El pasado 14 y 15 de febrero salieron a las calles unos pocos miles de ciudadanos que tenían como objeto apoyar y oponerse respectivamente a los proyectos de reforma que el gobierno Petro ha presentado y presentará al Congreso de la República. Ven los opositores en el PND un proyecto autoritario con el fantasma comunista campeando a sus anchas, mientras que sus defensores le reconocen el hecho de haber sido construidos por las bases y por la ciudadanía, convirtiendo dicha participación en la construcción del PND en un acto democrático de carácter vinculante.
Convocar al pueblo para su construcción no es equivalente a hacerlo ley. El Congreso de la República al admitirlo en su seno habrá de analizarlo, reformarlo y aprobar lo que en su deficiente sano juicio considere es bueno para el total de la ciudadanía colombiana. Aun así, una parte de la población enervada y temerosa reprueba esta práctica, que en todo caso debe ser aceptada como democrática y de ninguna manera es plebiscitaria, sino participativa y deliberativa.
Inyectar política en la población de a pie, convocarla y darle dientes es fundamental para superar la pobre y deslegitimada democracia liberal representativa; inclusive, para hablar de democracia real, el gobierno tendría que convocar a jóvenes y niños que deseen aportar con sus luces a la construcción de nación; y valorar y dimensionar los consejos locales de juventud donde ellos puedan en la práctica proponer proyectos de política pública para su población etaria. Darle a la ciudadanía y no-ciudadanía participación es equivalente a la inclusión política como proyecto fundamental en la construcción de nación.
El primer ejercicio del gobierno Petro tan aberrante para la pobre y deslegitimada oposición ha sido un avance importante; no ha sido la convocatoria del 14 de febrero pasado el punto central de la participación del gobiernismo en la calle, el sumo de la participación, en cambio sí esa construcción popular del proyecto del PND 2022-2026.
En línea con Martha Ruiz, columnista de la Silla Vacía, “no hay que temerle al pueblo”, ni a aquel que construyó el proyecto ni tampoco a quien se opone; a quien hay que temerle es a esas minorías que se han encargado de demonizar la participación y la deliberación, porque, conociendo el objetivo real del gobierno, han preferido mezquinamente disparar cualquier cantidad de epítetos en su contra y en contra de quienes de manera voluntaria han querido participar, acto autónomo que da vitalidad al título de ciudadanía.
No podemos seguir entendiendo el papel del ciudadano como el del individuo que pasivamente va y escruta en las urnas, concibiéndolo como un actor menor de la democracia. Votar y elegir no es democracia, es tan solo un mecanismo para elegir y punto. Aun así, las elecciones en Colombia históricamente han sido antidemocráticas porque no han sido libres. Un ejemplo de lo anterior es que en recientes años el paramilitarismo y las guerrillas obligaban a votar por candidatos que podrían beneficiar en sus proyectos, intimidando así a la población y cercenando su libre derecho.
Otros ejemplos son los puestos políticos a cambio de votos para el cacique de turno, la compra de votos, las humillantes becas, el cemento y tejas que habrían de servir de algo al humilde y vulnerable ciudadano que navegaba en las carencias, además de las campañas de terror y desprestigio contra campañas que no cazaban en las estructuras tradicionales que aseguraban el llamado statu quo. Estos vicios y un largo etcétera son muestra de la ineficacia de la democracia participativa, ¡ahh!, pueblos de 5000 habitantes donde votaban 7000, o sea, toda la población mayor de edad, más los menores y…los muertos, sufragando por su cacique político.
Quienes defienden este tipo de democracia no desconocen estas aberraciones, pero las siguen defendiendo porque sirven para sus egoístas intereses. Para que la democracia participativa y deliberativa sea exitosa es prioridad informar sin sesgos a la ciudadanía, es democrático dar voz a la oposición, es recomendable sentarse con ella a la mesa para escucharle sus requerimientos, pero también lo es dejar en manos del Congreso su papel de legislador, más allá de que buena parte de sus conformantes no sean precisamente las luminarias de la razón, al fin y al cabo, parte de la ciudadanía le ha elegido. Representatividad desde el Congreso, participatividad en asambleas populares y deliberatividad frente a los intereses mismos de las comunidades son muestra clara de una democracia verdadera, no al contrario; ese terror a la democracia real acusa a quienes la atacan, y demuestran un claro desprecio por ella.
Organizar al pueblo en Asambleas Deliberativas Populares exige formación de la ciudadanía, no es utópico, otras naciones como Irlanda lo han logrado con “relativo éxito” (Ruíz, La Silla Vacía, febrero 18 de 2023). Tener en cuenta a todo el pueblo ayuda a que el progreso de la nación dependa de las decisiones plurales de quienes residen en la patria; pero, también, darle prioridad a los colombianos que viven fuera del país, para que deliberen al menos una vez al año sobre sus intereses en las políticas migratorias y todo lo que ello implica. No hay una sola razón que soporte y justifique el temor, tal vez el único puede ser que aquellos que se oponen no estén dispuestos a permitir que las bases populares se motiven a participar masivamente, porque en ello está contenido el conocimiento y la información sobre lo que se proyecta en la nación en corto, mediano y largo plazo.
La oposición, muy cercana a las encuestadoras, por ejemplo, considera que la mayoría de la ciudadanía está en contra de acabar con el actual sistema de salud soportada en las EPS; sin embargo, nunca se ha invitado a la comunidad, la directamente interesada en una reforma o no del sistema, para que esgriman en asambleas, las razones por las que, en todo caso, este actual sistema es bueno, es aceptable e incluso ejemplar. Los datos de las estadísticas incluso podrían estar sesgados, no es nada extraño, las diferentes empresas encargadas de encuestar a la población tienen sesgos ideológicos, y la mejor forma de demostrarlo es comparándolas entre sí.
Lo que el presidente Petro propone entonces, profundiza la democracia. Deliberar, presionar en las calles, más aún, acudir a instrumentos como los referendos decisorios son parte de esa gran posibilidad de hacer nación, y no es necesariamente acertado, pretender darle a la ciudadanía derechos políticos limitados como lo es la democracia liberal burguesa, una que históricamente ha desplazado a la ciudadanía de sus derechos políticos reales.
David Marhews por allá en los años 90 publicó un estudio sobre como veía la ciudadanía del común su papel en el sistema político estadounidense. Dicha ciudadanía consideraba que, en efecto, ella estaba excluida del sistema político y lo que buscaba era la forma de poderse incorporar a él, pues, los políticos profesionales, los cabilderos (el perverso lobby), y los medios de comunicación le había desplazado en pro de unos intereses de clase.
A pesar de ser un documento que lleva tres décadas de publicado y específicamente para la población estadounidense, sirve de ilustración para esgrimir que, en parte, los postulados de estos ciudadanos concuerdan con la ciudadanía colombiana, y aunque, yo, sinceramente no conozco un trabajo así de completo para nuestra nación, el solo hecho de escuchar al grueso de colombianos, me lleva a inferir una hipótesis, que bien podría ser demostrada en una investigación que, pudiera, desde la academia dar muestras de una desmoralización ciudadana hasta antes de la elección de Gustavo Petro que desde su ideología democrática consagrada en la Constitución del 91, busca torcer el cuello a una democracia anacrónica como la que la que se ha tenido que sufrir durante la historia republicana en Colombia.
Estoy en la línea habermasiana de concebir la deliberación debe ser una posibilidad utilizada por las partes directamente interesadas y afectadas por la decisión que en últimas impacta sobre las bases populares. Y es en las decisiones marcadas por la democracia deliberativa donde, según Martí (2006), se “afectan a aquellos que el ordenamiento identifica como sujetos políticos: los ciudadanos que residen en el ámbito territorial de la norma que se espera dictar tras tomar la decisión”. Si ellas emiten sus posturas, si aportan al debate, el consenso se puede facilitar, ya que, en ese orden de ideas, las voces no se concentran solo en la representatividad del legislativo, que, en buena medida es artificial y mentirosa. Los representantes del pueblo, en su mayoría absoluta no representan al pueblo, así haya sido “elegido” por el pueblo.
Buena parte de la élite política y económica le ha designado a las bases populares una denominación prejuiciosa y violatoria de sus derechos: la canalla. Dicho nombre inactiva moralmente a la ciudadanía y justifica la necesidad de la limitada democracia representativa; no en vano un presidente como Gustavo Petro o una vicepresidenta como Francia Márquez, han sido atacados en su humanidad desde ese tipo de innobles títulos; ¿creen que el individuo que trató ante el expresidente Uribe de presidente al guerrillero de Petro, no lo hace con dicho prejuicio incrustado en su conciencia? Y ello es resultado del constante discurso excluyente de parte de élites y ciudadanos del común como replicadores irracionales, si el líder piensa y ordena, sus seguidores simplemente obedecen.
Para la élite no es posible ser indulgente con la ciudadanía, en los twiterazos de algunos de los principales líderes de opinión, dicha indulgencia es peligrosa, no en vano, hombres que vienen del progresismo como el exsenador Robledo y el analista político Aurelio Suárez, califican a los seguidores del gobierno de “secta petrista”; la actual alcaldesa de Bogotá tampoco ha sido muy indulgente con los seguidores del actual presidente; las Primeras Líneas demonizadas sin negar algunos excesos en parte de los manifestante justificaron y justifican la represión policial y persecución judicial. Hay un maniqueísmo político desde las ambiguas posturas centristas y ni qué decir de las derechas y extremas derechas.
El cambio tiene que ver con las formas de ver la democracia. Si las bases populares no actúan, el cambio no será posible, y esa imposibilidad se manifestará en la desidia, inconformismo e impotencia que pueda gobernar a la ciudadanía. No permitir el protagonismo de liderazgos populares y de la ciudadanía en común será equivalente a un INRI definitivo a la política popular y un incrustamiento definitivo de la política por y para unos pocos ciudadanos, los que han tenido siempre el poder.
Por esa razón, desde esta tribuna, se invita al gobierno actual a promover con mayor ahínco la democracia deliberativa, popular y participativa, dando a sus seguidores y a la oposición posibilidades de reorientar la democracia y fortalecerla. La élite política deberá reconocer el cambio desde esas nuevas maneras de actuar en la construcción de nación; solo de esa manera podremos alcanzar la Paz Total de la que tanto hemos sido afectos y lo seguiremos siendo. Con una democracia sólida podremos dar un paso gigantesco hacia el verdadero siglo XXI político, un siglo que para Colombia debe ser la némesis del anterior, o sea, el siglo de la paz para toda la comunidad nacional y latinoamericana.
