El sábado primero de abril, sobre las 5:30 PM, mientras aseaba y arreglaba su negocio, una discoteca concurrida de la ciudad, Jhon Arlinton Lenis, un conocido comerciante florentino, es agredido físicamente por agentes policíacos por no tener la cédula ahí con él.
El hecho se presentó cuando un teniente y un patrullero le solicitan cédula de ciudadanía a tres jóvenes, como no tienen, les piden entrar a una camioneta de la Policía para llevarlos al comando y lograr su respectiva identificación, dos siguen la orden, mas el tercero argumenta que no es ningún delincuente y opone resistencia. Inmediatamente, por razones que no argumentaron y sin medir palabra, el patrullero saca una pistola Taser (arma de electrochoque), la cual produce descargas eléctricas en el sujeto y lo hace caer al piso.
El comerciante que se disponía a trabajar, fue testigo ocular del suceso, grababa este procedimiento, razón por la cual le es decomisado el celular y le solicitan identificación.
Debido a que el comerciante no tenía sus papeles en ese instante, llama a su hermano, este, diez minutos después, los lleva y se los entrega, según el interrogado, a un “policía que se acercó de muy buena forma” y le entrega la cédula, pero el teniente que armó la redada, se la arrebata y le dice: “nos vamos para la estación”, pasando por alto que ya tenía su identificación.
Al lugar llega una patrulla motorizada de forma grotesca lanzando improperios y palabras soeces al comerciante. Llamándolo, inclusive, “hijueputa”.
Un patrullero, que descendió de la moto, iracundo lo coge por la espalda y lo encuella. En ese momento el joven comerciante siente un dolor en el estómago, de ahí no se acuerda más. Se desmayó porque le dispararon con electrochoques. Caído, lo levantan entre policías y así lo dirigen a un vehículo policial.
Posteriormente es llevado a instalaciones del comando y allí, maltratado, le dice, el mismo teniente que armó la trifulca, que lo van a judicializar por agredir a un servidor público. Entonces, un miembro de la Sijin pregunta a quién, el comerciante, había golpeado. Y este responde que a nadie. Pero, como quería hacerle un comparendo, agrega que lo impondrá por alcoholemia. Y así procede.
El patrullero que ejecuta la orden, le pide al violentado hombre firmar un documento donde constataba que sale de la estación en buen estado de salud, aunque, astutamente este se niega. Para librarse de prejuicios, otro policía busca la manera de remediar lo sucedido ofreciéndose a quitar los proyectiles que el comerciante tenía incrustados cerca de su ombligo y de la ingle.
En la epicrisis, por su parte, el médico constata que el hombre no tenía grado de alicoramiento y le hace una ecografía para descartar daños a órganos. Por fortuna, no los tuvo.
Sin embargo, para el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura el uso de pistolas Taser de choque eléctrico “puede constituir una forma de tortura y viola la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura”.
Por si fuera poco, esta es la tercera vez que algunos miembros de la Policía lo agreden física, verbal y psicológicamente, por lo que interpondrá denuncia ante las autoridades competentes.
Todo esto, aunque parece fantasioso, ocurrió porque un hombre no tenía cédula. ¿Qué podemos esperar de quienes salvaguardan nuestra seguridad?
