El debate de control político al Fiscal General de la Nación, relacionado con los sobornos de la constructora Odebrecht en la Ruta del Sol II, en connivencia con el Grupo AVAL a través de Corficolombiana, lo trataron de tapar con un video de hace 12 años donde Petro recibe 20 millones de pesos para la campaña al Senado. Con eso buscan cerrarle el paso a la presidencia, en una estrategia que no es nueva sino que viene de tiempo atrás y que seguramente van a seguir utilizando en la medida en que avance la crisis institucional del régimen para tapar la corrupción del sistema y evitar que el programa de reformas democráticas lleguen al poder.
Ya lo dijo Claudia López con frase lapidaria y categórica que refleja muy bien la situación: “Están matando y comiendo del muerto, y llevándose a Colombia entre los cachos”. Esta es, ni más ni menos, la sensación que le queda a uno con el comportamiento agresivo e irresponsable de la “paloma” reaccionaria. “En el día es el Fiscal General de la Nación y en la noche es el abogado de Sarmiento”.
La estrategia comenzó hace mucho tiempo con el asesinato de Uribe Uribe, Gaitán, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, Pardo Leal, Luis Carlos Galán, con la consigna de “ a sangre y fuego” para cerrarles el paso al poder, pero ahora la táctica de las élites dominantes ha girado hacia a la judicialización de la política, como ha ocurrido en Honduras, Ecuador, Brasil, y ahora en Colombia con Gustavo Petro, a quien desde un comienzo le montaron la perseguidora cuando fue alcalde de Bogotá, declarando la inhabilidad para ejercer cargos de elección popular con el argumento de un manejo “inadecuado” de las basuras en manos de un monopolio privado en la capital. Ahora las democracias las están acabando con “medios democráticos”.
En efecto, la Corte Constitucional deja en firme la Ley 734 de 2002 que permite la inhabilidad por responsabilidad fiscal, en contravía de lo definido por el CIDH; el Consejo de Estado deja en firme la sanción del Contralor Distrital, Juan Carlos Granados, (Partido Radical), vinculado a los sobornos de Odebrecht cuando era Gobernador de Boyacá, con multa de 130.000 millones de pesos por detrimento patrimonial en los casos de los esquemas de aseo y por el pago que hizo Peñalosa por la supuesta violación al régimen de libre competencia que impuso la superintendencia de Industria y Comercio.
Y ahora, ante el empuje de los 12 millones de votos de la Consulta Anticorrupción, de los 8 millones de votos en la segunda vuelta presidencial, de las manifestaciones por la vida y la paz el 7 de agosto, de las multitudinarias manifestaciones de estudiantes, profesores, camioneros, pensionados, indígenas, y campesinos, contra la reforma tributaria regresiva y por la financiación de la educación pública; ahora que el debate de control político ha puesto al desnudo las trapisondas éticas y morales del Fiscal General, del Ministro de Hacienda, del Grupo Aval y de Corficolombiana; ahora montan el video de Gustavo Petro y la terna para elegir fiscal ad hoc con fin de tapar la corrupción en medio de esta crisis sin solución.
¿Cuáles podrían ser las posibles implicaciones políticas? El poder dominante del establecimiento financiero, económico, mediático y político del Grupo AVAL, es decir, el dominio del capital financiero manejando los hilos del gran poder para tapar la corrupción de la clase dominante con un fiscal ad hoc encargado de “investigar” a los máximos responsables de los sobornos y de la muerte misteriosa del auditor Jorge Enrique Pizano y de su hijo Alejandro.
Ahora, con las explicaciones de Gustavo Petro, la opinión democrática podrá reafirmar la credibilidad de la amplia franja de indignados que sabrá sobreponerse a las dificultades con la más amplia unidad popular y democrática para enfrentar la crisis del sistema que seguirá profundizándose en la medida en que crezca el movimiento que ponga en peligro sus intereses de clase.
La gobernabilidad de Uribe-Duque va depender de la capacidad de la izquierda para continuar adelante con las movilizaciones de masas, elevando su nivel político y programático y asumiendo la necesidad de un nuevo gobierno de unidad popular; en la misma forma va a depender en alto grado de las listas unitarias en las elecciones regionales y locales de octubre, con alianzas progresistas para Alcaldías y Gobernaciones.
No se puede permitir que la puñalada trapera contra la apertura democrática, le abra la puerta a un gobierno autoritario para imponer la reforma tributaria, la reforma a la justicia, la reforma política, y para acabar con la Justicia Transicional de verdad, justicia, reparación y no repetición, precisamente ahora cuando empieza a trabajar la Comisión de la Verdad.
Estamos convencidos de que esta maniobra siniestra se volverá como un bumerang contra las pretensiones de la ultraderecha y repercutirá favorablemente para los sectores democráticos en las próximas elecciones de concejos y asambleas, alcaldes y gobernadores.
Así las cosas, a la Colombia Humana, la Unión Patriótica, el Polo Democrático, el Partido Verde, el MAIS, el ASI, el Partido de la Rosa, y en general a todos los movimientos progresistas les va tocar unirse en la defensa del programa democrático que en estos momentos encarna Gustavo Petro, porque, como decía el poeta y director de teatro alemán, Bertold Brecht, “primero vinieron por los comunistas, pero como yo no lo era… ahora vienen por mí pero ya es muy tarde”.
De tal manera que el amplio campo democrático de la Colombia Humana podría adquirir un protagonismo significativo para agrupar un vasto contingente de inconformes e indignados con la corrupción, la violencia, la injusticia, el desempleo, el hambre y la miseria. Además la izquierda tiene que ponerse las pilas para que el movimiento de masas no disminuya su caudal de masas, ni se desgaste con paros indefinidos y sectoriales, sino que, por el contrario, vaya acumulando fuerzas para poder convocar a un paro cívico nacional.
La táctica fue fríamente calculada: dejaron hablar a Robledo, luego a Petro, posteriormente interrumpieron a Angélica Lozano con la intromisión televisada del presidente, luego se hizo presente el fiscal, después vino Uribe Vélez, le negaron la réplica a los citantes, y por último clausuraron el desastre con la descomposición de los gobiernistas.
Ahora más que nunca la izquierda está obligada a unirse, a ser propositiva, a movilizarse y acudir a la lucha de masas. El fiscal ad hoc no a resolver nada, todo lo contrario, va a profundizar la crisis y la resistencia.
