Es comprensible que en un conflicto interno que ha durado más de 50 años existan odios, rencores y deseos de venganza. De parte y parte. Por el lado de algunas víctimas de las FARC, queda la sensación de que éstas han sido premiadas y que para obtener beneficios del Estado colombiano lo que hay que hacer es delinquir. No olvido las imágenes de soldados secuestrados y torturados que perdieron sus familias, tampoco el asesinato de los diputados del Valle, el atentado de El Nogal o las famosas pescas milagrosas que tanto aterrorizaban a la población civil. Pero esta percepción sobresimplifica el asunto.
1. Un breve contexto histórico: Pastrana, Uribe y Santos
Tras la desastrosa negociación que lideró oficialmente el entonces presidente Pastrana entre 1998 y 2002, en las que las FARC se fortalecieron e incluso intentaron ejecutar un cerco para tomarse Bogotá, el saldo final fue el recrudecimiento de la violencia de guerrilla, paramilitares y Ejército. Emergió entonces la figura de Álvaro Uribe Vélez, disidente del Partido Liberal, quien propuso la acción militar certera para evitar la expansión de las FARC y mermarlas por la vía armada.
Esa propuesta, llamada «Seguridad Democrática», caló en el sentir del país y Uribe resultó elegido y reelegido. Los exitosos resultados, tras su pobre aplicación en el primer periodo presidencial y su consolidación en el segundo, son conocidos: reducción de secuestros, desaparición de las «pescas milagrosas», reducción de homicidios, mayor presencia del Estado en zonas antes controladas por la guerrilla y, en general, el debilitamiento militar de las FARC. Sus costos también son conocidos pero a menudo invisibilizados: aumento paulatino del presupuesto nacional en la guerra, ejecuciones extrajudiciales a civiles, aumento de las desapariciones forzadas entre 2008 y 2009, polarización, estigmatización y asesinatos selectivos contra la oposición política —no vinculada con las FARC—, alianza de instituciones del Estado —DAS, brigadas del Ejército— y de funcionarios y políticos —congresistas, gobernadores, alcaldes etc.— con paramilitares, aumento de delitos en las ciudades como el hurto o la violencia sexual e intrafamiliar, proliferación del narcotráfico y las bandas criminales, etc.
Pese a los diferentes escándalos, y tras haberse declarado inconstitucional el referendo para su segunda reelección , Uribe continuó gozando de buena popularidad como reconocimiento a sus golpes contra las guerrillas y escogió como sucesor, para las elecciones presidenciales de 2010, a su exministro de defensa Juan Manuel Santos, el cual ganó las elecciones con los votos del uribismo. Y aquí viene el asunto de la presunta «traición» de Santos al uribismo pues santos en 2012 oficialmente inicia un nuevo proceso de paz con la guerrilla, proceso que culminaría exitosamente en agosto de 2016 tras la culminación del Acuerdo Final entre las FARC y el gobierno nacional.
En este punto quisiera hacer un paréntesis. Aunque la Seguridad Democrática era un enfoque marcadamente militar, desde sus inicios todavía contemplaba la vía de la negociación y la representación política para las FARC. En un documento de 2003 titulado «Política de Defensa y Seguridad Democrática», de autoría tanto del Ministerio de Defensa como de la Presidencia de la República, se lee en la página 23 lo siguiente:
«El Gobierno Nacional mantiene abierta la puerta a una negociación con aquellos que se decidan a participar en la vida democrática, con la condición de que cumplan un estricto cese de hostilidades. Así disminuirá la violencia y se asegurará el respeto a los derechos humanos. Por ello, la consigna del Gobierno es: urgencia para el cese de hostilidades, paciencia para la negociación y el desarme. Quienes se reintegren a la sociedad y la vida democrática tendrán todas las garantías para ejercer la política que merece el disidente dentro de la democracia».
En qué consistirá exactamente la traición de Santos a Uribe es un misterio. Uribe también habló en su momento de dar curules a las FARC e incluso hay pruebas de que Uribe exploró la posibilidad de desmilitarizar ciertas zonas del país —zona de despeje— para iniciar un nuevo proceso de paz .
En todo caso, Santos no llegó a la presidencia en 2010 con unas FARC militarmente derrotadas. Para 2009, el número de sus miembros se estimaba entre 7000 y 10800 hombres. Aunque las FARC sí fueron debilitadas, todavía tenían el poder militar suficiente para prolongar el conflicto a través de la conocida guerra de guerrillas y, por supuesto, hacer algunas exigencias en una eventual negociación. Pero su debilitamiento militar y el desgaste habitual de una guerra tan prolongada fue la razón para que las FARC siguieran interesadas en un proceso de paz con Santos pese a la muerte de su máximo dirigente, Alfonso Cano, en 2011.
A diferencia del proceso de paz con Pastrana, en el que el que las bajas militares y guerrilleras y el secuestro y asesinato de políticos y periodistas era habitual, este proceso ha arrojado resultados históricos en materia de reducción de la violencia de acuerdo al Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos —CERAC—. En uno de sus reportes se lee que:
«Desde el 20 de julio de 2015 hasta el 20 de enero de 2016 se redujo en 97% las acciones ofensivas de las FARC y bajó en un 73% el número de combates entre guerrilla y Fuerza Pública».
2. Por qué decir SÍ al plebiscito: algunas claridades
Tanto Uribe como Santos saben que un proceso de paz exitoso no sólo es más eficaz que la guerra sino mucho más económico para el presupuesto nacional que usted y yo mantenemos con impuestos.
En el plebiscito que se votará el próximo 2 de octubre se decidirá la desaparición de las FARC como grupo armado a cambio de unas reformas que incluyen su participación política. Pero lo primero que hay que aclarar es que las FARC no se tomarán el poder —entendiéndose este «tomarse el poder» como control sobre el Congreso y la Presidencia— si gana el SÍ. Según los Acuerdos, las FARC pasarán a ser parte de un partido político más que, independientemente de la votación que obtengan en 2018, tendrá asegurado diez curules: 5 en Cámara y 5 en Senado, y tendrá que forzosamente hacer alianzas. En un Congreso de 268 congresistas, esto significa que las FARC tendrán el control de sólo un 3.73%, una cifra totalmente insuficiente para aprobar proyectos o detenerlos, es decir, serán otra minoría política que se enfrentará a las grandes maquinarias políticas de los partidos tradicionales. Para darnos una idea, el Centro Democrático, uno de los representantes de la «oposición» a Santos y un partido ampliamente derrotado en el Congreso en el asunto de la paz con las FARC, tiene un total de 39 congresistas, 20 en el Senado y 19 en Cámara, esto es, un 14.55% de control del Congreso, casi cuatro veces de lo que tendrán las FARC y que, no obstante, no les ha servido para detener las amplias maquinarias de liberales, conservadores, del Partido de la U y de Cambio Radical, que controla el presidente Santos.
Lo segundo, es que el modelo económico no se ha tocado y se respeta el concepto de propiedad privada y la institucionalidad del Estado colombiano. Tanto así que el ELN continuamente ha criticado a las FARC por lo que han tenido que ceder. Las FARC renuncian a la revolución por la vía armada —de inspiración inicialmente comunista— y se comprometen a adaptarse a las reglas de juego de la democracia colombiana. El Estado, en cambio, se compromete con la aplicación de algunas reformas que democratizarían el acceso de la tierra al campesino, dar incentivos económicos para fortalecer el agro y asegurarles a las FARC participación política —que, como ya vimos, será minoritaria—.
Lo tercero, es que el Acuerdo no concede amnistías para delitos de lesa humanidad, como ya lo ratificó la Corte Penal Internacional, y habrán sanciones, que no son cárcel, entre 5 y 8 años para quienes esclarezcan y confiesen sus crímenes [14]. En caso de demostrarse que no están confesando, no recibirán ninguna clase de beneficio especial. Es decir, es un acuerdo que estimula la verdad sobre el conflicto armado en Colombia y la responsabilidad de las FARC en él.
3. Qué pasaría si gana el NO
Si gana el NO, hay varios escenarios posibles. El primero es que los acuerdos se vuelvan a renegociar pero no como los quiere Uribe —cuyo partido hoy en día es una minoría que no está participando en las negociaciones con las FARC— sino con una Constituyente que lleve a que las reivindicaciones de las FARC, si siguen con intención de negociar, se vean más favorecidas que lo que están hoy en día. El segundo escenario es que las FARC se retiren parcial o totalmente de la mesa. Para forzar una negociación que incluya cárcel, se tendría que seguir invirtiendo en gasto militar y dar golpes más contundentes. Pero las FARC podrían decidir continuar la guerra con el poder militar y económico que aún tienen, lo que prolongaría el conflicto y recrudecería, nuevamente, la violencia como en los tiempos de Pastrana y, en parte, los de Uribe.
La incursión de la política de Uribe en el escenario político llevó a que las FARC demostraran que todavía podían hacer daño. Y tristemente fue así: en abril de 2002 secuestraron a 12 diputados y en 2007 asesinaron 11, hubo una segunda masacre en Apartadó y ocurrieron los atroces hechos de Bojayá dentro de un combate con paramilitares, en 2003 ocurrieron masacres en San Carlos, Florencia, Urrao y el atentado del carro bomba en el club El Nogal, en 2004 ocurrieron masacres en Gabarra, Tame y Valdivia, en 2005 siete concejales del municipio de Puerto Rico fueron asesinados y en 2006 nueve concejales de Rivera. En 2007 ocurrió una masacre en Cumbitara y en 2009 se masacraron 13 indígenas Awá. El saldo: un total de 292 personas asesinadas.
Durante el gobierno Santos, las masacres de las FARC se centraron más en la Fuerza Pública —militares y policías— y se registraron en Tame —dos veces—, Tumaco, Arauquita, Maicao,la vía Tame-Fortul y Buenos Aires, última masacre que ocurriría en abril de 2015. El saldo: un total de 97 miembros de la Fuerza Pública asesinados.
Llegar a este punto de la historia nos ha costado muertos, desplazamiento interno, ejecuciones extrajudiciales, parapolítica, desigualdad social, desaceleramiento del crecimiento económico, desempleo, saqueo a la salud pública, narcotráfico, bandas criminales, desconfianza institucional, destrucción del tejido social, un amplio gasto militar y, en general, corrupción política. Salgamos de las FARC como organización armada y comencemos a pensar cómo solucionar los otros graves problemas que aquejan al país.
