La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448) de Colombia cumple tres años. Desde su aprobación el 10 de Junio de 2011, según el Gobierno Nacional, han sido resarcidas 385.000 personas afectadas por un conflicto armado que, pese a los procesos de negociación de paz con la guerrilla de las FARC-EP, el anuncio de acercamientos exploratorios con el ELN y la tendencia a la disminución de afectados respecto años anteriores, continúa sumando víctimas.
Sin duda, la ley 1448 de 2011 constituye un gran paso, primero para el reconocimiento del conflicto armado, segundo hacia el reconocimiento y reivindicación de los derechos de las víctimas del conflicto, y tercero en la identificación y responsabilidad de diferentes actores, incluyendo el Estado, en este conflicto.
Es una ley ambiciosa con grandes retos, su sola implementación es un desafío de enormes proporciones. La indemnización de aproximadamente 6 millones de víctimas y la restitución de 3 millones de hectáreas despojadas por la violencia, es una tarea que corresponde a varios gobiernos y a la labor conjunta de cientos de instituciones nacionales, regionales y locales que deben poner en marcha planes integrales que permitan verdad, justicia, reparación y restitución integral.
La ley de víctimas y restitución de tierras, si bien, creó las herramientas jurídicas y administrativas para dar los primeros pasos en el camino de saldar la inmensa deuda que tiene el Estado Colombiano en el conflicto interno, y le otorgó un presupuesto de 55 billones de pesos para un periodo de 10 años, se enfrenta a obstáculos inmensos.
Grandes retos
La ley no es clara en la definición de cómo se va a reparar a los desplazados. Si la interpretación se toma por el lado de la indemnización en dinero, el costo de la ley aumentaría en una proporción inmensa, si se tiene en cuenta que la cifra de desplazados oscila en 4.7 millones y, en un contexto de guerra que sigue sumando víctimas, haría de la ley un asunto inviable en términos financieros y fiscales.
Pero no es la alarmante cifra que hace de Colombia uno de los países con los mayores números de victimas la que constituye el principal desafío de la ley, tal como lo planteo La Revista Semana en su especial proyecto Victimas: “La Ley de Víctimas es el reconocimiento de que la sociedad ha estado enferma por más de medio siglo. Y todos los colombianos, no solo las víctimas directas, arrastran sus secuelas”.
La victoria de la ley de víctimas es una tarea colectiva, ese es su principal reto. “Volver a vivir en una sociedad en paz implica no solo mirar a la cara a las víctimas, dignificarlas y darles protagonismo, sino entender su complejidad, asumir que ellas y los victimarios pertenecen a la misma sociedad, y que la verdad, una verdad histórica, juega un papel crucial en sacar adelante un proyecto común de Nación”.
No obstante la apertura y posibilidades que ha abierto la ley 1448, esta debe ser reformada y consensuada. El representante a la Cámara Iván Cepeda así lo manifiesta: “Tal como quedo elaborada y tal como quedo diseñada, la ley de victimas tiene problemas que la hacen sumamente limitada y es que no permiten satisfacer la necesidad del gran universo de victimas que hay en Colombia (…) es una evidencia por ejemplo el proceso de restitución por vía jurídica que ha limitado el acceso a muchas personas de ver restituidas sus tierras (...) considero que esta ley debe ser objeto hoy de una gran reforma y que el momento adecuado es la discusión que se abre en el proceso de paz de la Habana que deberá revisar los instrumentos que hoy existen para la reparación. Hoy tenemos una oportunidad para fortalecer toda la normatividad dedicada al derecho de las victimas dentro de las cuales está la propia ley 1448, esa oportunidad es el proceso que se adelanta en la Habana”.
Víctimas y proceso de La Habana
En la instalación del proceso de paz que actualmente se adelanta en La Habana uno de los puntos de tensión se evidenció a causa de la ley de víctimas y restitución de tierras. En Noruega, país donde se instaló el actual proceso, Iván Márquez jefe del equipo negociador de las FARC-EP lanzó duras críticas a esta ley; refiriéndose a ella dijo que era una farsa. La respuesta de Juan Manuel Santos no se hizo esperar: "Cuando estos señores dicen que esta Ley es mentira es porque les estamos quitando las banderas. Es porque ellos saben, perfectamente, que les quita sus banderas de propaganda".
Sin embargo y más allá de las tensiones iniciales y de las discusiones propias de uno de los puntos nodales de superación del conflicto; en la mañana del pasado sábado 7 de junio el Gobierno Nacional y las FARC-EP, en un comunicado conjunto, entregaron una “declaración de principios para la discusión del punto cinco de la agenda”, que ahora se centrará en las víctimas.
En diez puntos, las partes se comprometen, no solo con las víctimas sino con el país a “no intercambiar impunidades”, empezando por el Estado que asume su responsabilidad en los distintos hechos de violencia. En el comunicado las dos partes se comprometen no solo con las víctimas sino con el país a “no intercambiar impunidades”.
El esclarecimiento de la verdad de la historia del conflicto, la identificación de sus responsables, la rectificación y la no impunidad que se abre con los acuerdos del hasta el momento más corto de los ciclos, es un paso más en el camino que se abrió con la ley de víctimas y reparación de tierras aprobada en junio de 2011.
“El acuerdo de este sábado en La Habana es el mayor avance del proceso de paz. Es la mejor celebración del tercer aniversario de la sanción de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, mediante la cual el estado por primera vez reconoció a sus víctimas. Ahora las Farc reconocen a las suyas”, dijo el presidente del Senado Juan Fernando Cristo. “Nunca antes un proceso de paz había tenido en cuenta a las víctimas de la guerra y este es un paso histórico. La próxima presencia de las víctimas en la mesa legitima política y éticamente este proceso” recalcó.
Por su parte, Marco Romero director de CODHES, organización que por 22 años se ha ocupado de estudiar el desplazamiento forzado en Colombia, saludó el anuncio del reconocimiento a las víctimas. “Estamos en una sociedad que está más o menos acostumbrada a que esta tragedia exista”, por lo que “la visibilización del problema implica grandes esfuerzos”, aseguró Romero.
El tiempo de las víctimas, beneficios sociales y económicos de la Paz
El informe publicado el día de ayer, por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) en Bogotá, manifiesta lo que sería una Colombia sin guerra. La investigación responde al interrogante: ¿qué ganaría Colombia con la paz?, el análisis de la CERAC, muestra los beneficios principales que traería la paz para Colombia, estos ellos se encuentran enfocados al desarrollo social y aceleramiento económico del país.
Según el documento, con la culminación del conflicto armado interno, la economía crecería a tasas del 8% en promedio, de igual manera aumentaría significativamente la producción de alimentos, debido a la apropiación de 110.000 hectáreas de tierra adicionales, y de la recuperación de 800.000 hectáreas de tierra.
Asimismo, el estudio hace una aproximación de costos frente a la reparación de alrededor de 6 millones de víctimas del conflicto armado, esto para los próximos 10 años, se calcula un valor próximo a los $54,9 billones.
Por otra parte, el informe muestra como la violencia se presenta en las zonas periféricas del país, aunque resalta la finalización del conflicto “solo en zonas cercanas a los núcleos urbanos y en la región Andina”. De la misma manera, en el documento se afirma que con la paz, se potencializaría el desarrollo económico y social en poblaciones pobres, alejadas y con menor tamaño poblacional, afectadas por la violencia. Por otro lado, las ciudades que estarían beneficiadas con el cese del conflicto armado serían: Medellín, Cúcuta, Arauca, Buenaventura, San Vicente del Caguán, Tibú, Riohacha y Tumaco, entre otras.
Sin embargo, el proceso de paz es solo un primer paso hacia una sociedad sin violencia, como se expone en ¿qué ganaría Colombia con la paz?, el proceso tiene que ir sumado al “incremento de la seguridad ciudadana, garantía de un último y definitivo proceso de desarme, desmovilización y reinserción (DDR), desactivación de los grupos armados violentos del conflicto, evitación de nuevos grupos armados violentos, disminución de la violencia del crimen organizado, aminoración de la cantidad de armas, y generación de políticas públicas que frenen el proceso de transformación de la violencia”.
@ignotolegris
