La Mesa de Representantes de Víctimas del Conflicto Armado Interno de Funza puso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía las presuntas irregularidades presentadas con ocasión de la entrega de ayudas a población víctima del conflicto en el municipio.
El día 21 de julio del año en curso, en las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Funza y la Personería Municipal de Funza se dio cuenta de la entrega de 300 kits y computadores para las víctimas del conflicto.
Luego, el día 29 de julio, la mesa de víctimas realizó un derecho de petición, que fue enviado en dos oficios diferentes y que fue dirigido a cada una de las entidades descritas en el numeral 1, en el que se indagaba sobre el número de beneficiarios de la entrega de tales computadores.
En la respuesta de la Personería Municipal de Funza se indica que “en el municipio de Funza fueron entregados cinco equipos de cómputo para igual número de mujeres que cumplían con los requisitos”. De manera alterna, la Alcaldía de Funza señaló que “fueron entregados 3 computadores producto de una donación”. Es decir, acá la cifra no es coincidente con la que dio la otra entidad.
Estas son las respuestas de la Personería (parte superior) y Alcaldía (inferior de la imagen) sobre la cantidad de computadores entregados.
En cuanto a los criterios, aunque en apariencia las dos entidades insinúan la misma metodología para la entrega de los beneficios, para la Mesa de Víctimas es preocupante que la Alcaldía no tenga información clara y detallada, a diferencia de la suministrada por la Personería.
En el oficio de la Personería se indica que “la entrega de las ayudas tecnológicas se hace luego de un proceso de focalización por parte de los profesionales de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), en el que básicamente se tiene en cuenta la necesidad del hogar beneficiado, la condición de madre cabeza de hogar con al menos dos o más hijos, de víctima del conflicto que no haya recibido su indemnización ni tenga giros de ayuda humanitaria colocados”. Aunado a lo anterior, indicó la entidad que la población víctima debía estar acreditada en el RUV, Registro de Único de Víctimas.
Aunque en la respuesta de la Alcaldía se dictaminan similares condiciones de las descritas por la Personería, llama la atención que la administración municipal indica en la carta que “esos criterios los cumple gran parte de los usuarios, sin embargo, los beneficiados fueron seleccionados de manera aleatoria”. La Personería, al contrario, señala que los requisitos de las mujeres beneficiarias “fueron verificados por la Unidad de Víctimas”, dejando de lado completamente la aleatoriedad que indicó la Alcaldía. Sin embargo, la indicación de aleatoriedad de donaciones a las víctimas podría ser un hecho revictimizante, ¿pues cómo decir cuáles víctimas sí necesitan y cuáles no?
En este fragmento de la respuesta de la Alcaldia se subraya la palabra “aleatoria” en la entrega de donaciones a víctimas.
Frente al desconocimiento de la normatividad de víctimas, los números que no coinciden en la entrega de donaciones a las víctimas de Funza, la posible revictimización a través de entregas de ayudas sin escuchar o sin tener en cuenta a la Mesa de Víctimas de Funza, los representantes solicitaron a los entes competentes indagar sobre los hechos descritos en precedente y colegir la información descrita que no es coincidente entre ambas entidades sobre el mismo particular ocurrido el día 21 de julio del año en curso. También solicitaron investigar al alcalde por la posible comisión de delitos, tales como presunta falsedad en documento público o fraude procesal al no ser coincidentes las respuestas de los derechos de petición que elevó la Mesa de Víctimas.
Indagados sobre el particular, los voceros de la Mesa indicaron que solicitan a las entidades descritas, Personería Municipal y Alcaldía de Funza: "Fortalecer el proceso de participación de la Mesa de Víctimas de Funza, y no invisibilizar nuestra capacidad de persuasión y acompañamiento de los procesos institucionales de resarcimiento de los derechos”. Además, puntualizaron que “pese a la solicitud formal de información sobre los beneficiarios de la entrega de los computadores, solo nos indicaron un nombre en la respuesta de la Personería, careciendo de veracidad las informaciones aportadas por las entidades, pese a la protección legal de los datos personales que contempla la Constitución. Esto podría ser un mal antecedente si en oportunidades ulteriores se presentan proyectos con víctimas, y se nos niega la información de los beneficiarios, posibilitando de esta manera los hechos de corrupción que carcomen nuestro país”.
