De Javier García Rojas decían en los clubes sociales y en juntas de negocios que era un próspero comerciante y un gran inversionista en el negocio de la palma de aceite, en el que llegó a invertir más de $ 1000 millones. En 2018 Estados Unidos y la Fiscalía de Colombia lo empezaron a buscar. Versiones de narcos capturados y paras capturados lo relacionaron con el narcotraficante José Bayron Piedrahíta Ceballos. Dijeron que eran socios. Empezaron a llamarlo por su apodo dentro del mundo del narcotráfico: Maracuyá. Desde aquel entonces nadie sabe el paradero de Javier García Rojas. Lo llaman el capo invisible.
Le puede interesar: Las mansiones, carros y joyas de la mafia que recibe el gobierno Petro de la SAE
Un par de meses después de haber sido mencionado por los investigadores gringos, el CTI le incautó varios bienes, entre ellos uno terreno en Cartagena, en -, Mamonal y Pasacaballos, una de las zonas industriales más costosas del país.
Aunque Maracuyá intentó a través de sus abogados acogerse a sentencias anticipadas las negociaciones fracasaron. Luego junto a una red de corrupción entre fiscales de extinción de dominio y agentes norteamericanos, estuvo a punto de recuperar sus millonarios predios, pero una investigación puso al descubierto la corrupción que había con los predios incautados. El lote que le pertenecía a Maracuyá, quien no pudo demostrar de donde lo había sacado, quedó en el gobierno Santos en manos de la SAE –Sociedad de activos especiales- la entidad encargada de viabilizar jurídicamente todo aquello que se le incaute a narcotraficantes para luego poner en venta o arrendar.
El terreno de 107 hectáreas, que son en verdad cuatro lotes unidos, según las investigaciones, fue comprado con el dinero que Maracuyá se ganó con el envío de cocaína a Estados Unidos, por rutas que pasaban por México en asocio con Piedrahita Ceballos. Este predio, que está para la venta por la SAE, y cuyo valor es de $ 290 mil millones, uno de los más costosos que le han quitado a narco alguno.
El predio está siendo ofertado como parte del inventario que le entregó el director de la SAE del gobierno Duque a Daniel Rojas, el hombre de confianza de Gustavo Petro nombrado para manejar este riquísimo fondo de bienes incautados, pero que, según sus advertencias ante la Cámara de representantes, está incompleto.
Tal es la incertidumbre sobre los bienes con que supuestamente cuenta el Estado y cuyo destino está ya definido por el nuevo gobierno, que ameritó un trino del Presidente Petro advirtiéndole la situación a la Fiscalía.
Le agradezco al Fiscal General de la Nación que reconstruya el inventario de bienes en extinción de dominio que se le entregó a la Direccion Nacional de Estupefacientes, hoy SAE.
Podemos estar ante uno de los peores hechos de corrupción de la historia.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 10, 2022
El narco Maracuyá es tan misterioso como el propio predio. Las investigaciones de los gringos y de la Fiscalía local dicen que es de origen caqueteño, uno de los peces gordos de la oficina de Envigado, una de las estructuras más peligrosas del país que inició como agencia de cobro sicarial de Pablo Escobar. Tras la muerte del capo se convirtió en una poderosa mafia que quedó bajo el liderazgo paramilitar de Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, quien desde 2008 fue extraditado a Estados Unidos tras incumplir el acuerdo de paz firmado entre paramilitares y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Varias versiones de condenados por narcotráfico y actuales colaboradores en las cortes norteamericanas a cambio de beneficios han contado que la historia traqueta de García Rojas empezó en los años 90 consiguiendo cocaína en Perú, Llanos orientales, y en otros departamentos del sur del país, que luego transportarla en pequeños aviones hasta una pista clandestina en Cartago, en el Valle, para luego hacerla volar hasta Estados Unidos.
Mientras que la Interpol sigue buscando al escurridizo Javier García Rojas, que sigue prófugo, sus bienes más preciados están a la venta al mejor postor. El megóalote de Mamonal es en este momento el bien más costoso que está ofertando la SAE a través de Cisa, una central de inversiones vinculada al ministerio de Hacienda. La vocación de los predios que logren vender está más que definida por el propio presidente Gustavo Petro: estos irán al fondo de tierras para la reforma agraria, los urbanos van a manos de desplazados y familias pobres que los requieren o para proyectos de economía popular u los recursos para reparación a las víctimas de la violencia. La tarea de Rojas en la SAE, una entidad señalada de mucha corrupción y clientelismo político en el pasado, apenas comienza. Las expectativas son enormes.