El domingo pasado todo ocurrió en Venezuela según el guion previsto por Washington para el caso de una victoria electoral que no fuera la de su candidato. Nicolás Maduro fue reelegido por el 51,2% de los votos elegidos, mientras que Edmundo González, el candidato de la oposición apoyado por Corina Machado, obtuvo el 44,2% de los votos. E inmediatamente después de conocerse la noticia Antony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, declaró que “tenía serias dudas en cuanto a la exactitud de los resultados” y añadió que “Nosotros creemos seriamente que los resultados no reflejan la voluntad del pueblo venezolano” y exigió que cada voto debe ser computado de manera justa y transparente. La comunidad internacional está siguiendo muy de cerca la situación y reaccionará en consecuencia”. La sedicente “comunidad internacional” obedeció y reaccionó a una velocidad vertiginosa. Gabriel Boric, presidente de Chile, declaró que “el régimen de Maduro debe comprender que los resultados publicados son difíciles de creer”. Rodrigo Chaves afirmó que “el resultado no refleja la voluntad del pueblo venezolano. Javier Milei, el presidente argentino, fiel a su estilo exaltado fue más lejos y llamó al presidente Maduro “dictador”, exigió que se fuera y remató los exabruptos afirmando que no reconocía en absoluto dichos resultados. Como ya lo ha hecho Corina Machado, que denuncio los resultados de “fraudulentos” antes de proclamar a Edmundo González como nuevo presidente.
Y con semejante rapidez las cancillerías de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú y Uruguay, emitieron una declaración conjunta en la que exigen “una revisión completa de los resultados, con la presencia de observadores independientes” y una reunión urgente de la OEA para evaluar la situación. La cancillería de Brasil se unió al coro, aunque fue más prudente: demandó “la verificación imparcial de los resultados” y exigió que “el Consejo Nacional Electoral publique los datos detallados de cada mesa electoral. Algo semejante pidió Luis Gilberto Murillo, nuestro flamante ministro de Relaciones Exteriores, que también se dio prisa en subir a X un trino referido a las elecciones venezolanas. Y también José Manuel Albares, ministro de relaciones exteriores del reino de España, y Josep Borrell, el ex Alto comisionado de asuntos exteriores de la Unión Europea.
Luis Gilberto Murillo, nuestro flamante ministro de Relaciones Exteriores, también se dio prisa en subir a X un trino referido a las elecciones venezolanas
A mí me sorprende no solo la velocidad con la que la “comunidad internacional” ha descalificado los resultados oficiales de las elecciones venezolanas sino el hecho de que no hubieran procedido con igual diligencia cuando el 4 de febrero pasado, Nayeb Bukele, el presidente de El Salvador, fue reelegido por el 82% de los votos, en unas elecciones realizadas en estado de emergencia indefinido y en clara violación de la prohibición constitucional de la reelección. Como tampoco lo hicieron cuando Pedro Castillo, el presidente de Perú, fue derrocado por el parlamento y enviado a prisión donde aún permanece en espera de juicio. Eso para no hablar del asalto de la Embajada de México en Quito, ordenada el pasado 5 de abril por el gobierno del Ecuador con el fin de apresar al exvicepresidente José Glas.
Ninguna de estos asaltos a las instituciones democráticas y de flagrante violación del derecho internacional movió a la “comunidad internacional” a condenarlas o siquiera a formular exigencias perentorias a los gobiernos mencionados. Y desde luego no llevó a ninguno de ellos a ser declarados “amenazas para la seguridad nacional” ni a imponerles sanciones por el gobierno de Washington. Hechos sobre lo que no creo que hayan reflexionado los bienintencionados y muy comedidos ministros de relaciones exteriores de Brasil y Colombia. Como tampoco creo que se hayan puesto a pensar en el próximo paso que dará el gobierno de Biden que, dado su historial, es sin embargo fácilmente previsible. Después de exigir que se revisen los resultados voto por voto y mesa por mesa, va a rechazar los resultados de dichas revisiones porque las ha realizado el Consejo Nacional Electoral y no por “escrutadores u observadores independientes”, nombrados por la oposición o por quien sea, porque lo que Washington no ha aceptado ni creo que vaya a aceptar nunca es la existencia misma de las instituciones de la república bolivariana surgida del “Caracazo”, la revuelta popular de 1989 desencadenada por las protestas contra el régimen oligárquico entonces existente, que condenaba a la pobreza y la miseria a las mayorías populares en el país con las segundas reservas petrolíferas del mundo. Y extraordinarias reservas de otros minerales igual de valiosos. El derecho de cada pueblo a elegir su destino es algo que Washington le seguirá negando empecinadamente al pueblo venezolano.
Ante la defensa que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela hará de su revisión de los resultados de las elecciones del pasado domingo, Washington obrará en “en consecuencia”, como anunció Blinken. Declarará amañada o fraudulenta dicha revisión, ilegitimo al gobierno del “autócrata” Maduro y - aunque dudo que se atreva a secundar a Corina y reconocer como presidente a Edmundo González - como en su día hizo con Juan Guaidó - sí es seguro que mantendrá las 930 sanciones de las ilegales impuestas por Donald Trump contra el gobierno del hermano país. A la espera de que los venezolanos aprendan por fin la lección de obediencia que lleva años impartiendo Washington. A golpe de sanciones, sabotajes y bloqueos. Amanecerá y veremos, dijo el ciego.
