El final del conflicto, deberá traer consigo no solo el silenciamiento de los fusiles sino un verdadero proceso de perdón y reconciliación nacional. Debe ser la verdad el eje rector que constituya, como un derecho de todo el pueblo colombiano, el esclarecimiento histórico y las causas originarias del conflicto armado, así como sus consecuencias y efectos.
Buscar la verdad traerá consigo dolor y sufrimiento, no es fácil reconstruir la crueldad de este conflicto de décadas en medio de una nación que clama justicia y reparación, pero es un pilar fundamental para dar paso a una verdadera sociedad respetuosa, incluyente, democrática y en paz. Allí precisamente debe enmarcarse la figura de la Comisión de la Verdad, no como un formalismo de las partes sino como una garantía para cerrar esas heridas de tanto tiempo y edificar la reconciliación, la participación, el esclarecimiento, las garantías de protección y de no repetición de todas las víctimas.
Debe ser esta comisión objeto de pluralidad y diversidad, allí deben confluir todas las víctimas de los diferentes actores del conflicto (Estado, paramilitares, militares e insurgencia) y se deben reconocer a estas como sujetos de derechos, forjando como el eje central la dignidad humana y las diferentes esferas políticas, sociales y económicas transgredidas a través de las atrocidades propias de la confrontación.
Los integrantes de esta comisión deberán garantizar equidad, imparcialidad e independencia de presiones o acciones externas que puedan perturbar el proceso de reconstrucción histórica. Allí se debe garantizar la participación de las partes en confrontación armada y de los diferentes actores que de una u otra forma participaron en el conflicto armado interno y que apoyaron o se beneficiaron de él.
La Comisión de la Verdad en Colombia no puede entenderse como un mecanismo residual de los procesos penales, esta no será un escenario que reemplace la justicia ni una prenda de valor para obtener beneficios, por el contrario debe ser una figura independiente de los procesos judiciales cuyo mayor mérito debe ser garantizar el derecho a la verdad.
La verdad que puede develar y establecer esta comisión es la que tiene que ver con las responsabilidades colectivas y políticas, las causas y consecuencias del conflicto en sus múltiples dimensiones, objetivos, motivaciones y estrategias.
La experiencia internacional señala que el esclarecimiento de cada hecho desde una perspectiva de verdad forense no es posible. No se trata de determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada violación de DD. HH. e infracción al DIH, como sí se trata en un proceso judicial, sino de elaborar una narrativa que dé cuenta de patrones y no de hechos aislados, de responsabilidades colectivas y políticas y no de responsabilidades individuales, de causas y consecuencias y no de circunstancias particulares.
La Comisión de la Verdad se constituye en un momento colectivo de reconocimiento de lo que se sabe pero no se quiere aceptar, de las múltiples responsabilidades que como sociedad hemos engendrado por la confrontación y que deben emerger después de meses de negociación.
Como sociedad no debemos renunciar nunca a conocer la verdad de lo ocurrido y por más circunstancias desafortunadas y aberrantes que se hayan causado en medio del conflicto, debemos evitar a toda costa la repetición o insinuación de alguna acción desafortunada en un futuro.
Colombia hoy camina ad portas de un proceso exitoso de paz, donde se ha avanzado y reconocido responsabilidades mutuas, donde las víctimas son el eje central de la negociación, pero debe ser la sociedad civil de la mano de los actores del conflicto los que deben iniciar un proceso consecuente y sincero de reparación, donde la verdad tendrá que ser la hoja de ruta de la construcción de una paz estable y duradera.
