Imaginemos por un momento que el cuadro que aparece todos los días en las alocuciones presidenciales tras el presidente Duque no fuese el de la Virgen de Chiquinquirá, sino uno con divinidades hindúes. Quizá uno con la diosa Sarasvati, la diosa Laksmí y el dios Ganesha. Imaginemos también que en una fecha hinduista el presidente Duque dijese en un culto a estas divinidades que “hoy la mejor corona es la fe de Colombia […] tu mejor rosario son nuestro niños y jóvenes, tus mejores adornos son nuestras familias y nuestros ancianos”. ¿Le parecería adecuado que el presidente ligara a toda la nación con su creencia particular?
Sin duda el presidente tiene derecho a profesar el culto que desee. Puede ser devoto de la Virgen de Chiquinquirá, de Ganesha, del emperador de Jade de China o de los Orichas de la santería afrocaribeña. Pero otra cosa muy distinta es que, en ejercicio de sus funciones como cabeza del ejecutivo, ligue a la nación, y a sus ciudadanos, a un credo particular.
Colombia es una nación pluricultural y en esa pluriculturalidad hay creyentes de muchos credos. Protestantes que no adoran la virgen, comunidades judías en las grandes ciudades y comunidades musulmanas en Bogotá, Cali, Barranquilla y La Guajira. También hay ciudadanos no religiosos, ya sean ateos, agnósticos, o indiferentes a los cultos religiosos. Identificar al país con un credo religioso es inadecuado porque el Estado debe ser para todos y debe evitar enviar mensajes de predilección o favorecimiento de un credo o una religión sobre otra. Esa “corona que es la fe de Colombia”, que el presidente dedicó en oración a la Virgen de Chiquinquirá en Tunja, en realidad no es homogénea, y cada vez más colombianos ni siquiera tienen fe religiosa.
Para los ciudadanos, que han reaccionado con desagrado al fallo de tutela que le pide al presidente Duque retirar su trino, que como en ejercicio de sus funciones públicas conmemoró y renovó la declaratoria de la Virgen de Chiquinquirá como “patrona de Colombia”, se les olvida que hacen su análisis desde la pertenencia del credo favorecido por el señor presidente. ¿Han pensado qué mensaje se envía a los no cristianos cuando, desde poder ejecutivo, se impone simbólicamente una patrona que no es de su creencia? Para ponerse en el otro lado de la situación, sugiero imaginar, como lo dije en un principio, que esa consagración, ese cuadro y esos rezos estuviesen dedicados a divinidades no monoteístas.
Por siglos, los símbolos católicos eran parte de la identidad de la nación, especialmente que desde la Constitución de 1886 se hizo a la Iglesia Católica la religión oficial, y cogobernó el país en pueblos y veredas, y hasta el arzobispo de Bogotá debía dar su visto bueno al candidato conservador para lanzarse a la presidencia en el siglo XIX y gran parte del XX.
Sin embargo, un cambio importante se dio en la Constitución de 1991, que hace de Colombia un país sin religión oficial, o favorecida, y declara la libertad de culto, de conciencia y opinión. Se invoca a un dios en el preámbulo. Pero no puede decirse que es el Dios del cristianismo, ni el del hinduismo, o el de la santería. Tampoco dice que sea un dios personal. Puede ser todo el universo, si así lo considera un panteísta. Es un preámbulo a una Constitución que reconoce la pluralidad.
Un análisis a la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús por parte de la Corte Constitucional declaró que Colombia es un Estado laico. Esto significa que es neutral frente a todas las religiones. Y cabe resaltar muy bien, que laico no significa que sea ateo. Simplemente significa que debe tratar a todas las religiones por igual, sin predilección alguna.
Y claro está que renovar la consagración del país a la virgen católica, poner el cuadro de la Virgen de Chiquinquirá en el despacho presidencial desde el que se habla todos los días a los colombianos por televisión y dedicar en oración a los jóvenes del país entero a María es a todas luces todo menos neutral.
En el 2010 la Corte Constitucional volvió a analizar el tema y se ratifica en la laicidad del Estado. El máximo Tribunal declaró: “La neutralidad estatal comporta que las actividades públicas no tengan fundamento, sentido u orientación determinada por religión alguna —en cuanto confesión o institución—, de manera que las funciones del Estado sean ajenas a fundamentos de naturaleza confesional. […] no puede ser el papel del Estado promocionar, patrocinar, impulsar, favorecer o realizar cualquier actividad de incentivo respecto de cualquier confesión religiosa que se practique en su territorio.” (Sentencia C-766 de 2010).
Justamente la neutralidad que debería observar el Estado colombiano busca que todos los ciudadanos sean tratados por igual ante el Estado, dejando que la promoción y observancia religiosa sea de los ciudadanos, y no una tarea del Estado.
Ferdinand Buisson, presidente de la comisión que elaboró el proyecto de ley de laicidad de la república francesa (en 1905), apuntaba a esta igualdad de trato del Estado: “El Estado no conoce más que ciudadanos. Católicos o protestantes, creyentes o ateos, son todos iguales ante la ley. No hay más favores para unos que rigor para los otros. Le importa poco que su organización religiosa esté constituida por el orden monárquico o según el régimen democrático. Mientras no perturbe el orden público, todos ellos tienen la plenitud de la libertad de acción, de asociación, de manifestación, de propaganda y de organización. Sin duda, hay en ello una posición particularmente desagradable para la Iglesia [católica]: ¡no ser en el Estado más que una asociación como las demás, ni privilegiada, ni perseguida! ¡Sin embargo, tendrá que acostumbrarse a ello!”.
Colombia, que parece tener un pie en la Constitución de 1886 y otro en la de 1991, y a la que no pocos pastores quisieran llevar a una teocracia pentecostal, debería poder avanzar y darse cuenta de que la neutralidad en materia religiosa de sus funcionarios, cuando están en el marco de sus labores públicas, es la forma más respetuosa de tratar a una ciudadanía con creencias muy diversas.
