esperanza, en una revolución ciudadana, cultural, sustentable, por la vida, la dignidad y la paz con justicia social en el Magdalena y Santa Marta.
-.
