Según las cuentas de varios medios de comunicación, está cobrando fuerza el plan Grobocopetel de entregar 3 millones de hectáreas del Vichada para inmensos monocultivos transgénicos de maíz, soya y arroz. Y ese plan medio conocido avanza silenciosamente mientras en La Habana están pensando en acortar distancias sobre el tamaño del Fondo de Tierras que formará parte del Desarrollo Rural Integral, y mientras en la Minga se movilizan decenas de miles de campesinos, indígenas y afros pidiendo entre otros que se haga de verdad una reforma agraria.
Se han presentado movidas sospechosas que llaman a averiguar bien que es lo que se traen entre manos. Según informe de La Silla Vacía - La visita del "rey de la soya" a La Habana- el plan consiste en “un millón quinientas hectáreas de maíz nuevas, otro millón de soya y 500 mil hectáreas de arroz, creando 160 mil empleos directos e impulsando el PIB en 1.500 millones de dólares al año, un 2 por ciento adicional”.
Se estima que el 60% de la producción en el Vichada sería para exportación y que el valor destinado al consumo interno rodea US$1.800 millones de dólares año, equivalente a la sustitución de actuales importaciones de esos granos. El análisis de competitividad del estudio arroja una situación de Colombia más ventajosa que en Brasil y para arroz incluso mejor con respecto a los Estados Unidos. La clave para que el negocio sea insuperable es reducir al mínimo el costo de la tierra, por bajos arriendos y mejor aún si son baldios que el Estado entrega con subsidios y compromisos multimillonarios de construción de un ferrocarril, una via multimodal, enegía barata y otras dotaciones en bienes publicos.
El documento que sustenta toda la propuesta fue elaborado por el Grupo Los Grobo con el concurso del BID, la Corporación Colombia Internacional, el Ministerio de Agricultura y del DNP de Colombia bajo el titulo Análisis de competitividad de las principales cadenas de cereales de la Altillanura colombiana y se ha ubicado en las estrategias del gobierno de “Nueva Agricultura Global” y Colombia Siembra.
El gran descubrimiento que hace el mencionado estudio es que el nuevo paraíso para este experimento son 3.000.000 hectáreas en el Vichada.
Desde el 2011 el señor Gustavo Grobocopetel, conocido en Argentina como el “Rey de la Soja”, ha ido y venido a Colombia, buscando tierra y condiciones legales propicias para su negocio global. La aprobación de la Ley de Zidres es lo más cercano al modelo que han creado en la Argentina y que han propagado en otras latitudes.
Como ocurre con las ZIDRES, el modelo Grobo requiere la seguridad jurídica de uso de grandes extensiones de tierra con agua. En Argentina el grupo Los Grobo tiene más de un millón de hectáreas en Soya, sembradas en su mayor porcentaje en predios con contratos de arrendamiento.
Para la siembra de los 3 millones de hectáreas en el Vichada están armando el esquema y poco se sabe sobre los estudios que ya tienen la Superintendencia de Notariado y Registro y el gobierno. Algo han publicado en los periódicos con pistas sobre la forma como piensan despejar el panorama para poder hacer el negocio redondo si finalmente se decide Grobocopetel o el grupo de cacaos y multinacionales que ya están en fila en la Altillanura.
Por estos días han publicado informes diciendo que en el Vichada están las mejores tierras de Colombia, mejores que las del Valle del Cauca, las del Bajo Cauca Antioqueño o el Meta o que las planicies del Magdalena, el San Jorge o el Cesar. El estudio del IGAC, comentado el pasado 26 de marzo en El Tiempo, dice que “El ranquin por departamentos con la mayor cantidad de hectáreas netamente productivas lo lidera uno de los más extensos, Vichada, que cuenta con un área de más de 10 millones de hectáreas”.
El 28 de marzo de 2016 apareció la noticia sobre la revisión de 2.454 adjudicaciones de tierras en El Vichada: “Esto implica analizar los títulos que otorgó el Incoder –hoy en liquidación– durante los últimos 11 años en ese departamento. En total, el organismo emitió 2.454 títulos de baldíos. La decisión de iniciar esta investigación la tomó el Ministerio ante las recientes denuncias contra exfuncionarios del Incoder de la Dirección Territorial Vichada, sindicados de haber cometido irregularidades con las adjudicaciones en esa zona del país”.
El diligente Súper Notario ya está haciendo el inventario de títulos y descubriendo como cosa extraña que precisamente ese rincón del oriente esta plagado de baldíos y de tierras mal ocupadas por delincuentes. En esas cuentas no aparecen aún muchos colonos legítimos ni las consultas sobre tierras ancestrales de las comunidades Guahibo, Sicuani, Piaroa, Piapoco, Cubeo, Puinave, Amorua y el Saliva que habitan en 46 resguardos del departamento y representan el 50% de su población.
La visita del magnate Gustavo Grobopocatel a La Habana para reunirse con las FARC y los voceros del gobierno dejó muchos interrogantes. Por allá estuvo en abril de este año después de acompañar al Presidente Santos y al ministro Iragorri a presentar la ley de ZIDRES en la Orinoquia. El gobierno no encuentra todavía tierras para el Fondo Nacional que promete facilitar el acceso a la propiedad del suelo a las familias campesinas, pero en su agenda tiene como prioridad encontrarle baldíos a los macroproyectos en la idea de un modelo mixto de coexistencia y alianzas productivas con la economía campesina. Es probable que este “Rey de la Soya” haya ido a La Habana a sondear el ambiente para su proyecto en el Vichada o a mostrar a la mesa de conversaciones las bondades de ese monocultivo de millones de hectáreas a la hora de aplicar los acuerdos de paz.
La MINGA indígena, campesina y de afrodescendientes no ha tomado conciencia del significado de un proyecto como el que quiere impulsar el gobierno con el concurso del BID y del Grupo Los Grobo. Pero ha lanzado la advertencia sobre los riesgos que tienen los planes gubernamentales de reparto territorial en el post acuerdo. Y no es para menos con ideas como las planteadas por el director del DNP, Simón Gaviria, quien ha dicho que ese futuro inmediato será la oportunidad para grandes negocios allá en donde ha sido imposible llegar en tiempos de guerra.
El modelo de Grobo ha sido criticado en Argentina, Brasil, Uruguay por ser de impacto negativo en la salud, el ambiente y para la seguridad alimentaria. Es posible que Gustavo – como le dice Juan Manuel Santos - tenga adaptaciones en sus aplicaciones para Colombia, pero está muy mal referenciado:
- En Argentina los 30 millones de toneladas de soya que produce al año se siembran con semillas transgénicas de Monsanto, modificadas para ser resistentes al glifosato y bajo el supuesto del uso masivo de ese agro tóxico en el control de malezas.
- Los macroproyectos que se proponen para el Vichada son de agricultura extractivista que agotan los suelos y tienen impactos negativos en las aguas.
- Las experiencias realizadas con este modelo Monsanto- adicto no han mostrado ser compatibles con el impulso a la economía familiar. Por el contrario suponen alta mecanización y bajo uso de mano de obra asalariada.
- La ocupación de la cuenca del Vichada con millones de hectáreas en monocultivos tiene impactos negativos en los bosques y morichales, lo mismo que en toda la biodiversidad y el ciclo de las aguas.
- Todo ese plan requiere de grandes inversiones del Estado que se harían con los impuestos de los Colombianos para subsidiar a las multinacionales y a los inversionistas nacionales. Sólo la vía Puerto Gaitán se estima en US$2.500 millones de dólares que el Estado aportaría, sin retorno, a la plusvalía de los poderosos inversionistas.
- Por la experiencia en otros cultivos se sabe que hacia allá se concentraría el crédito blando del Estado, inversiones gigantescas en infraestructura y beneficios tributarios o zonas francas para la famosa competitividad.
Haría bien el gobierno en informar de manera suficiente sobre el curso de este plan de entrega del Vichada a los macroproyectos y ZIDRES.
Y al señor Gustavo Grobopocatel se le puede invitar a imaginar otro modelo en la altillanura, ese si dedicado a los pequeños y medianos productores, que consulte previamente con las comunidades y con los pueblos indígenas. Ya hay estudios serios que muestran la eficacia económica y social de un modelo democrático y ambientalista para la altillanura. Por esa línea han trabajado el profesor Jaime Forero y sus colegas en la Universidad Javeriana; la Cumbre Agraria lo ha sustentado y hay aportes como los de José Leivovich sobre economía familiar en La Mojana y sobre la rentabilidad de la pequeña producción rural que se deberían tener en cuenta.
