Bogotá D.C, 11 de enero de 2017.
Vìctor Maldonado, quien es considerado el más brillante estratega y ejecutor de la nueva generación de empresarios colombianos, al crear y desarrollar un importante conjunto de compañías tales como: Crem Helado, Foto Japón, Jugos Country Hill, Yoplait Colombia, Archie’s y Hotel Santa Clara, lleva 657 privado de su libertad y sin ninguna prueba en su contra.
Son 657 días de persecución política, mediática y económica, por parte de algunos funcionarios del Estado, de algunos medios de comunicación y de las autoridades colombianas. Son 657 días en los que Víctor no ha sido juzgado, ni vencido en juicio y se ha declarado inocente de todo lo que se le acusa.
Tenemos que recordarles a quienes quieren verlo derrotado, que en un fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006, resolvió que los presuntos delincuentes imputados o acusados en un proceso acusatorio tienen derecho a ser juzgados en un plazo razonable o, de lo contrario, deben ser puestos en libertad provisional cuando se registre vencimiento de términos en los procesos de persecución penal, lo que no se trataría de un beneficio sino de una garantía de carácter universal.
Es preocupante que sea la misma Fiscalía General de la Nación la que esté dilatando el proceso contra Víctor y no sus abogados, como lo han afirmado en varias ocasiones. ¿Por qué si ya cumplió sus días por vencimiento de términos, insisten en tenerlo preso?
Son los fiscales del caso los que no han podido probar la culpabilidad de Víctor y parecen estar efectuando acciones ilegales, como lo es sobrepasar los términos que la ley de nuestro país fija para mantener a una persona privada de su libertad, mientras se le investiga.
Víctor ha cumplido con sus obligaciones económicas en Colombia y ha atendido todos los procesos que lo vinculan insistentemente. Víctor siempre ha estado al frente del proceso, desde el día uno, dando la cara y defendiéndose de lo que se le juzga. Ni las autoridades, ni los medios de comunicación, pueden negar lo anterior.
Al no existir en el derecho colombiano una definición legal del velo corporativo, nunca existió una garantía o una protección sobre los bienes personales de Víctor y de su familia frente a las responsabilidades y acciones de quienes se declararon culpables.
Todo su capital, sus empresas, sus bienes, han sido incautados y vendidos para pagarles a las víctimas, cuyos abogados ignoraron las siete propuestas de pago que se les hizo en su momento.
De un barrido de 160 inmuebles que tenía la Superintendencia de Sociedades embargados para subastar y reparar a las víctimas, un 89,6% pertenecían a Víctor. ¿Dónde están los demás deudores? ¿sólo Víctor será el paganini de todo este show mediático?
No habrá un solo día de descanso y seremos constantes al señalar a quienes están violando sus derechos y buscaremos que la justicia se imponga y la verdad salga a la luz. Víctor ya debería estar libre.
