Este miércoles 8 de mayo, una demanda presentada por once congresistas de la bancada de oposición liderados por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, rindió sus frutos, puesto que lograron que la Corte Constitucional tumbara la creación del Ministerio de la Igualdad cuando no lleva ni siquiera un año de haber sido creado.
Fue a través de la Ley 2281 de 2023 que se creó esta cartera que inmediatamente se le asignó a la vicepresidenta Francia Márquez, quien rápidamente comenzó a hacer nombramientos que incluyeron a Gareth Steven Sella, uno de los jóvenes que perdió su ojo en el estallido social, como viceministro de la Juventud y de otros cuatro viceministros, junto con más de diez directores y más de veinte asesores. Cargos que lo llevaron a superar en presupuesto a Ministerios como el de Transporte o a la Cancillería.
Justamente, este fue el centro de la demanda, pues se criticó el hecho de que al crear el Ministerio de la Igualdad, el cual ha sido duramente criticado por su nula ejecución presupuestal, no se llevó a cabo el análisis de impacto fiscal que conllevaría, lo cual incurría en un vicio de procedimiento. La Corte Constitucional atendió esta demanda que quedó a consideración de sus nueve magistrados de su Sala Plena, quienes tomaron la decisión de declarar inexequible la Ley.
Varios magistrados se reservaron la posibilidad de aclarar su voto, pero sí que hay algo claro y es que uno de ellos no pudo votar. El abogado Vladimir Fernández, quien fue elegido entre una terna en la que también se encontraban la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque y el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, tuvo que declararse impedido, esto debido a su cercanía con el Gobierno y a que en junio de 2023, cuando se creó el Ministerio, él desempeñaba el cargo de Secretario Jurídico de la Presidencia.
Al Ministerio de la Igualdad todavía le quedan dos años
La inexequibilidad que declaró la Corte Constitucional no es inmediata. Para no afectar las políticas públicas, los presupuestos y los proyectos que ya tiene en curso el Ministerio de la Igualdad, decidieron diferir los efectos a dos legislaturas, lo que quiere decir que esta cartera seguiría en pie hasta mediados de 2026, fecha que coincidiría con la terminación del periodo de Gustavo Petro.
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