Ante el fortalecimiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Centro Democrático y los medios de comunicación apuntan su odio contrainsurgente hacia la socióloga y gestora de paz Violeta Arango Ramírez. Este especial en partes pretende reconstruir una línea de tiempo sobre su historia reciente.
¿Quién es Violeta?
Violeta Arango Ramírez nació en Bogotá el 29 de enero de 1993 y se graduó como socióloga de la Universidad Nacional de Colombia en el mes de marzo de 2017. Su proyecto de grado se tituló Las nociones del desarrollo: Entre la marginalización y el buen vivir. Apuntes sobre el caso del municipio de Suárez, norte del Cauca. La investigación trató sobre la construcción de la represa La Salvajina en los años setenta y principios de los ochenta. Esta construcción causó el desplazamiento de las comunidades rurales y partió en dos un área gigantesca producto de los incumplimientos de los propietarios de la hidroeléctrica con las comunidades.
La familia Arango Ramírez admira de Violeta "su sensibilidad con los más necesitados, su capacidad de trabajo por esas comunidades en el municipio Suárez en el departamento del Cauca donde estuvo haciendo un excelente trabajo para el bienestar de todas las comunidades rurales y la mujer campesina". Igual que el anhelo de paz de millones de familias colombianas víctimas del conflicto social y armado la familia de Violeta desea que "haga un trabajo excelente como gestora de paz, para el bien de Colombia y de ella misma, estamos convencidos que así será".
Violeta se considera víctima de persecución política del gobierno de Iván Duque por el montaje judicial conocido como caso Andino de Bogotá en 2017. Desde la fecha se refugió en el ELN para salvar su vida y el 3 de junio de 2022 fue capturada durante la Operación Medusa en el norte de Colombia. Este 31 de octubre fue designada por las partes como gestora de paz en el diálogo entre la guerrilla y el gobierno colombiano iniciado en Caracas el 21 de noviembre. El odio contrainsurgente y patriarcal convirtieron a Violeta en el centro de ataque al proceso de paz.
¿Qué es el odio contrainsurgente?
La teórica colombiana Vilma Liliana Franco Restrepo en su libro Orden contrainsurgente y dominación definió al odio contrainsurgente como "producto y expresión de la resistencia al cambio social y a todo aquello que impugne —aun sin posibilidades de éxito— la estructura de poder y privilegios". Este rasgo del establecimiento colombiano se exacerbó contra Violeta Arango Ramírez desde su captura y reciente libertad para cumplir el rol de gestora de paz.
Para Franco Restrepo el odio contrainsurgente "no procede tanto del supuesto o la comprensión sobre la 'combinación de las formas de lucha' sino del reconocimiento intuitivo sobre las concurrencias reivindicativas contingentes entre movimiento insurgente y movimientos sociales y de la representación de demandas y protestas de sectores subalternos como formas de insubordinación y perturbación" p. 135. Este reconocimiento intuitivo de demandas, protestas e insubordinación al orden social vigente están reflejadas en la historia de Violeta Arango Ramírez como una expresión reciente del pensamiento crítico en Colombia.
Masacre de mujeres en el Centro Comercial Andino
El 17 de junio de 2017 fue detonado un explosivo en el baño de mujeres del Centro Comercial Andino en la zona rosa de Bogotá. Nueve mujeres resultaron heridas (una perdió la totalidad de su pierna derecha) y tres más fueron asesinadas por la bomba (una de ellas era francesa). Solo mediante tutela colectiva del 5 de diciembre de 2019 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas reconoció a estas mujeres y sus familias como víctimas del conflicto social y armado.
Esto no implicó reparación económica ni acompañamiento médico, solo reparación moral. La Unidad de Víctimas argumentó inicialmente que el caso Andino no estaba directamente relacionado con el conflicto. Francisco Bernate, abogado de varias de las víctimas del atentado, ha denunciado el hecho ante medios de comunicación como un feminicidio colectivo en el marco del conflicto.
Luego de 3 años de prisión, producto de la presión, una de las mujeres capturadas hizo acuerdo con Fiscalía para salir libre testificando en contra de sus compañeras y compañeros. El 20 de junio de 2022 el MRP rechazó el atentado al Centro Comercial Andino. Hasta hoy ningún actor político o militar ha tomado la responsabilidad del hecho, tal y como ha sucedido con otros atentados en Bogotá.
El fiscal general de la República de Colombia de ese momento, Néstor Humberto Martínez Neira, sigue implicado en el caso Odebrecht y tiene un amplio prontuario en montajes. Fue Martínez Neira quien dirigió la operación de entrampamiento a la paz de Colombia a través del montaje contra Jesús Santrich, excombatiente de las antiguas FARC-EP en 2017.
La Comisión de la Verdad, fruto del Acuerdo de Paz de La Habana, detalló este entrampamiento en el anexo del Informe Final denominado Caso: Los obstáculos para la continuidad de los procesos de paz en Colombia, un referente ineludible para este diálogo de paz con el ELN y los que sigan. Nuevamente, como se ha repetido tantas veces en la historia colombiana, estudiantes y egresados de Sociología en la Universidad Nacional de Colombia fueron judicializados por este atentado.
¿Qué dicen las víctimas del falso positivo judicial?
En la fecha del atentado Colombia vivía una pugna política entre la derecha de la oligarquía, representada por el presidente Juan Manuel Santos, quien adelantó el proceso de paz con las antiguas FARC-EP, y la extrema derecha de los ganaderos y paramilitares representada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, principal enemigo de este proceso.
Uribe y el Centro Democrático ganaron el plebiscito del 2 de octubre de 2016 con un no a la paz y una demostrada campaña de mentiras. Al mismo tiempo, exigían la renuncia de Santos al acusarlo de entregar Colombia a las FARC-EP mediante el Acuerdo de Paz. El 17 de junio de 2017 se produce la explosión, mientras que del 7 al 26 de junio del mismo año se daba la dejación de armas de la guerrilla.
El uribismo aprovechó el hecho para decir que el terror vivido en el Centro Comercial Andino fue el resultado de entregarle el país a la guerrilla y que el gran momento histórico de la dejación de armas era una farsa. Para Boris Ernesto Rojas Quijano y César Andrés Barrera Téllez, dos de los jóvenes absueltos por el caso Andino, esta masacre envió un mensaje de terror electoral. Este montaje justificaría la política de seguridad ciudadana de mano dura como bandera de campaña para las elecciones presidenciales de 2018.
Mediante carta abierta al senador Gustavo Petro, publicada por Rebelión (España) el 23 de mayo de 2018, Rojas Quijano expuso que "al no producirse, por ninguna parte, la insurrección antisantista, se pasó en cuestión de horas de ardua investigación de señalar a la joven francesa, a culpar al ELN, con quienes se planteaban conversaciones de paz, y luego al MRP". Desde la fecha del atentado las personas judicializadas publicarían varias cartas y denuncias desde la cárcel, el anonimato y la clandestinidad para resguardar su vida.
Cartas públicas de Violeta Arango Ramírez, Claudia Ramírez y Mateo Gutiérrez León
El 13 de julio de 2017, Contagio Radio de Colombia publicó una carta de Violeta que, posteriormente, sería replicada en otros medios. La carta contiene un panorama vigente de la corrupción, la lucha de clases en Colombia y el terrorismo de Estado. Por este medio respondió a los señalamientos en su contra, a la campaña mediática de deshumanización y degradación y la presentación que hicieron los medios de ella como pareja "de uno y de otro" al momento de su captura, despojándola por completo de su identidad y pensamiento crítico.
Arango Ramírez fue enfática en calificar como "lo más descarado" que utilizaran su nombre de nacimiento como si fuera un alias, es decir, un nombre de criminal. Denunció que el montaje de la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación su contra por el caso Andino significó la violación de todos sus derechos, la condena mediática, la persecución contra ella y su familia. En la carta publicada interpeló directamente a cada uno de los medios de comunicación que hasta hoy persisten en el juicio mediático con titulares tildándola de "alias Violeta".
La socióloga colombiana expuso que su caso pretendía "ilegalizar el derecho a la presunción de inocencia, a la defensa". Mientras tanto, el 18 de julio de 2017 el director general de la Policía, general Jorge Luis Vargas, anunció por NotiCentro CM& que la Fiscalía solicitó alerta azul de Interpol para Violeta Arango Ramírez por el caso Andino y la estigmatizó como cerebro del MRP.
El 31 de julio siguiente El Espectador publicó un fragmento de una muy sensible carta de Claudia Ramírez para su hija Violeta y en solidaridad con todas las madres en su misma situación. Ramírez escribió sobre el montaje mediático, la persecución en contra de su familia y el amor por su hija: "a pesar de todo no han podido entrar a mi corazón, pues nada podría separarme de ti", dijo. Describió a Violeta como una mujer sensible, amante de la vida, hermosa, solidaria, valiente y firme.
El 6 de junio de 2022, luego de conocerse la captura de la actual gestora de paz, Mateo Gutiérrez León publicó En defensa de Violeta y detalló que la persecución, intento de secuestro y asesinato contra ella y su familia la obligó a refugiarse en el ELN para salvar su vida: "personas identificadas como paramilitares intentaron secuestrar a miembros de su familia y prepararon un nuevo montaje", por lo cual la familia Arango Ramírez tuvo "que salir del país en un momento, y luego cambiar de residencia porque la policía no les dejaba de acosar", según el escrito de Gutiérrez León.
Paramilitarismo, cese al fuego unilateral del ELN y Operación Medusa*
Desde el 5 de febrero de 2021 la Federación de Agromineros del Sur de Bolívar ha denunciado en decenas de pronunciamientos la toma paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) del territorio, el asesinato de sus líderes sociales, la estigmatización de la Federación como una sucursal del ELN y las amenazas de muerte contra sus integrantes.
El 16 de mayo de 2022, mediante el comunicado Para que cambie Colombia, el ELN declaró un cese unilateral de fuego entre las 00:00 horas del 25 de mayo hasta las 24:00 del 3 de junio con el objetivo de "crear un nuevo momento político generando un mejor ambiente (...) para que quienes deseen votar lo hagan en tranquilidad" durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En estas elecciones las fórmulas de Gustavo Petro y Francia Márquez y la de Rodolfo Hernández y Marelen Castillo pasaron a segunda vuelta.
El presidente Iván Duque aprovechó este gesto de paz del ELN para tomar ventaja militar. Según rueda de prensa del 9 de junio del ministro de Defensa, Diego Molano, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, ese mismo 25 de mayo iniciaron la Operación Medusa contra el comandante Gustavo o Pirry, miembro de la dirección nacional del ELN y comandante del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro en la vereda La Honda, municipio Morales en el sur del departamento de Bolívar.
La Operación Medusa desplegó más de 600 hombres, tropas especiales del Ejército, unidades especiales de la Policía Nacional, la I División del Ejército, la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, la regional de la Policía, la Fuerza Naval del Caribe y el Comando Aéreo N° 5. Según información dada por el general Navarro en 48 horas del 3 al 4 de junio hubo 7 combates, ya que el ELN "estaba resistiéndose", hasta que en "combate decisivo" cae el comandante Gustavo.
En el comunicado Los héroes nunca mueren el mismo 9 de junio la guerrilla colombiana desmintió al ministro de Defensa Diego Molano y al general Navarro al relatar cómo el comandante Gustavo resistió 3 días la operación con su unidad: "luego de múltiples desembarcos, persecución y combates, el día 3 de junio nuestros guerrilleros quedaron sin municiones, ante dicha situación el comandante Gustavo tomó la decisión de inmolarse junto con un compañero de su seguridad, detonó una granada mientras se abrazaba con su compañero".
La dirección nacional del ELN afirmó: "Ante el desespero por no encontrar su cadáver las tropas gubernamentales gritaban y disparaban con desesperación, mientras otro guerrillero también sin municiones los observaba a pocos metros de distancia, luego más disparos y lanzamientos de granadas para paliar la impotencia de no encontrar su cadáver; qué vergüenza afronta una tropa con superioridad de fuerza, armamento y tecnología, cuando el valor de unos guerreros aún luego de inmolarse, sigan ganándole batallas y no les permite a los cobardes darse ínfulas al tratar de mostrar su cadáver como trofeo".
Hasta el 4 de agosto de 2022 las comunidades del sur de Bolívar denunciaron que paramilitares de las AGC y Los Muñecos se movilizaban masivamente en su territorio gracias a la inacción del Ejército y sin que el gobierno protegiera la vida de las comunidades. Llama la atención cómo Iván Duque, Diego Molano y el general Luis Fernando Navarro enviaron 600 hombres contra un jefe guerrillero y cero tropas para combatir a los paramilitares. El ascenso de Gustavo Petro y Francia Márquez al poder ejecutivo en Colombia generó un nuevo momento político en el cual las comunidades de esa misma región hicieron un llamado humanitario de cese al fuego multilateral de los actores del conflicto el pasado 8 de octubre.
Legalización de la tortura y revictimización
Durante la operación descrita contra el ELN fue capturada la socióloga colombiana Violeta Arango Ramírez. Hombres del Ejército la obligaron a acostarse en el piso, le gritaron, la maltrataron y le lanzaron tiros al aire con amenazas de muerte mientras se encontraba indefensa. Estos hechos fueron denunciados como tortura por su abogado Nabil Eduardo Quijano durante la Audiencia de Legalización de Captura el 4 de junio de 2022. .
El abogado defensor solicitó a la jueza 20 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá que interrogara a su defendida sobre los hechos. La jueza Lilyan Johana Bastidas Huertas ignoró la solicitud con el argumento de que Violeta tuvo la oportunidad de notificar al defensor público, al médico general que la evaluó por Medicina Legal y, además, dejar la nota en el acta de buen trato que firmó, pero, según la jueza, Violeta no lo hizo y los documentos que tenía en su poder así lo constataban.
Como era de esperarse, la socióloga colombiana protestó durante la audiencia negando que no hubiera hecho estas notificaciones a las instancias correspondientes. La jueza Bastidas Huertas ignoró de manera intencional las torturas que sufrió Violeta por parte de hombres del Ejército al ser capturada. Durante la Audiencia de Legalización de Captura realizada en tres sesiones el abogado defensor Nabil Eduardo Quijano demostró que la orden de captura contenía, el sustento de la medida de aseguramiento con privativa de libertad solicitada por la Fiscalía contenían errores de base y eran violatorias del debido proceso, la Constitución colombiana y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.
Lilyan Johana Bastidas Huertas y la violencia de género
Según el Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos la jueza Lilyan Johana Bastidas Huertas ha sido instructora de la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de Fiscales en el Extranjero (OPDAT por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Cabe destacar que la OPDAT es financiada directamente por el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa del país norteamericano.
La jueza Bastidas Huertas, junto a la Fiscalía y en representación de una justicia terrorista, encarnó el odio contrainsurgente y patriarcal en la Audiencia y revictimizó a Violeta Arango Ramírez al participar en la cadena de encubrimiento de torturas y violencia de género en su contra. Llama la atención ver cómo una mujer como la jueza Bastidas Huertas ignoró intencionalmente las torturas contra otra mujer, dejando en evidencia que no solo los hombres ejercen la violencia patriarcal, sino también las mujeres cuando ignoran, omiten, postergan, no escuchan, no resuelven y no les creen a las mujeres que denuncian ser víctimas de algún tipo de violencia de género.
Violeta fue enviada a la cárcel de Jamundí en el departamento del Valle del Cauca. La guerra mediática reiniciada con su captura, las afectaciones en el conflicto a estudiantes y profesores de Sociología en Colombia y las posiciones de Violeta sobre Venezuela serán publicados en una segunda parte como "Violeta Arango Ramírez y la violencia epistémica".
*Vale acotar que durante la primera sesión de la Audiencia de Legalización de Captura de Violeta Arango el 4 de junio de 2022 el fiscal a cargo señaló que Violeta fue capturada durante la Operación Osiris de la Policía y el Ejército. Sin embargo, el ministro de Defensa, Diego Molano, el 9 de junio en rueda de prensa sobre este caso delegó al general Luis Fernando Navarro para hablar de la Operación Medusa ejecutada por todos los componentes de las Fuerzas Militares y de Policía.
