En 2018, a raíz del regreso a prácticas reiteradas de barbarie, la ONU, en su informe de derechos humanos, insistió en que “El Gobierno elegido para el período 2018-2022 tendrá la responsabilidad histórica de continuar con la implementación del Acuerdo y de avanzar en la construcción de un país en paz y equitativo, donde toda la población tenga garantizado el pleno acceso a los derechos humanos”, y resaltó la enorme oportunidad para un presidente que en campaña se había comprometido a firmar el Pacto Social por los Derechos Humanos, promovido por el ACNUDH, que reitera la obligación de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, impulsando la inclusión de la población, especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto y la violencia, y garantizando de una forma real el ejercicio de sus derechos civiles.
Producto de la interlocución de la oficina del Alto Comisionado para Derechos humanos (ACNUDH) con la sociedad civil, realizó 1339 misiones sobre el terreno en 2018, para impulsar la prevención de actos de violencia y reiterarle a toda la población, que solo el pleno acceso a derechos humanos y su realización son la base para una paz estable y duradera. La información recogida, le permitió observar la precariedad, la pobreza, la desigualdad y la espiral de violencia de escalofriantes cifras que en cualquier país civilizado y democrático serian una catástrofe.
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Las cifras de ONU a pesar de ser bajas respecto a otras fuentes, dejaron un retrato de horror, terror y poder, observable en 110 asesinatos de defensores de derechos humanos, de ellos, la cuarta parte de indígenas y afrocolombianos. Con lo que, aparte del dato, mostraban una tendencia del sentido y los responsables de las agresiones que el Estado subestimó, al rediseñar hipótesis y líneas de investigación que desviaron la identificación de los responsables, a quienes políticamente la gente común y las victimas conocen y señalan.
También concluyó que el 93% de los asesinatos ocurrió en contextos regionales, con origen en causas estructurales de falta de acceso a derechos y justicia y que el 60% de muertes se dio en ámbitos comunitarios, por liderar las denuncias de acciones militares criminales, reclamar verdad y clamar por la paz en deuda, que a 2019 acumula más de 8.5 millones de víctimas, a las que hay que es preciso sumar de una vez 2 millones más de jóvenes vulnerables y en condición de vecinos y victimas ajenas, atraídas por la obsesiva intervención contra la soberanía extranjera.
También en 2018, la ONU le comunicó al gobierno su preocupación por algunos aspectos de la Ley 1922 (artículo 11-2) que contempla disposiciones que impiden expresamente a la Jurisdicción Especial para la Paz investigar a los agentes del Estado, particularmente los miembros de la fuerza pública, en el sentido de describir la estructura y el funcionamiento de las organizaciones delictivas, sus patrones y sus móviles. No remover este obstáculo a la paz y los derechos ha favorecido que a su sombra se fortalezcan los mecanismos de repetición de la barbarie, con ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes atroces que solo dejan la esperanza de que la CPI intervenga ante el incumplimiento del deber internacional del Estado de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones al DDHH.
En el informe de 2019, la ONU vuelve sobre lo mismo, porque igual así ocurre en la realidad. El informe repite lo que la gente sabe, por ejemplo, que la falta de acceso a la justicia perpetua los ciclos de impunidad y de violencia, que hubo privación arbitraria de la vida (asesinatos de civiles) por parte de miembros del ejército y la policía y que se incrementaron los homicidios a pesar del aumento de la presencia militar, es decir, a más militares, más muertes y más violencia. Resalta la alta tasa de homicidios de 25 por cada 100.000 habitantes (en los países de la OCDE es menor de 4); la ejecución de 34 masacres (la cifra más alta desde 2014); el reagrupamiento de autodefensas (paramilitares) y posiblemente la renovación de estrategias de poder regional con participación de políticos, empresarios, militares, otros; las respuestas desproporcionadas de la policía (ESMAD) a las protestas sociales encauzadas con mayor relevancia contra políticas del gobierno en materia pensional, laboral, educativa, tributaria, y ante la ausencia de acciones contra la corrupción y el cumplimiento de los acuerdos de paz. En general, el informe permite concluir que la barbarie continúa, se afianza y hay prácticas de poder orientadas a negarla y subestimarla, y eso es lo que le molesta al gobierno porque lo deslegitima para hablar de democracia, desarrollo, sociedad de derechos y país civilizado.
En síntesis, no hay mayores novedades, es decir, que el contexto socio-político y económico tiende a empeorar en materia de violencias e impunidades y nada escapa al ejercicio del poder del partido de gobierno y de los altos cargos y funcionarios, empeñados en hacerle creer a la población que lo urgente es estar preparados para la guerra, listos como soldados para enfrentar a algún enemigo que habrá de venir y prestos a combatirlo hasta el exterminio total incluida su memoria.
En el informe, el ACNUDH llama a las autoridades a cumplir estrictamente con las normas y la jurisprudencia internacional aplicable a los grupos criminales y a otros grupos violentos, lo que molesta al partido en el poder y a su líder, que no deja tiempo para pensar en las atrocidades, ni para crear conciencia que la época de miedos, persecuciones y odios están consumiendo la vida tranquila del país y volviendo a repetir los peores momentos de la primera década de este siglo XXI regido por el silencio de la seguridad democrática.
Al gobierno le molesta el informe porque el partido en el poder se cree inescrutable y entiende que quizás, detrás de cada atrocidad algo de su esencia, militancia y actuaciones lo compromete. Pero además no está dispuesto a ceder, ni a compartir el control que hoy tiene de los poderes públicos y en sus electorados del NO a la paz. El mal ejemplo del comportamiento y las conductas ultrajantes y nada diplomáticas del gobierno y del partido en el poder es un pésimo mensaje de intolerancia e irrespeto al mundo civilizado que valora y reconoce a la ONU como el mecanismo que permitió cerrarle el paso al nazismo y devolverle un lugar a la dignidad arrebatada y nadie sensato, puede estar dispuesto a apoyar o permitir que ningún Hitler, ni partido nazi gobierne otra vez, ni imponga odio y muerte, como lo pretenden los negacionistas que no cesan de atacar y despreciar la paz y los derechos.
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