Son muchas las formas conminatorias de fuerza y violencia que se ejercen en la disputa por los intereses que en un momento están en juego, y, aunque, regularmente, no siempre se acude a ellas, como las directas, no se excluyen de su ejercicio otras formas más refinadas y sutiles.
La violencia, en cualquiera de sus formas, por sí misma, ilustra el punto cero de la convivencia, el agotamiento de la tolerancia y las reglas de juego pactadas por un grupo social, nación o sociedad. Hasta donde se conoce, históricamente, tienen solución con el triunfo de una causa, el acuerdo político negociado, la coerción y mediante la supresión de las causas que las generan.
Sin embargo, en el caso colombo granadino, si Bolívar regresara comprobaría que los mantuanos, clase social a la cual perteneció y vivió en la mayor holgura, siguen en mejores condiciones sociales, el Bolívar que luchó por los derechos de los indígenas, por la educción popular y la explotación de subsuelo únicamente para beneficio del Estado. Por eso mismo, una de las vías que de manera rigurosa debe asumirse para superarlos es la de otorgarle a los conflictos sociales categoría política, para que el Estado se haga cargo de las raíces históricas, sociales, económicas, educativas y culturales que están detrás de estos fenómenos.
Sin esta compresión de fondo, sin conocer sus causas, filosóficas y sociales, pero, sobre todo, sin aceptarlos, no hay procedimientos que puedan por si solos resolverlos. Es, en este contexto, que se observan las muertes políticas, los asesinatos de los líderes y lideresas, con características conflictuales hermanadas con el soborno, la anomia social, la violencia estructural, el fascismo, el chantaje, la corrupción y la droga, entre otras.
Lo que sí es evidente y claro es que el discurso político contemporáneo en la actualidad es un recetario de fórmulas vacías, que se sostiene sobre la base de expandir el contrato social democrático, sostenido por las urnas electorales y la pretendida pureza de las elecciones, lo que constituye un rotundo fracaso, ante la negativa del Estado de intervenir en la solución de las demandas sociales que los ciudadanos y movimientos sociales exigen, soslayadamente desautorizadas y, lo que es peor, impugnadas por quienes manejan el poder desde las esferas estatales y privadas y no representan plenamente a los marginados y a quienes, en su nombre, exigen reivindicaciones.
Buscar la paz significa ir más allá, no encerrarla en la paz política, para que sea asumida como paz interna, biocultural, ecológica, que sostenga la vida, la paz con la mujer, con el agua, paz entre todos los grupos sociales, ciudadanos y pueblos.
Paz, que como desarrollo humano sostenible tenga hermandad con los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y solidarios, contemple el desarrollo con equidad, preserve un medio ambiente sano, equilibrado y garanticen el bienestar de las generaciones futuras. En definitiva, hablar de paz es trabajar por el advenimiento de su multiplicidad, tanto que mantener instituciones desgarradas por la violencia, es sostener la fuente y origen de los conflictos y tolerarlos, como si su existencia fuera consensualmente admitida.
Si la óptica oficial legitima, justifica y habilita la violencia mediante simples y retóricos comunicados y, considera, candorosamente, que ‘el perdón y el olvido son las más grandes y meritorias expresiones de la reconciliación’, minimizando las soluciones sociales, la paz nunca llegará, ni será la fiesta de la democracia.
En cambio, con los asesinatos recurrentes y periódicos, será asumida ideológicamente por la sociedad como un encuentro normal, siniestro y cotidiano de los cuchillos y los disparos fúnebres, como ocurre en el Cauca, cuya capital, según informaciones de última hora de la Fiscalía, publicada en los medios, no solo es Ciudad universitaria, sino ‘blanca, de alta pureza”, convertida en sede bucólica y tranquila de los narcotraficantes.
