Técnicamente no existe la figura de los falsos positivos, fue un término mediático inventado por Juan Manuel Santos en 2008, siendo ministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, para tratar de explicar unas denuncias sobre los lamentables hechos de Soacha; se les conoce en el derecho internacional humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el derecho penal colombiano como homicidios en persona protegida.
Pero la palabreja ha sido hábilmente explotada desde entonces por la izquierda y por las mismas organizaciones armadas ilegales para desarrollar la guerra jurídico-política contra las fuerzas militares de Colombia y neutralizar la ofensiva militar contra las estructuras criminales que desarrollan el narcotráfico y los delitos conexos a este como la extorsión, la minería ilegal, el secuestro y todo el conjunto criminal del llamado narcoterrorismo.
Sin restar importancia a la gravedad del asunto, puesto que nuestras fuerzas militares son garantes de la seguridad de todos los habitantes del país, sí es necesario precisar el alcance del fenómeno delictual que sin duda ha afectado la imagen institucional y además sirvió de elemento de presión para imponer los acuerdos con las Farc-Ont, que habían sido rechazados por los colombianos el 2 de octubre de 2016.
En efecto, con la amenaza de señalar a los militares de “falsos positivos”, el gobierno Santos y su equipo negociador encabezado por Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, lograron inmovilizar las operaciones no solo contra las estructuras delincuenciales de las Farc, sino del Eln y otras Bacrim entre 2012 y 2018, con los desastrosos resultados que hoy sufre la nación, asediada por toda clase de criminales, inundada de narcocultivos y ad portas de sufrir una nueva descertificación oprobiosa como la acaecida en la era Samper Pizano (1994-1998), por incumplimiento de los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico.
Sea lo primero señalar entonces que en diversas oportunidades misiones de la ONU, de la OEA y de la misma HRW han indicado que los “falsos positivos” no obedecieron a una política sistemática implementada por el gobierno o los mandos militares, aunque han manifestado su preocupación por el número de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas. Si bien no hay certeza del número de eventos que pueden señalarse efectiva y legalmente como homicidios en personas protegidas, los organismos judiciales tienen documentados unos 1.700 casos que reportan 4.048 víctimas y que así pueden catalogarse, en los que han sido investigados 2.219 miembros de la fuerza pública, demostrándose responsabilidad penal cierta en solo 805 casos en los que se profirió condena.
Hoy en día, la fuerza pública tiene cerca de 450.000 efectivos (265.050 de fuerzas militares y 183.333 de Policía Nacional), de tal manera que la cifra de miembros implicados en homicidio en persona protegida, es mínima, no alcanza a ser el 1% de sus efectivos. Así mismo, teniendo en cuenta que en promedio se realizaban 1.250 combates contra organizaciones armadas ilegales anuales en 2010, durante la vigencia de la seguridad democrática un aproximado de 9.400 combates, el número de hechos que implica ese delito también es mínimo en el universo de acciones desarrolladas por la fuerza pública y en especial por el Ejército Nacional.
Debe anotarse que a partir de 2010 a 2018 los combates disminuyeron en un 87%, pero no por efecto de la desmovilización parcial de las Farc-Ont, sino por las directrices del gobierno de Santos más interesado en mostrar cifras positivas favorables a su política de apaciguamiento de esas organizaciones en La Habana.
Existe otro interés político, por parte de partidos y movimientos de oposición al actual gobierno y de las mismas organizaciones armadas ilegales, en pretender que todas las bajas sufridas por estas agrupaciones criminales deben catalogarse como “falsos positivos”, a ello han contribuido no pocas asociaciones de abogados, organizaciones no gubernamentales y otros aparatos propagandísticos creados dentro de la combinación de las formas de lucha (política, legal y armada), para la instauración del socialismo; por esos las cifras de este fenómeno son sujeto de habilidosa manipulación que recogen medios de comunicación nacional e internacionales para señalar que la actual ofensiva contra el narcotráfico y la criminalidad es una reedición de la “política de falsos positivos” o que pone en riesgo a la población civil porque se amenaza la paz con el grupo narcoterrorista Farc.
También juegan los intereses de la industria criminal del narcotráfico, que ha permeado desde hace muchos años diversos estamentos sociales y políticos, hasta el punto de que hay partidos políticos que han llevado al Congreso a capos de la mafia, sin que asuman ninguna responsabilidad legal o social; el caso Santrich es significativo de esa difusa línea que separa el narcotráfico, la rebelión y la política en Colombia y del profundo impacto de este delito en las estructuras mismas del Estado, aunado a una corrupción descarada que incluso ha destruido la confianza en el sistema judicial por la seguidilla de escándalos que han distinguido “el siglo de los jueces”, que pomposamente anunciara el exmagistrado Jaime Ibáñez en 2009.
Y es que evidentemente, los tribunales judiciales se han dedicado a colegislar y a ordenar al ejecutivo cuáles deben ser sus políticas de gobierno; llegándose a extremos como los absurdos de calificar a las fuerzas militares y de Policía como “organismos concertados para el delito”, como indicaran magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia al legitimar la guerra jurídico-político contra el estamento militar.
La gran mayoría de los militares implicados en investigaciones penales por homicidios en persona protegida, no lo son por autoría material del delito sino que invocando, la responsabilidad de la cadena de mando descrita por Claus Roxin e introducida por el fiscal Montealegre y adoptada por la Corte Suprema de Justicia, se les sindica de haber tolerado o haberse prestado al encubrimiento de delitos cometidos por sus subalternos en las Unidades Tácticas a su cargo; así se ha enlodado la carrera exitosa de los mejores Generales, Coroneles, Tenientes Coroneles, Mayores y Capitanes del Ejército Nacional y de las otras Armas de las fuerzas militares.
Así, un caso de homicidio en persona protegida realmente cometido por un militar, termina involucrando a toda la cadena de mando de las unidades a las que está adscrito (Batería, Batallón, Brigada, División), y pretenden elevarla hasta el Comandante Supremo de las fuerzas armadas en el caso del presidente Álvaro Uribe Vélez, con abstracción curiosa del Ministro de Defensa de la época en que sucedieron estos hechos, el señor Juan Manuel Santos, inventor del odioso término.
Desafortunadamente las nuevas generaciones, las que heredarán el país, solo conocen una parte de la historia de las luchas por la libertad de Colombia y desde sus más tiernas edades se les está adoctrinando en las aulas escolares, para mostrar a nuestras fuerzas militares y de Policía como fuerzas de ocupación y represión, mientras se muestran a las organizaciones narcoterroristas como los ejércitos herederos de la tradición de Bolívar. Tal es la tergiversación de la historia causada por quienes introdujeron la teoría de la combinación de las formas de lucha, perdieron la guerra militar, pero están ganando la guerra política gracias al egoísmo de algunos sectores políticos que persiguiendo la gloria personal de un mandatario decidieron que la paz era cogobernar con los criminales y otorgarles a estos la total impunidad.
