Definitivamente, hay pocas cosas en las que es necesario tomar partido tajantemente, esta es una de ellas. No es posible acceder al regreso de los estudiantes a las aulas ahora, esto puede significar una amenaza de muerte para nosotros y para alguien cercano. Las razones son muchas, pero me interesa destacar unas cuantas en este artículo a pesar de la afectación en la calidad educativa y de la necesidad de reactivar la economía que tiene lugar en este preciso momento.
Es evidente que la curva de contagio no se ha aplanado y lejos parece todavía esa posibilidad, algunos investigadores deducen que las instituciones educativas son relevantes para la sociedad y presentan baja probabilidad de propagar el contagio siempre que se acaten los protocoles preventivos señalados por la OMS y el gobierno nacional. La pregunta es, ¿qué tan preparados están docentes y administrativos para generar garantías de cuidado en medio del aumento de casos?
Para la sociedad colombiana la prioridad debe ser el mantener la salud y la seguridad de los ciudadanos y en tiempos como estos, a la espera del pico de la pandemia, las acciones principales siguen siendo el aislamiento riguroso en el hogar y el cierre de instituciones como las escuelas y colegios. Con ello, siendo conscientes que ciudades como Manizales tienen cifras bajas de mortalidad por COVID-19 que de a poco les permite ser piloto para la reactivación de la economía y otras actividades sociales; se precisa de la identificación de personas y familiares vulnerables para abordar problemáticas asociadas a la vivienda, la nutrición y la atención médica. De manera que podríamos pensar en volver a clase cuando se aplane la curva, no antes.
Ante esta circunstancia, la prioridad de las familias en sentido educativo debe ser la de maximizar el aprendizaje y el desarrollo formativo; los esfuerzos aquí deben partir del establecimiento de objetivos pedagógicos propuestos mancomunadamente con las instituciones educativas. El énfasis debe estar en el estudio remoto y en campañas de capacitación para profesores y estudiantes en plataformas digitales. También aquí, las familias deben apoyar en la identificación de personas vulnerables para la realización de apoyos pedagógicos específicos. Así la transición para volver al claustro debe pensarse en el momento de aplanar la curva, de lo contrario el apresuramiento podría salir carísimo.
Ahora bien, es prioridad de los profesores apoyar el aprendizaje remoto mediante motivación y asesoramiento en esa forma de aprendizaje, así como atender las necesidades de bienestar de los estudiantes relacionadas con la nutrición, salud y seguridad. Esta sí que es la oportunidad de aplicar la predicación de una enseñanza humanizada. Por su parte la institución educativa en su esfuerzo garante de operatividad financiera requiere comprometerse con mantener la privacidad de datos y la seguridad digital, ofrecer entornos de aprendizaje democráticos y accesibles, realizar pruebas piloto de control de estrés y mantener una comunicación pertinente con proveedores y arrendatarios.
En vista de lo hasta aquí expuesto, sabemos que la mejor forma de garantizar el derecho a la educación no es la de retornar prematuramente a clases presenciales, sino la adaptación al escenario real que enfrentamos, de cuidado y prevención, de vigilancia y supervisión. Un escenario que hoy no admite garantías a la hora de prevenir focos de contagio masivos en las instalaciones físicas. Por demás, la situación obliga en ese sentido a naturalizar la enfermedad en la tendencia a aprender a convivir con ella. Esto se está dando, somos conscientes que estamos en un país donde la disponibilidad presupuestal no permite que tengamos un aislamiento completo, en parte por la generalizada corrupción y en parte por el descalabro fiscal del gobierno Santos; sin embargo, no es razón suficiente para ponernos en la boca del lobo a riesgo de mandar a nuestros hijos al colegio.
