La corrupción es una herida sangrante que se abre una y otra vez. Es verdaderamente lamentable, además de lesivo para los ciudadanos que una consulta popular para combatir una de las amenazas más graves de nuestros tiempos se haya convertido en una disputa interna entre los diferentes partidos. La consulta con sus desaciertos y con sus aciertos no tiene color político, no es de derecha ni de izquierda, ni liberal ni verde, sino que es esencial para una sociedad moderna; debemos convencernos de ello, aunque sea imperfecta es un excelente instrumento de concienciación y de información de la opinión pública. Lo que me preocupa es la incertidumbre con respecto al fundamento jurídico de esta consulta. Dado que se trata de luchar contra la corrupción, ha habido cierta controversia sobre si esto debe realizarse mediante una consulta. Existe la posibilidad de que se produzca un conflicto de opiniones jurídicas a este respecto.
El lugar que ocupa la corrupción en la política es una cuestión importante que merecería una reflexión, algo mejor que la sobrepuja políticamente correcta a la que asistimos. La única consecuencia de esa sobrepuja es la de paralizar políticamente el país, agravar la ya deteriorada percepción de los ciudadanos sobre los partidos políticos y la inestable situación política, así como reforzar la opinión de que el gobierno en general no están combatiendo la corrupción de manera eficaz.
La votación de este domingo 26 de agosto revelará sin duda las contradicciones y limitaciones de la situación política actual, pero sobre todo propondrá una mayor polarización y radicalización entre la nueva y la vieja élite política. ¿Quién se atrevería a pronunciarse contra una consulta popular semejante? ¿Realmente aporta esta consulta alguna novedad aparte de la letanía habitual de conceptos y lemas del discurso bienpensante en materia de anticorrupción?
No cabe duda de que este domingo se propone al pueblo colombiano un importante instrumento para combatir la corrupción. La votación de domingo no solo es importante, sino crucial. Desde que se dio el pistoletazo de salida, se nos dio a entender que esa propuesta tenía que aprobarse, fuera como fuera, antes de finalizar el año. Considero legítima una consulta anticorrupción si la colectividad puede sacar provecho de ello. Sin embargo, el objetivo y la finalidad de esta consulta siguen sin estar claros en el día de hoy.
Nunca me han gustado las consultas cerradas como forma de resolver problemas éticos y legales, puesto que en las mismas se plantean aquellos temas y problemas del espacio jurídico y de la práctica frente a los que cada sociedad reacciona de modo diferente. Estas iniciativas plantean problemas complejos y de diferente naturaleza. Siempre he temido que promover las cuestiones éticas y los valores por una causa u otra en realidad pueda tener un efecto contraproducente, porque solo consiguen traspasar la ignorancia del problema y la negligencia del presente a los demás días y años. Sin duda, una iniciativa de este tipo también podría verse como una empresa de propaganda partidista.
Los partidos políticos no tienen derecho a utilizar las consultas anticorrupción como un reñido debate público que incumbe a los partidos.
Pienso que está afianzada la idea de que, en la lucha contra la corrupción, hacen falta medidas puntuales y restrictivas. El legislador nos habría ahorrado esta consulta, pero debemos atenernos a los fundamentos jurídicos de que disponemos. El legislador nos ha entreabierto recientemente una puerta; aprovechemos pues esta nueva posibilidad de elaborar la legislación anticorrupción que tanto necesitamos.
Dicho esto, no puedo votar a favor de esta consulta —aunque esté de acuerdo con muchas de sus premisas— porque mis críticas —como lo expuse en un texto del 7 de junio en esta prestigiosa revista electrónica— son mucho más numerosas que los muy escasos y pequeños avances que contiene, asimismo porque creo que estas medidas por sí solas resultarán totalmente ineficaces en la práctica, y por lo tanto me abstendré de votar. Con total seguridad, los corruptos podrán sortearlas fácilmente o encontrarán otros medios y conseguirán así sus objetivos criminales a pesar de la adopción de estas medidas. Además, necesitamos una actuación uniforme y unánime de los convenios internacionales, una mejor coordinación de las medidas de prevención y la recuperación de activos, sobre todo, una mayor cooperación entre las autoridades nacionales, al margen de cualquier lucha por el poder y especificidades jurídicas. Si, en este momento histórico, tomamos la decisión equivocada, estaremos sumiendo a Colombia en una crisis. Gracias.
