Quienes pensaban que los carteles que desangraban los recursos pensionales como el conformado por los hermanos Cabrera Polanco que durante más de 10 años defraudó a Cajanal o el de funcionarios del Seguro Social, que organizados en bandas, se dedicaban a la falsificación de documentos, manipulación de información y a la realización de trámites fraudulentos para el reconocimiento de pensiones, están muy alejados de la realidad.
La Fiscalía acaba de denunciar el desmantelamiento de un nuevo cartel. Lo preocupante es que las cifras mostradas por este ente de control ya no asombran a los colombianos: “El desfalco al sistema de pensiones llegó a $1,2 billones (…) Al día de hoy la Fiscalía ha recibido cerca de 1.300 noticias criminales sobre presuntas defraudaciones al sistema pensional del país (…) actualmente hay en curso 369 casos que han dejado 170 capturas y 288 imputaciones (…) detrás de los casos de corrupción se evidencia la participación de jueces, abogados y asesores del sistema pensional. A la Fiscalía han llegado cerca de 1.300 noticias criminales acerca de presuntas defraudaciones al sistema pensional. (…) Adicionalmente, se han producido 53 condenas”.
También afirma la Fiscalía que “hoy las pensiones dependen casi completamente del presupuesto nacional”, lo cual es igual de preocupante si se tiene en cuenta lo que está sucediendo con los recursos pensionales en los diferentes presupuestos generales de la nación en los cuales, mediante leyes y decretos violatorios del artículo 48 de la Constitución de 1991 y de otras leyes, están siendo desviados a atender asuntos diferentes de la Seguridad Social.
El gobierno nacional destinó $1,46 billones de la Seguridad Social para cubrir pagos en temas y sectores diferentes a esta, así:
- Descapitalizó el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) en $400.000 millones, para financiar programas sociales que no guardan relación alguna con la Seguridad Social (Ley 1873 de 2017, artículo 102).
- Desvió $1,06 billones, provenientes del Sistema General de Participación (SGP) cuyo destino legal era el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), para pagar la nómina y prestaciones sociales de las instituciones educativas públicas (Ley 1873 de 2017, artículo 105).
No contento con lo anterior, se apropió de $648.612,6 millones correspondientes al 10% del producto de la venta de la participación accionaria de la nación en Isagén cuyo destino legal era el pago de pensiones por parte de Fonpet, para invertirlos en proyectos de infraestructura con impacto regional en las entidades territoriales donde se encuentra ubicada la actividad principal de esa empresa (Ley 1815 de 2016, artículo 132).
En síntesis, desde el año 2016 a la fecha, vía Presupuesto General de la Nación, se han desviado recursos de la Seguridad Social por un monto superior a los $2, 1 billones.
Como si no fuera suficiente, con el Decreto 816 del 2014 se allanó el camino para que las administradoras privadas del ahorro pensional (AFP) apalanquen, con los recursos de sus afiliados, a los concesionarios para que construyan vías 4G mediante la figura de compra de cartera, es decir, que éstos puedan cambiar la deuda contraída con bancos en el corto plazo por una obligación a un término mayor con un fondo privado de pensiones. Vale la pena recordar que es en este tipo de los proyectos en los cuales pulula la corrupción y se dan los más altos índices de impunidad.
Y la cereza del pastel es el Decreto 1913 del 2018 mediante el cual se autoriza la inversión directa en vías 4G de los patrimonios autónomos del Fonpet y otros patrimonios (públicos y privados) que se usan como garantía y pago de las pensiones.
Los funcionarios públicos y particulares comprometidos en el desfalco de $1,2 billones destapado por la Fiscalía tendrán que rendirle cuentas a los Jueces de la República (que no formen parte del cartel, ¡¡¡obvio!!!). ¿Los funcionarios públicos responsables del desvío de los $2,1 billones a quién deberán rendir cuentas?, ¿efectivamente deberán rendir cuentas?, ¿debiendo rendir cuentas, las rendirán?. Averígüelo…
[1] Desfalco pensional es de $1,2 billones: Fiscalía.
