La industria azucarera de Colombia, asentada en el valle medio del río Cauca, atraviesa circunstancias complejas: el consumo de su producto principal, la sacarosa, es motivo de serios cuestionamientos en todo el mundo; los industriales que utilizan sacarosa en Colombia aspiran a que el gobierno nacional suprima el impuesto de importación con el argumento de que esta medida beneficiaría a los consumidores de sus productos; los pronunciamientos adversos de la Superintendencia de Industria y Comercio en 2010 y 2013 por supuestas prácticas comerciales restrictivas, en ambos casos reflejo de ignorancia en materia económica, han inhibido el necesario diálogo en el seno de la industria; la tecnocracia bogotana suele creer que la tierra es propiedad de una comunidad señorial rentista que extrae plusvalías a los trabajadores en forma inclemente; la determinación de no refrendar el anunciado nombramiento de Frank Pearl en la presidencia del gremio que cobija a los ingenios y parte importante de los cultivadores fue interpretada como desacierto por muchos estamentos de la opinión pública nacional, sin conocer las razones que puedan haber motivado la decisión final.
A todo este inventario de amenazas y juicios infundados se suma ahora la acusación infundada de Salomón Kalmanovitz de imponer el precio en el mercado nacional mediante concertación indebida con el gobierno nacional; llama la atención que la industria ha explicado en el pasado en forma ordenada y rigurosa a su acusador los fundamentos de la protección a la agricultura y las reglas que se aplican en Colombia desde hace muchos años, resultado de lo establecido por la Decisión 371 del Pacto Subregional Andino, con el propósito de reducir las fluctuaciones resultantes de la inestabilidad de los precios para mercados de excedentes en productos agropecuarios. Las franjas permiten establecer impuestos de importación cuando el precio del mercado internacional de los últimos 60 meses está por debajo del mínimo de la franja, y suprimirlos cuando excede el máximo. En los casos particulares del aceite de palma y el azúcar, cultivos de largo plazo, hay, además, fondos de estabilización, en cuya administración participa el gobierno; los fondos compensan al productor que exporte a expensas de los productores que no lo hagan. En la práctica, las reglas, muy diferentes de lo que describe el señor Kalmanovitz, no son suficientes para el adecuado desenvolvimiento del agro en Colombia: solo se cultiva un cuarto del área con vocación agrícola en el país, 30 millones de hectáreas (la cifra oficial es del orden de 40, pero en áreas importantes la inversión en adecuación sería demasiado grande para incluirlas); por esta misma razón no hay alternativas que puedan competir con la caña de azúcar en el uso del suelo en las más de 200 mil hectáreas dedicadas a este cultivo en el valle del Cauca entre Quilichao, Cauca y La Virginia, Risaralda.
Los gobiernos de los países desarrollados suelen subsidiar la agricultura; este es el caso en la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. La Unión Europea produce cerca de 300 millones de toneladas de cereales por año, en tanto que la cifra de Estados Unidos suma casi 450 millones. El consumo mundial anual de azúcar suma 180 millones de toneladas; los principales productores son Brasil, con cerca de 35 millones de toneladas, seguido por India, con 27 millones, la Unión Europea con cerca de 17 millones, Tailandia con más de 10 millones, China con 10, Estados Unidos con 8, y Rusia y Australia con cerca de 6 y 5 millones respectivamente. El único gran productor comprometido con mercados libres para productos agrícolas es Australia, aunque el gobierno de la provincia de Queensland, donde se cultiva el grueso de la caña en ese país, participa en la asignación de la caña de cada predio a cada ingenio, con el fin de mantener bajos costos variables y así asegurar la competitividad en los mercados internacionales del cluster azucarero, que comprende la franja costera, de 50 kilómetros de ancho. La producción total del valle del Cauca es del orden de 2,2 millones de toneladas por año, en un solo cluster o conjunto de cultivos con 15 plantas productoras. Cabe comparar con Brasil, donde hay 400 plantas y tan solo en el Estado de Sao Paulo seis clusters.
Las distorsiones en los precios de los mercados internacionales por cuenta de los subsidios y protecciones son evidentes: las ventajas comparativas relativas que la economía reconoce como criterio para definir el foco de cada región desde la formulación por David Ricardo, a principios del siglo 19, no se aplican de manera diáfana en la economía agrícola del planeta. El resultado es negativo para los consumidores en todas partes y para los países productores del tercer mundo, que dependen en general de su eficiencia para subsistir en competencia con concurrentes subsidiados, pero el discurso que promueve la autosuficiencia alimentaria, invocado desde las guerras mundiales, produce beneficios electorales en todas partes. Los precios del mercado internacional de excedentes serían más altos, pero el ponderado de estos volúmenes y el de los países que hoy operan como consecuencia de subsidios sería más bajo: al final ganarían los productores eficientes y los consumidores.
La prevención en contra de la sacarosa será característica permanente de la vida cotidiana hacia adelante: es evidente que el consumo per cápita debe reducirse en casi todas partes, donde la ingesta de calorías es excesiva en relación con el trabajo físico que ejecuta el cuerpo. Esto tendrá incidencia negativa en los precios. Hay otras variables relevantes, sin embargo: la elevada participación de Brasil en el mercado aumentará a raíz de la transformación en proceso de ese país en gran productor de petróleo reducirá la proporción de sacarosa a convertir en etanol para sustituir gasolina en motores de combustión interna. Brasil es el productor de caña de menor costo, porque sus unidades productivas son en promedio las mayores, con las consecuentes economías de escala, las normas ambientales no son muy exigentes y la perspectiva del Real para esta década es, en términos generales, débil como consecuencia de una difícil situación fiscal. Sobrevivir en ambiente de precios bajos y limitado crecimiento del consumo es el reto que enfrentan todos los productores del mundo. Los clusters del mundo entero compiten entre sí, y los miembros de cada cluster comparten infraestructura, tecnología adecuada para las peculiaridades del sitio, y algunas oportunidades de inversión concertada.
La industria azucarera es más de 5 por ciento del PIB departamental del Valle del Cauca, es determinante para la economía del norte de Cauca y es muy importante para Risaralda. Como se ha indicado, no hay sustitutos para el uso de la tierra en esa escala, y la cadena productiva con importante componente industrial es fuente de valor para el capital, el trabajo y las arcas municipales. En contraste, la participación de la sacarosa en el costo de los productos de las empresas que lo usan como materia prima es muy pequeña en el agregado. Destruir la industria azucarera no solo significaría perder el valor del capital y el conocimiento, sino poner en peligro la estabilidad financiera de los municipios azucareros. Los mecanismos de protección en muchos períodos han resultado en impuesto de importación cero, como también en ocasiones ha habido impuesto significativo. Todo depende de las vicisitudes del mercado internacional; no es correcto poner en peligro el bienestar de una región con sofismas que no tienen en cuenta la realidad de las políticas de los países desarrollados y la racionalidad de los instrumentos aplicados, fruto de serio estudio.
Los pronunciamientos de la Superintendencia han inhibido el sano diálogo en el sector, necesario para aumentar el valor agregado del cluster. Es de especial importancia terminar de una vez por todas la absurda competencia por tierra: las autoridades no entienden que así el precio del producto se doble no habrá más área disponible, por razones agrológicas. El mecanismo aplicado en Australia podría ser el camino para mejorar márgenes de la cadena, al evitar transporte innecesario de caña, sin perjudicar a ningún proveedor actual. Las matemáticas para abordar el asunto son sencillas y efectivas. No sobra recordar que el pronunciamiento de la Superintendencia en estas materias tiene peso como primera instancia judicial, evidente defecto de la Constitución que socava la independencia de la justicia y asigna la responsabilidad del juicio a una entidad con propósitos políticos por definición.
Por supuesto, la industria azucarera tiene aún mucho espacio para mejorar, en particular en la gestión de la tierra, donde se puede llegar a niveles más sofisticados de la denominada agricultura de precisión con el apoyo de herramientas satelitales para análisis de suelos que permitan especificar prácticas para cada metro cuadrado de tierra cultivada. Además enfrenta la tarea de completar la sustitución de corte manual por mecanizado, proceso que reduce costos pero no se ha completado para evitar problemas sociales; ya más de la mitad del área se cosecha con máquinas. También debe ser mucho más activa en la vida política de los municipios azucareros, prósperos en relación con la media del país pero, como es general en Colombia, sujetos a desperdicio y corrupción en el uso de los recursos destinados a salud, educación e infraestructura.
Si el gobierno reconociera los beneficios sociales de permitir relaciones abiertas en el seno de la industria sin incurrir en prácticas comerciales restrictivas, mejoraría el nivel de vida de la comarca, se podrían impulsar programas ambientales más efectivos en toda la región, y la institucionalidad de la industria sería más fácil de entender y valorar. Se entiende que la dirección del gremio debe tener sede en el Valle y no en Bogotá, y que la orientación de las políticas públicas en un ámbito eficiente no debe apuntar a fracturar la propiedad de la tierra, como sugiere el primer acuerdo de La Habana, sino a consolidar la eficiencia productiva para continuar con la diversificación de usos y el aumento del valor agregado de la industria. En el agro caben diversas escalas según la actividad agrícola específica, pero se requiere tecnología, estrategia comercial e infraestructura para ser viable en la economía globalizada.
El futuro del valle medio del río Cauca será más variado y mayor el ingreso si se trabaja de manera constructiva en la búsqueda de compromisos para beneficio general entre el gobierno nacional, que traza políticas, y la industria azucarera, una de muy pocas agroindustrias de importancia en Colombia. No tiene sentido que, en general, el sector productivo de Colombia continúe en pérdida de participación en el PIB, como ha ocurrido en las últimas tres décadas, pues los procesos de producción son fuente de conocimiento, disciplina e innovación para la sociedad, cimientos de un futuro mejor.
