Hace ya algunos meses publiqué en distintos medios de comunicación, locales y regionales, una denuncia sobre el robo que se le está haciendo a los niños de Pasto en los restaurantes escolares en espera de un pronunciamiento por parte de las entidades de control, llámense Contraloría, Procuraduría, Personería o Defensoría del Pueblo. A pesar de lo grave y preocupante de esta denuncia, ninguna de estas entidades se ha pronunciado hasta el momento. Han guardado un mutismo que raya con la complicidad y la negligencia administrativa, y más aun tratándose de menores de edad protegidos especialmente por la Constitución y las leyes de Colombia. Esta nota que generó reacciones en diferentes departamentos de Colombia, obligando a un pronunciamiento de la Ministra de Educación y del Contralor General. Pero en Pasto absolutamente nada, ni una jota, ni una palabra.
Cómo es posible que a niños de estrato uno y dos, con claras y evidentes muestras de desnutrición, se les brinde en su escuela como parte del programa de restaurantes escolares, que destina más de un billón de pesos del presupuesto colombiano, un pedazo de papa acompañada de una taza de colada. Estos hechos lamentables ocurren en la Escuela Carlos Pizarro de la ciudad de Pasto, pero según comunicados de otros docentes y padres de familia también ocurren en sus instituciones educativas. Se roban los dineros y llevan frutas podridas, alimentos en mal estado, productos sin valor nutricional y se pretende con ello hacer creer que así se combate la desnutrición infantil.
Si duele este atraco a los menores de edad, lacera mucho más el silencio de los entes de control que ni se pronuncian ni parece preocuparles. Quienes se encuentran frente a estas entidades están demostrando una clara negligencia y omisión en sus funciones, insensibilidad ante un drama de los niños de nuestra ciudad y posiblemente una complicidad en las actuaciones dolosas de quienes contratan con el Estado bajo la responsabilidad de cumplir con sus funciones en la correcta distribución de alimentos.
Estos funcionarios, lo digo sin tapujo alguno, deberían ser removidos de sus cargos, los pastenses deberíamos iniciar una cruzada con padres de familia y maestros para que estos cínicos sientan un poco de vergüenza y se les obligue a cumplir con sus funciones que son de su obligación y son pagadas con los recursos de todos los colombianos. Un funcionario que no se duela de este drama, que no se pronuncie, que no intervenga y que calle sospechosamente no es digno de ocupar la dignidad delegada por la sociedad. No es posible que con su silencio se atropellen los derechos de los niños, se les roben sus alimentos, se juegue con su futuro y se los exponga a daños irreversibles en su parte biológica y cerebral. Aquí no es poca cosa lo que denunciamos, es la misma hambre de los niños, su tranquilidad física y mental, su dignidad, sus derechos lo que se encuentra entre sus manos. Funcionarios de esta laya no merecen ser vistos con respeto sino como delincuentes que devengan un salario del Estado colombiano y que sirven para hacerle el juego a los corruptos que se roban el dinero de los niños condenándolos a ellos y a Colombia entera a un futuro indigno y poco prometedor.
Realizamos un llamado a docentes, directivos docentes, padres de familia y comunidad en general para que denunciemos este descarado robo en los restaurantes escolares, para que no permitamos que los dineros de los niños queden embolatados en los bolsillos de los corruptos ante la inoperatividad y negligencia de los entes de control. Y por supuesto que convocamos una vez más a estos entes para que conjuntamente investiguen y se pronuncien al respecto, nunca es tarde para mostrarnos dignos en el ejercicio de nuestras funciones. Mientras tanto muy bien por la ministra de Educación y del contralor general que han comenzado a coger al toro por los cachos y no por el rabo. Esperamos que se pronuncien y que hagan respetar los derechos de los niños que merecen un mejor trato del Estado colombiano.
