Como nunca antes los habitantes de la costa pacífica de Nariño, en especial los del llamado Triángulo del Telembí, afrontan las nefastas y tétricas consecuencias del conflicto armado generado que se inventaron con las Farc-EP.
Atrás, muy atrás, han quedado aquellos años en que esta parte de la patria se consideraba una especie de oasis para la convivencia armónica.
Quienes sobreviven en esa sección del país han aprendido, con una inmensa tristeza, a imaginar día tras día la muerte para evitarla como una lección que no se puede olvidar.
En el Triángulo del Telembí, en donde confluyen los municipios de Barbacoas, Magüí Payán, Roberto Payán y Barbacoas, la violencia reina y acecha por todas partes; se encuentra a la vuelta de la esquina y los únicos aliados son los propios habitantes.
Hoy ya no es un secreto saber que allá la violencia está presente en sus múltiples manifestaciones, debido a la presencia de una variedad de organizaciones delincuenciales, entre los cuales sobresalen la extinta guerrilla de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, que se disputan no solamente el territorio, sino las rentas y las economías generadas por los negocios ilícitos de estupefacientes.
No obstante las buenas intenciones y los esfuerzos del gobierno de Iván Duque para contrarrestar la violencia, esta se refleja en las miradas fantasmales y sin horizonte alguno de la inmensa mayoría de gente que la lleva a cuestas.
Un ejemplo patético de todo ello son las personas desplazadas de todos los matices que han tenido que salir corriendo de sus tierras o de sus sitios de trabajo con lo único que llevan puesto y con la esperanza de no dejarse atrapar en cualquier parte de los macabros tentáculos de una guerra sin nombre.
De acuerdo con la información de la ONG Médicos Sin Fronteras que trabaja en el área, “se estima que han sido desplazadas 21.106 personas en el primer semestre del año y otras 6.000 han tenido que confinarse”.
Y, teniendo en cuenta que los censos del gobierno colombiano en esta subregión señalan que allí viven aproximadamente 90.000 personas, significaría que cerca del 23 por ciento de la población de la zona ha sido obligada a dejar sus hogares e instalarse en las cabeceras municipales en búsqueda de una ayuda humanitaria para poder sobrevivir, aunque sea de manera transitoria.
Sin embargo, dada la dimensión que ha alcanzado el conflicto, los datos pueden ser superiores, en razón de que existen personas que no se llegan a censar por múltiples circunstancias, pero que al igual que los campesinos, indígenas y afrodescendientes también son víctimas de la violencia y llegan a convertirse en desplazados.
Pero lo más grave de todo este panorama es que no se vislumbra a corto plazo soluciones efectivas para cortar los temibles tentáculos del “pulpo” de la violencia que azota la región pacífica de Nariño. Una región de una inmensa riqueza natural, en donde, lastimosamente, la muerte y el desplazamiento se volvió un asunto cotidiano de la mano de la miseria que padecen sus habitantes.
