“¡Pobrecito!”, le oí exclamar a una señora mientras veía la noticia sobre la destitución de Carlos Enrique Martínez, el polémico concejal que fue noticia por cometer varias infracciones de tránsito mientras huía de la policía. Traté de entender el comentario de la señora. ¿Estaba ella justificando sus acciones? Quién sabe. En Colombia nos gusta “pobretear”; esa costumbre que nos hace sentirnos moralmente superiores frente a aquel a quien pobreteamos. Es una manera de decir que el otro es un desgraciado de una manera matizada y sentirnos bien por extender nuestra generosidad moral en su perdón.
¿Y cuál es el lío con esto? Que se ha vuelto la práctica común en nuestro país. Así, primero, la opinión pública se indigna. Después, someten a la persona al escarnio público. Tercero, la persona se justifica: "Fui requerido por una patrulla de la policía de una manera muy violenta, hecho que generó desconfianza en mí", contó el concejal. Cuarto, la persona se convierte en mártir. Por último, perdonamos al sujeto y simpatizamos con él. La BBC Mundo tituló la noticia así: “El concejal de Chía: "un antihéroe 100% colombiano"”. La nota se burla de la fascinación que ha ocasionado este personaje en los colombianos. La tendencia mundial se afianza: los antihéroes son nuestro nuevos héroes.
Se nos ha repetido una y otra vez que la información construye ciudadanos autónomos que son capaces de autogobernarse porque son conscientes de a quién eligen. Sin embargo la práctica demuestra lo contrario. El voto no tiene nada que ver con un raciocinio coherente en donde elegimos a aquel que consideramos más capacitado para representarnos. Elegimos a aquel con quien nos identificamos: “Qué cabrón tan colombiano el concejal de Chía”, se leyó en Twitter. Nos emocionamos cuando vemos al concejal precisamente porque refleja la esencia de la colombianidad: personas “berracas” que llegan muy alto siguiendo la lógica del “todo vale”. Lo juzgamos pero lo perdonamos: “pobrecito el concejal”.
En el libro La repercusión electoral de los escándalos políticos aparecen los seis factores necesarios para que, de hecho, los escándalos tengan un efecto electoral: uno, conocimiento; dos, evaluación negativa; tres, atribución de responsabilidad; cuatro, atribución de relevancia; cinco, visualización de una alternativa; seis, consistencia. Los colombianos llegamos a la tercera y a medias. Conocemos la información del escándalo, la valoramos como negativa, le atribuimos responsabilidad al sujeto, pero no se la cobramos a su movimiento político. Los últimos factores ni siquiera nos importan: no es relevante que el político sea corrupto o borracho, no se nos ocurre votar por alguien distinto y así contradecimos nuestros propios análisis.
Colombia olvida y vota por lo mismo. Seguimos el verso de Andrés Calamaro: “mejor hijo de puta conocido que boludo por conocer”. No nos extrañemos que en un futuro el concejal regrese como un mártir a la política y los colombianos desmemoriados lo elijamos. Así como han vuelto al escenario político personajes como Ernesto Yamhure, Ernesto Samper, Sabas Pretelt y ya ni si quiera nos acordamos de cuál fue su escándalo; o, tal vez, y quizá esta explicación tenga más sentido: simplemente no nos importa.
