Una problemática intensa se está desarrollando, envolviéndose y volviéndose a desenrollar en el municipio de Rionegro, Antioquia. Como cosa rara, la susodicha situación se postula como un acto referido a los términos con que opera la corrupción, de contextura ilegal, estructura política, extralegal, manipulado y derivado de las peleas personales y las misteriosas hazañas del poder. Una de las cosas más alarmantes de lo sucedido son los malos tratos de la justicia (o bueno, los que dicen ser la justicia). Tratos que no son especiales para este caso preciso, atropello para con la ciudadanía; lo de siempre, a lo que nos tiene acostumbrados desde hace ya tres años. Una menor de edad resultó gravemente herida, al igual que un adulto mayor (tienen el debido soporte médico para demostrarlo). Cual película de terror de John Carpenter, las mismas, las producidas; y las justifican desde la administración con la visión guerrerista de que los altos estratos deben ser destruidos, aniquilados; por lo menos así lo postuló un funcionario público del presente año (Guillermo León Gómez), funcionario que debería ser el garante imparcial de las obras con las que desde que se comenzó su operación, se presentaron insolubles y con persistentes problemas. Y son las heridas, de las cuales, quiero sinceramente pasar en teoría (por lo menos en ésta primera parte), y analizar el caso desde una ventana legislativa.
La ciclorruta es un proyecto que vio por completo la luz, en la administración de Andrés Julián Rendón Cardona, actual alcalde del municipio de Rionegro. Obra en la cual, justo en sus inicios edénicos, se le empezaron a comprobar raros compromisos arbitrarios (las mordeduras de manzana); y el ciudadano habitante, en comunión con la presidencia de la urbanización, empezó a emitir inconformidades con sus diseños, y el peligro que estos presentaban para con toda la comunidad. Una de las graficaciones está demasiado unida a la salida de la urbanización Villas de San Nicolás, pero el diseño que les muestran y les explican es otro, y el día de inicio de obras les dicen que no, que están locos, esquizofrénicos, que ellos se equivocaban y pasaría por un lado desde antes nunca jamás pactado. Engaño de primera categoría, lastimosamente. Los habitantes, empoderados de su hogar y como medida ante el peligro que se presenta, tanto para ellos, como para los usuarios de BiciRio, decidieron luchar hasta el final. Luchar por algo básico, la legalidad de los estudios. Los habitantes contrataron con su propio dinero un especialista que se encargara del caso, y expuso que claramente la ciclorruta podría ser efectuada en un sitio mucho más seguro; el informe fue tirado a la basura por el secretariado encargado del proceso, o por lo menos, el que se cree debería ser el encargado legal del proceso. En el orgullo de los habitantes está el decir que nunca han tenido que esperar un movimiento de la administración del municipio ni para tapar un hueco, ni para curar una humedad. Los mismos habitantes tienen una caja de recursos con la que gestionan el mantenimiento de sus residencias.
Hay una persona que figura como la principal implicada en la violación de los derechos humanos de las personas, su nombre es Guillermo León Gómez, secretario encargado del caso en específico. Varios habitantes de la urbanización Villas de San Nicolás han puesto en manifiesto los improperios, insultos y negligencias que el susodicho ha profesado incluso públicamente, sin ningún pudor por su posición pública. Mauricio Martínez Flórez, habitante del sector, odontólogo y exconcejal, reveló ante mis ojos una gran cantidad de denuncias bien redactadas y firmadas, que se han hecho durante las banderas de su odisea. Dice que su motivo es verle por lo menos gestos de respeto ante la grave situación, consideración de parte de los garantes. En cuanto a los malos tratos la ciudadanía, dice tener los vídeos e imágenes correspondientes. Inocentes denunciaron lo ocurrido ante la Fiscalía. Se tranquilizó. Después se dio cuenta que era una institución barata, que sigue siendo una organización que opera como brazo de los intereses de la administración municipal. Esto es lo más grave, damas y caballeros.
Así pues, que dadas las claras situaciones de juego, intenté develar la identidad política de los habitantes, pero Mauricio Martinez Flórez, que anteriormente perteneció al partido de la U, es un tipo sin ningunos intereses para con el alcalde de la localidad, y mucho menos deseoso de que se vaya o algo similar; como les he dicho anteriormente, es un odontólogo casado, dedicado completamente a su sobria vida. Me demostró que hasta le parecía un buen alcalde en ciertas cosas; él solo quiere hacer justicia, que se haga como se debe hacer, apoyado por los que como también han visto el raro estudio de la Universidad Católica de Oriente, que en ningún momento ha presentado estar involucrada debidamente con el análisis oficial, que dichos ciudadanos, están en el deber de tener muy en mayúscula al lado de la obra.
Después de que Mauricio Martínez Florez, me expuso toda su carpeta de documentos que hablaban acerca del caso, organizada fecha por fecha y nombre por nombre. Abierto a que se conociera la problemática, me llevó amablemente a reunirme con la mujer que lo apoya debidamente con el proceso, desde la administración del conjunto residencial. Ella terminó de involucrarme en los horrores del procedimiento actual y político del municipio. Con resignación, me habló de que siguen la travesía de hacer respetar el derecho principal de poder objetar a una resolución pública, que los incomoda en términos de seguridad, resolución a la cual se vieron en la obligación de ordenar una manifestación pacífica, con la ilusión de que así finalmente, se les hiciera algún caso. Bachilleres con la cabeza rapada, quizás llenos de rabia por las condiciones laborales a las que son sometidos, y sin poseer el debido escudo de presentación, los atacaron con gas pimienta, le produjeron heridas a la esposa de Mauricio Martínez Flórez, corriéndole el dedo pulgar hasta el tramo en que comienza la muñeca. Dejando a una menor de edad gravemente herida y a una persona de la tercera también lastimada, estos dos actos de por sí, ya constituyen un delito. Los han machacado, no por ser de un estrato de clase media-alta, los han atacado por creerse más de lo que deberían, y es igual a que si se estuviese discriminando a alguien, porque es blanco o es negro. La política de las clases sociales y la violencia, los traspasa.
Se asume la decisión de la violencia. Ellos creen que deben tratarlos diferente, no ignorarlos, violentarlos, masacrar sus derechos constitucionales y pasar las volquetas por encima de los árboles, las casas y las personas (como en algún momento lo expresaría el señor Guillermo León Gómez). Me informaron sobre esta pregunta: ¿Hay procedimientos legales en contra de las cosas dichas por el funcionario? La respuesta de los dos entrevistados fue sí, y que han hecho lo debido y solo han recibido la contestación parca del silencio. Mi Oriente, como medio de comunicación, cubre también este caso (parcialmente), que es uno de los muchos que se viven día a día, en un municipio destartalado por los contratos políticos. La situación debería ser urgentemente atendida por las personas indicadas y puesta de forma abierta y sincera, al debate público. Para finalizar, la moraleja bien podría ser que la discriminación no solo aturde a los estratos bajos o la gente de escasos recursos, si usted tiene ciertas posibilidades económicas, también intentarán maltratarle por creerse la última gota de agua del desierto.
