El 13 de junio la Universidad de Antioquia vivió una jornada de protesta que no habría pasado de ser una “pedrea” más de no ser porque estuvo acompañada de una singular parada militar de las Farc.
Si bien el hecho no es nada nuevo, resulta preocupante que frente a la violencia armada en las universidades se sigan reiterando las mismas fórmulas inocuas de siempre. Los rectores, repitiendo que no tienen mecanismos para actuar; los gobiernos regionales y nacional, haciendo tibios y genéricos llamados al orden; la Policía, sugiriendo que tienen un exceso de límites legales para actuar eficazmente; y la comunidad universitaria, vencida por la costumbre y el miedo, cuando no exaltada en su ánimo de combinación de formas de lucha, completamente inerme. Parecería que frente a la violencia armada en las universidades estamos condenados a ser como esos enfermos cuyas crisis se vuelven tan cotidianas, que la enfermedad se les convierte en un modo de vida.
Frente a la cronicidad de la violencia en las universidades públicas cabe preguntarse en qué momento la violencia se convirtió en una estrategia funcional para ciertos actores o programas políticos, a quién le sirve, qué realidades mantiene vivas y qué statu quo alimenta. Si tras tantos años de violencia se siguen repitiendo los bloqueos de vías, la destrucción de infraestructura, los robos, los heridos y los muertos, sin que ningún actor haya realizado acciones contundentes de cambio, es porque tal vez esta situación conviene en alguna medida a todos.
Si bien esta violencia es multifactorial y está relacionada con el conflicto armado y el microtráfico de drogas, hay que señalar al menos dos factores que van más allá del enfoque de seguridad y que son esenciales para comprender este fenómeno y, eventualmente, enfrentarlo: la autonomía universitaria y el apoyo político de sectores estudiantiles.
Hoy persiste una enorme ambigüedad en la definición de la autonomía universitaria consagrada constitucionalmente y en la cual se amparan todos los actores para no hacer nada de manera contundente. Sin criterios normativos claros alrededor de lo que la autonomía significa, su indefinición se presta para todo tipo de oportunismos, negligencias y desidias. En nombre de la defensa de la autonomía unos explotan ‘papasbomba’, otros afirman la extraterritorialidad de los campus y otros tantos justifican la ineficacia de la Policía. Para todos la autonomía es un problema: o porque dicen no tenerla y lucharla, o porque dicen que es excesiva y castra la posibilidad de responder adecuadamente. Un esfuerzo legislativo por ganar claridad en este sentido sería sano para la comunidad universitaria y permitiría establecer responsabilidades y estrategias de acción común más legítimas.
Por otro lado, es el estudiantado en su esencial variedad y heterogeneidad política e ideológica quien, afortunadamente, ha dado las respuestas más interesantes y parcialmente efectivas a las acciones violentas. Esa triste paradoja de luchar por la universidad destruyéndola, se muestra cada vez más ridícula frente a acciones creativas de oposición política. Ver a estudiantesponeren riesgo su vida para evitar que encapuchados roben equipos y que, así mismo, hacen flashmobs para criticar al Gobierno, no deja de resultar esperanzador, pues se han dado cuenta de que la lucha social no puede ser monopolizada por un solo sector y que la agenda política de movilización estudiantil no puede ser homogenizada en sus intereses, mensajes y tácticas.
Tal creatividad estratégica que muestran los estudiantes, contrasta con la inquietante visión ideológica de la organización que pretende representarlos. Frente a las acciones de violencia la Mane vacila y calla cuando se le encara públicamente, o justifica explícitamente como acciones legitimas de ‘expresión’ y ‘lucha’. Su insistencia en cargar con un rosario de ‘presos políticos’ y ‘mártires’ enturbia los objetivos de transformación de la política educativa que supuestamente definen al movimiento. ¿Para qué usar este marco valorativo de movimiento político si dicen ser un movimiento ciudadano? La obstinación de la Mane en considerar toda respuesta gubernamental a la violencia como ilegitima resulta desconcertante, pues tampoco propone mecanismos participativos, democráticos y en derecho, que afirmen a la vez la protesta y la continuidad en el servicio educativo ¿Por qué siguen suponiendo que el único modo de generar una respuesta gubernamental efectiva a sus demandas es con el bloqueo de las universidades con su consecuente violación al derecho a la educación?, ¿por qué todo proceso de judicialización de individuos relacionados con actos vandálicos e incluso homicidio es asumido como una forma de persecución política?, ¿por qué considerar toda práctica de protección de la vida de la comunidad universitaria como una acción represiva?
Tal vez una respuesta gremial más transparente y alineada con los derechos del estudiantado, y tan creativa y respetuosa de lo público como otras acciones de movilización que ha realizado, le permitiría a la Mane asegurar una transformación positiva de la vida universitaria sin necesidad de confundir sus legítimas demandas con las de grupos “revolucionarios” para los que la universidad solo tiene sentido mientras esté arrodillada y destruida.
