El Chocó tiene una clase dirigente mediocre, inepta, corrupta y carente de liderazgo. Ni el gobernador, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, ni los congresistas Nilton Córdoba Manyoma y José Bernardo Flórez Asprilla, lideran nada y el departamento continúa como un barco a la deriva, con una crisis profunda en todos los niveles de la administración pública. Además, no se vislumbra un cambio de rumbo.
El panorama es tan desolador que el gobernador Palacios, durante estos seis meses de gobierno, se ha pasado la mayoría del tiempo viaticando en lugar de estar afrontando desde su despacho los graves problemas de su departamento. La parálisis y la ineficiencia en los procesos administrativos de su gobierno se traducen en una administración paquidérmica, inoperante e ineficiente. De la lectura de los boletines de prensa que emite la oficina de comunicaciones, se colige que permanece solo entre uno y dos días de la semana en su tierra.
Para cerrar el cofre de la inoperancia, los alcaldes son unas especies de reyezuelos que actúan como ruedas sueltas en unos municipios en ruinas. Una clase dirigente indolente que solo actúa de manera reactiva cuando ocurren las tragedias para tomarse una foto en los desastres, pero que no hace nada para afrontar con liderazgo y eficiencia las soluciones de los mismos. Solo sirven para lamentar las tragedias y quejarse de los dramas que sufren sus coterráneos, pero sin iniciativas para resolverlos con medidas eficaces.
Son sordos y mudos. En lo que va corrido del año, han ocurrido varios deslizamientos de tierras en las vías que unen al Chocó con el interior del país. Los saldos han sido trágicos y muestran que en los últimos siete años han muerto más de 100 personas en la vía Quibdó - Medellín.
En la tragedia de la semana pasada hubo 8 muertos, 4 heridos y 5 desaparecidos; una tragedia que debe servir para abrir un debate sobre los culpables del atraso en la pavimentación de la vía Quibdó - Ciudad Bolívar. Desde el gobierno del Presidente Uribe se arrancó un plan de rectificación y pavimentación de esta vía, diseñado en tres fases. Un plan que se ha convertido en fuente de enriquecimiento y de robos continuos al Estado con las complicidades directas e indirectas de la clase dirigente chocoana.
Es pertinente aclarar que todos los contratistas de estas vías nacionales en el Chocó, son foráneos, quienes en contubernios con los poderes centrales y regionales, se roban la plata, no terminan las obras y nadie responde por estos desfalcos al Estado. Por los cambios en las modalidades de contrataciones de este tipo de obras que hizo el Gobierno --donde no se entregan anticipos-- los contratistas chocoanos no tienen capacidades económicas para participar en los procesos licitatorios. Por lo tanto, los saqueadores son externos. Sin embargo, la mala fama de desfalcadores queda en nombre de los chocoanos.
En el gobierno del presidente Uribe, se entregó a los hermanos Carlos Alberto y Luis Héctor Solarte, a través del consorcio Metrocorredores 8, el contrato de pavimentación de los tramo El Siete – Quibdó y Las Ánimas – Santa Cecilia por 139 mil millones de pesos.
Ese fue el inicio de la fase I de la pavimentación de vía Quibdó - Ciudad Bolívar, en el tramo La Platina - El 18 por $ 125.000 mil millones, adjudicación que fue cuestionada por los incumplimientos que habían incurrido los Solarte en un contrato de mantenimiento en aquella época en la misma vía. Se concluyó el contrato sin terminar los trabajos y con un conejo al Estado, porque de los 35 km que tenían que pavimentar quedaron 10 sin terminar. Ni el ministerio de Transporte, ni el Invías, ni los entes de control y menos la gobernación del Chocó y los parlamentarios chocoanos hicieron nada. Todo quedó sepultado en la marañas de la corrupción y el olvido.
A mediado de este año, el gobierno le asignó a los mismos Solarte, a través de otra empresa de su conglomerado, Sonacol otro contrato, denominado fase III por $ 81.000 mil millones, para que terminen de pavimentar los kilómetros que no se ejecutaron en el gobierno de Uribe y, es precisamente en ese trayecto donde ocurrió la tragedia.
En el gobierno del presidente Santos, se ha continuado con el mismo robo al Estado en las vías del Chocó, el Vicepresidente, Germán Vargas Lleras, no ha hecho otra cosa que un cuestionable y desastroso clientelismo con los contratos viales en el Chocó, con la complicidad de la dirigencia chocoana.
En 2012 se arrancó con la Fase II con la asignación de un contrato en el tramo El 18 - Ciudad Bolívar al consorcio Corredores Lax 051, integrado por empresa mexicana Tradeco y las colombianas Coninsa Ramón H. y SP Ingenieros, por 254 mil millones. La realidad es que de ese trayecto de 72 kilómetros solo se ha pavimentado 16 kilómetros, un contrato que se termina en noviembre de 2016 y solo se ha ejecutado el 20% de sus obras físicas. Pero en un tecnicismo se demuestra que su ejecución presupuestal va el 80 por ciento. Sin embargo, en obras físicas sus avances son francamente cuestionables.
En siete años de ejecución de las fases 1 y 2, en la vía Quibdó - Ciudad Bolívar, solo se han pavimentado 40 km de los 110 km de trayecto: un promedio de 5.71 km por año. Se calcula que al ritmo que se trabaja se llevará un decenio en terminar la vía.
Para cerrar la faena de todo este eslabón putrefacto de las obras de pavimentación en esta carretera, en el gobierno de la actual viceministra de Cultura, Zulia María Mena García, la Alcaldía de Quibdó, adjudicó otro contrato por 13.232 millones para la pavimentación de la salida del perímetro urbano de Quibdó hacia Ciudad Bolívar. Pero los chocoanos no saben en qué obras se invirtieron los dineros. Este tema fue denunciado ante el procurador Alejandro Ordóñez, pero como está en campaña política las denuncias permanecen archivadas en los anaqueles del ministerio público.
En consecuencia, amerita abrir un debate de fondo sobre las responsabilidades políticas en este descarado desangre al Estado como las pavimentaciones de la carretera Quibdó - Ciudad Bolívar. Por un lado, el papel del Estado, en cabeza de la Vicepresidencia, los ministerios de Transporte, Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Vías, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Gobernación del Chocó, los políticos chocoanos y los entes de control. Porque la realidad es que por falta de transparencia y de políticas de ejecuciones eficaces de las obras, se ha permitido un robo continuo al Estado con las obras viales en el Chocó.
Del otro lado, hay que poner en la picota pública a una serie de contratistas avivatos que al parecer, en alianzas perversas con los líderes de las comunidades locales, utilizan los mecanismos de las concertaciones de las consultas previas de las obras para prolongar las ejecuciones de las mismas y a través de esos métodos nefastos saquean al Estado.
Por último, sobre el papel de los líderes de las comunidades indígenas y negras --que por intereses personales y sus continuas trabas en los procesos de concertaciones de las consultas previas, para las obtenciones de los permisos ambientales --están jugando un papel desastroso en el atraso vial de su tierra. Trabas que en cierto modo han impedido la celeridad en los trabajos, de excusas y mecanismos de los contratistas para esquilmar al Estado. En conclusión: la triste tragedia que enluta a los chocoanos debe servir para abrir un debate de fondo sobre el papel del Estado, los contratistas y los líderes políticos y comunitarios chocoanos en atraso vial del Chocó.
@j15mosquera
