Desde hace unos 40 meses, he venido denunciando que la sociedad aún no es conciente de la existencia de las “Casas de Pique”, unos tenebrosos lugares en donde asesinan a diestra y siniestra. Una casa de pique es donde llevan a la gente y la “pican”, literalemente, y eso no ocurrió hace veinte años, eso viene ocurriendo de tres años para acá exactamente.
¿Cuál es la característica de esto? Que la mayoría de esas “Casas de Pique” están en las zonas de mayor riqueza, por ejemplo, como sucede con el Puerto de Buenaventura que es uno de los motores más grande de la economía colombia pero que es manejada por un sector muy reducido de empresarios que se pueden contar con los dedos de una mano. ¿Esto qué tiene qué ver? Que la violencia se erradica mientras existan condiciones de igualdad, precisamente en donde la gente padece lo problemas económicos más graves, pero es igualmente donde existen negocios del poder.
O sea, es una cosa como de psicópatas, yo creo que es muy preocupante y es que se firmó un acuerdo y desde el 2016 a hoy han asesinado a 360 lideres y lideresa. O sea, la violencia no ha parado. Estas prácticas tienen que ver directamente con la política narcoparamilitar que gobierna en esas zonas, muchas veces cercana a los negocios de poderosos del narcotráfico o del empresariado corrupto.
El aumento de los desplazamientos en Buenaventura, como las restricciones a la movilidad, los asesinatos, las amenazas a líderes y a la población civil, también ocurren en otros departamentos que conforman la región Pacífica como Chocó, Cauca y Nariño, dan cuenta de una realidad violenta que se agudiza.
Desde 2016, ONU viene registrando que durante los tres primeros meses de cada año, hasta hoy, 23.231 personas fueron afectadas por limitaciones al acceso de la tierra. Además, en 2017, más de 5.520 fueron víctimas de desplazamientos masivos en Colombia, 14 % más con respecto al mismo periodo del 2016. De estos, un total de 5.380 pertenecen a la región pacífica.
De acuerdo con el seguimiento de las emergencias realizadas por Médicos Sin Fronteras (MSF), las afectaciones más frecuentes entre enero y abril, fueron por confinamiento (25 %) y desplazamiento masivo (67 %). Estos fueron generados, principalmente, por ataques o amenazas a la población civil (25 %), combates (21 %), amenazas públicas por parte de organizaciones criminales (12 %) y restricción a la movilidad (12 %). El 75 % de estos hechos, fueron perpetrados por bandas criminales. El otro 25 % estuvieron relacionados con actores en el marco del conflicto armado. Todas estas cifras fueron reveladas juiciosamente por un informe periodístico de la revista Semana.
Bahía Solano, Nuquí, Apartadó, Lloró, Bojayá, Alto Baudó, Bajo Baudó, Riosucio, Litoral del San Juan, Buenaventura, Timbiquí, Tumaco, Santa Bárbara de Iscuandé y Los Domingos, fueron entre otros puntos, los más afectados por acciones bélicas. Otras comunidades y municipios no son listadas por no impactar a grandes proporciones de la comunidad en un momento determinado, pero reconocemos que sí generan impactos humanitarios.
Los excelentes esfuerzos de la Cooperación Internacional y, sobre todo, el ánimo de reflejar en un país como Colombia que vive un conflicto social y armado interno, no han sido suficientes porque aún no ha existido una verdadera voluntad política de acabar con la violencia en Colombia.
La violencia tiene muchas formas de manifestarse. Además de las evidentes, existe un sinfín de prácticas y actitudes violentas, es decir, que vulneran, que sus acciones sistemáticas tienden a deteriorar la condición humana, social, cultural y económica de una región. El pacífico colombiano ha sido víctima de este tipo de acciones por más de medio siglo, sin que el futuro próximo augure mejores tiempos para sus habitantes.
De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo de 2016, uno de los factores que ha contribuido a la situación actual del litoral pacífico, se origina desde el discurso, ya que la región pacífica fue caracterizada como una zona marginal, de difícil acceso, con unas condiciones climáticas poco adecuadas para el desarrollo humano, económico o social. Esta narrativa, nace en el periodo de conquista y transciende hasta la colonia y posteriormente se consolida en la época republicana y codifica la región como una que debe ser dominada, domesticada, que tipifica a sus habitantes como “salvajes” que deben ser disciplinados dentro del modelo moral católico. Dicho discurso, promovió la esclavitud y posteriormente la discriminación y el racismo, todas ellas formas de violencia.
Con la Constitución de 1991, la región pacífica gana reconocimiento jurídico y político, con lo que atrae el interés de diferentes actores políticos, militares, económicos, quienes centran su atención en explotar los recursos naturales, así como en apropiarse del territorio. La explotación, desde toda perspectiva, ha hecho de la región una con baja gobernabilidad, no solo por la escasa presencia del Estado, sino por el auge de grupos irregulares que se han ido apropiando de la zona. Las comunidades, presas de la agresión y la puja inmisericorde de diferentes actores, tanto ilegales como legales, por apropiarse de los recursos y territorios no logra revindicar plenamente sus derechos ciudadanos, ya que no cuentan con respaldo institucional y su representación política y organizativa se encuentra debilitada.
En el caso chocoano, los datos sobre la situación son críticos,
ya que es el departamento con el mayor índice de
Necesidades Básicas Insatisfechas: 80 % de la población.
En el caso chocoano, los datos sobre la situación son críticos, ya que es el departamento con el mayor índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): 80 % de la población. La medición tiene en cuenta el acceso a vivienda, a servicios públicos, educación y a la situación económica de cada uno de los habitantes de la región. Asimismo, el departamento cuenta con una infraestructura vial insuficiente y solo dos vías lo comunican con el resto del país, una que va a Medellín, que se ha cobrado la vida de más de cien personas, y otra hacia Risaralda. De igual manera, aunque se trata de uno de los lugares más húmedos del mundo, el 70 % de los habitantes del Chocó carece de agua potable, así mismo, solo el 20 % de los municipios cuenta con relleno sanitario y un 10 % dispone de sus desechos en los ríos, con lo que los índices de polución hídrica en los centros urbanos son altos, lo que trae enfermedades y contamina los alimentos. Otra causa de contaminación de los recursos líquidos viene por parte de la explotación de oro y platino. De acuerdo a un estudio del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (Iiap) el 100 % los peces del río Quito tienen altos niveles de mercurio. Lo mismo ocurre en el río Neguá donde por lo menos la mitad de los peces presentan niveles altos y en la cuenca del Atrato donde un 10 % tiene niveles peligrosos de mercurio. El origen de esta situación tiene que ver con la explotación ilegal de platino, plata y oro, ya que para su extracción se usan anualmente más de 200 toneladas de mercurio, las cuales son vertidas en los ríos de la región pacífica. Por otra parte, de acuerdo al Dane, el 63 % de los habitantes del Chocó se encuentran en situación de pobreza extrema en Colombia.
A esta situación hay que agregar la presencia constante actores armados ilegales, narcotráfico, paramilitarismo y guerrilla en disputa constante por el territorio, creando una especie de soberanía fragmentada a pesar de la permanente e ineficiente vigilancia militar por parte del Estado. Esto ha hecho que la violencia sea masiva e indiscriminada, como ocurre en Buenaventura o Tumaco, mientras que, en otros lugares como el Cauca, Nariño, o incluso algunas zonas del Chocó, donde existe un solo actor armado, la violencia tiende a ser selectiva y discriminada.
Por su parte, el departamento del Cauca, también ha sido víctima de múltiples formas de violencia por parte de los actores antes señalados. A la negligencia crónica del Estado representado por todos los gobiernos del siglo XX y XXI, hay que añadir la apropiación del territorio por el narcotráfico, el paramilitarismo y la guerrilla. En el Cauca Pacífico, en Timbiquí, donde el 86 % de la población es Afro, la violencia no se ha detenido con el Acuerdo de Paz, de hecho, hay quien opina que hace falta la guerrilla, pues durante años se encargó de ejercer autoridad en la región. Con el Acuerdo de Paz, paradójicamente, quedaron expuestos a la barbarie y el pillaje. Los datos de la Defensoría del Pueblo indican que la subregión caucana se encuentra inmersa en una dramática disputa territorial entre disidencias de las FARC, frentes del EPL, del ELN y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) que mantienen a los ciudadanos en riesgo permanente.
Un factor que afecta a los departamentos del pacífico colombiano
es el creciente asesinato de lideresas y líderes sociales y de derechos humanos
que tanto el gobierno anterior, como el actual, continúan permitiendo
Así mismo, otro factor que afecta a los departamentos del pacífico colombiano es el creciente número de asesinatos de lideresas y líderes sociales y de derechos humanos que tanto el gobierno anterior, como el actual, continúan permitiendo. Resulta evidente que el gobierno no puede seguir ignorando las graves problemáticas de esta región.
Sin duda, este clima de la región pacífica, de violencia e inestabilidad social, política, económica se presenta como uno de los grandes desafíos del gobierno Duque, retos que se podrían comenzar a abordar si el gobierno optara por reglamentar la Ley 70 de 1993, en especial los artículos IV, V y VII los cuales darían las bases para que la situación del litoral pacífico empiece a revertirse. Sin embargo, el futuro próximo no resulta alentador, pues ya se ha visto que el presidente de Colombia no tiene en su agenda gobernar el país, sino entretenerlo, mientras otras fuerzas obran en función de mantener al litoral pacífico en el mismo estado de rezago de siempre.
