En sentencia No.54 del 9 de julio de 1987, el doctor Hernando Gómez Otálora sostuvo que: “Cuando la nación, en ejercicio de su poder soberano e inalienable, decide pronunciarse sobre el Estatuto Constitucional que habrá de regir sus destinos, no está ni puede estar sometida a la normatividad jurídica que antecede a su decisión. El acto constituyente primario es en tal sentido la expresión de la máxima voluntad política, cuyo ámbito de acción por su misma naturaleza, escapa a cualquier delimitación establecida por el orden jurídico anterior”
Cuando el progresismo asumió la dirección del Estado en el año de 2022, lo hizo con la firme intención de cumplir con el MANDATO que el pueblo soberano otorgó al Presidente de la República consistente en suscribir un NUEVO CONTRATO SOCIAL que garantice un desarrollo humano con los más altos estándares internacionales calidad. La justicia social, los derechos sociales y políticos, la participación directa de la sociedad en los asuntos del Estado, la salud digna, la educación gratuita y de calidad, el trabajo digno, la vivienda digna, la recreación etc. son las bases en que se cimenta ese Pacto Social.
Vivimos en una nación con altos índices históricos de desigualdad (más de 200 años de vida republicana) en donde el terror, el crimen, el despojo, el exterminio, las masacres, las bandas paramilitares, grupos guerrilleros, bandas criminales, la miseria, la ignorancia, el hambre, los carteles del narcotráfico, la desocupación laboral y la corrupción administrativa han sido una constante en el ámbito nacional.
Si hablamos de las ciudades, observamos con preocupación que el crimen organizado se enseñorea y domina a la sociedad. En efecto: el sicariato, el secuestro, la extorsión y el tráfico de estupefacientes, que ahora los poderes legislativo, ejecutivo y judicial han dado por llamar MICROTRÁFICO; el hurto a personas, viviendas comercio y fábricas; el asesinato por nimiedades y mil cosas más hicieron que la sociedad colombiana en su mayoría escogiera la propuesta progresista de suscribir un nuevo pacto social pues como humanidad habíamos tocado fondo.
Y es entendible, en un país con las características sociales y políticas como las descritas nos indica, sin mayor esfuerzo de razonamiento, que algo está mal, que algo no funciona para que seamos una sociedad civilizada y ese “ALGO” no es, ni puede ser, otra cosa que LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA que es el esqueleto en donde se sustenta el cuerpo de la nación ¿y qué hacemos cuando ese “algo” no funciona o funciona mal? Pues lo reparamos o lo cambiamos porque no podemos arriesgarnos a desaparecer como sociedad.
Es por ello por lo que, en cumplimiento de ese mandato, todo lo que emprendió desde el primer día de su existencia y emprenderá el Gobierno del Cambio, son hechos históricos que nacen y se afirman de acuerdo con una realidad nacional como la descrita y de acuerdo con el acontecer mundial para no rezagarnos en la política ni en la injerencia que debemos tener en el mundo. La misma forma de ejercer el poder estatal por parte del progresismo, es un fenómeno nuevo, es una nueva forma de gobernar acorde con nuestras necesidades; es ir hasta las comunidades, escuchar sus problemas y buscar juntos sus soluciones; es entregar tierra a los campesinos para que la trabajen, se desarrollen y garanticemos nuestra seguridad alimentaria; es dialogar con los mandatarios de las regiones para unificar políticas de gobierno en busca del bienestar general; es dialogar con el Congreso en busca de las reformas que se requieren para una justicia social; es concertar con el empresariado en general y dialogar y concertar acuerdos políticos, económicos y sociales con los pueblos del orbe; pero lo más importante es el dialogo con la sociedad en general y sus representantes en lo particular; es hacer La Paz.
Si queremos hacer realidad esos sueños, si lo queremos lograr ¡NO SE DEBE TENER MIEDO DE CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN! Recordemos siempre que, somos el pueblo los que por primera vez estamos gobernando el país. ¡Nadie nos ayudará si nosotros mismos no nos unimos y no tomamos en nuestras manos las decisiones y los asuntos del Estado, eso es lo que quiere nuestro presidente! Nuestro deber es ayudar, desde donde estemos, desde nuestras profesiones y oficios; debemos proteger el patrimonio del pueblo, es decir, nuestras tierras, fabricas, empresas, mares, selvas, la infraestructura, espacio y todo cuanto pertenezca a la nación porque, repito, todo ello configura el patrimonio de la nación.
Como lo pueden apreciar, el joven gobierno progresista tiene ante sí una titánica tarea por realizar jamás vista, enseñar a la gran mayoría de la población a gobernar y a que la historia no se repita una y otra vez.
Que con quienes vamos a gobernar, se preguntaban los maledicentes, con el pueblo contestó el gobierno. La historia ha demostrado al mundo entero de lo que es capaz un hombre trabajador cuando se convierte en dueño de su país y nosotros lo somos y debemos tomar posesión de él. El Gobierno del Cambio, que solo ha gobernado el 1% (dos años) ha hecho más por el país y por su gente en comparación con los 200 años que ha gobernado la oligarquía colombiana.
Finalmente, algo que en adelante nos deberá distinguir, por principio de la democracia progresista, estriba en la renovación amplia de los congresistas en los órganos representativos del poder. En Colombia no debe existir la calidad de congresista como profesión, hecho que tanto prolifera en los órganos legislativos de los oligarcas y cuyo contagio hacia el progresismo, debemos evitar. Siempre que haya elecciones para órganos de elección popular, los representantes del progresismo nacional deben cambiar considerablemente, lo que concuerda con los objetivos del desarrollo permanente del gobierno central. Es recomendable la renovación de esas curules en cada una de las elecciones con el fin de mejorar la labor de los progresistas y para que se incorpore la gente nueva, lo cual permite que pasen por la escuela del senado, cámara, asambleas, consejos, JAL etc. nuevos millones de ciudadanos con capacidad de dirigir y orientar a nuevos ciudadanos en los asuntos de Estado.
