¿A qué inocente se le puede ocurrir pensar que Álvaro Uribe Vélez puede ser llevado tras las rejas, con un sistema judicial al servicio de la burguesía colombiana y a sabiendas de que este hombre es uno de los cuadros más preciados de la clase política?
Es el elemento distractor más importante del momento. Uribe Vélez es el pararrayos para desviar la atención sobre problemas acuciantes del pueblo colombiano. La clase política (la flor y nata) que históricamente se ha visto envuelta en la guerra y en el aniquilamiento físico del adversario político nunca ha pisado los estrados judiciales y mucho menos ser huésped de las cárceles colombianas por sus innumerables fechorías. Sería interesante saber cuándo la JEP va a llamar a los expresidentes de Colombia, para que, en su categoría de comandantes en jefes de las fuerzas militares, respondan por los asesinatos selectivos y masacres ejecutadas en sus respectivos gobiernos. El argumento “fue a mis espaldas” no puede prosperar en una democracia que se suele magnificar como robusta y sólida. La JEP establece que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentados como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008. ¿Quién era el comandante en jefe de las Fuerzas Militares en ese momento? Nada más y nada menos que Álvaro Uribe Vélez.
No solamente los integrantes del partido Comunes tienen la responsabilidad de reconocer el impacto trágico de una guerra de más de 50 años y que aún hoy acompaña al pueblo colombiano. No sabemos qué fue lo que pasó realmente en el asesinato de Rafael Uribe Uribe (1914), Jorge Eliécer Gaitán (1948) y Guadalupe Salcedo (1957). La impunidad ha sido una constante histórica en nuestro país y la clase dirigente siempre ha guardado un eterno silencio y aún no se disculpan de las eternas guerras civiles desarrolladas por liberales y conservadores y donde el pueblo era quien ofrendaba su vida. Los familiares, compañeros de lucha, amigos y la sociedad en su conjunto esperan respuestas sin ambigüedades de quienes fueron los autores intelectuales y materiales de los asesinatos de Carlos Toledo Plata (1984), Óscar William Calvo (1985), Jairo de Jesús Calvo Ocampo (1987), Luis Felipe Vélez (1.987), Pedro Valencia Giraldo (1987), Leonardo Betancourt (1987), Héctor Abad Gómez (1987), Jaime Pardo Leal (1987), Carlos Pizarro León Gómez (1990), Bernardo Jaramillo Ossa (1990), Manuel Cepeda Vargas (1994).
La sociedad colombiana espera con prontitud las declaraciones de Mancuso con relación a los hornos crematorios, y ha dicho Mancuso que “reunión de manera pública, con presencia de medios de comunicación nacionales y extranjeros, y con previa invitación a múltiples organizaciones defensoras de derechos humanos locales e internacionales e instituciones mundiales de la mayor calificación ética, con el propósito de “dar a conocer la mayor cantidad posible de verdades sobre el conflicto y verdades contrastables” (RCN).
Las familias de las víctimas del conflicto armado en Colombia tienen derecho a conocer la verdad y a que se haga justicia, y así construir una paz estable y duradera que nos lleve a una reconciliación nacional.
