Con la participación de 14 países latinoamericanos y europeos concluyó el pasado jueves 7 de febrero la reunión del Grupo de Contacto Internacional (GCI), convocado por México y Uruguay. Dicho cónclave terminó con un llamado que provocó dos posiciones diferentes: la declaración llamando a elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles en el menor tiempo posible y una solución pacífica excluyendo el uso de la fuerza, firmado por la Unión Europea, Uruguay, España, Costa Rica, Alemania, Italia, Portugal, Suecia, Francia, Países Bajos, Ecuador y el Reino Unido.
Mientras que México, Bolivia y los países miembros del Caricom no la suscribieron. El día anterior, miércoles 6, se había conformado y aprobado el mecanismo de Montevideo, un instrumento cuyo eje central es el diálogo sin condicionamiento entre las partes y a disposición de los actores venezolanos como una alternativa pacífica y democrática, de la cual luego de firmado se apartó Uruguay.
La representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, fue enfática en sus posiciones, pero señaló que ambas iniciativas “no son incompatibles una a la otra” y añadió que ambas pueden converger hacia el objetivo de alcanzar un resultado democrático y pacífico de esta crisis”. Sin embargo, la realidad, composición y objetivo de estas dos iniciativas son diferentes. La europea, injerencista e inviable. La mexicana y caribeña, respetuosa de los problemas internos y de la soberanía e independencia de los venezolanos.
Con la supuesta propuesta europea, Estados Unidos logró introducir la división en los objetivos que se planteaban México y Uruguay, y que irónica y seguramente con la desaprobación popular uruguaya, el gobierno de Tabaré Vázquez se alineó al lado de la Unión Europea, también de Estados Unidos.
Esta postura uruguaya abrió una brecha con México, nada saludable para el diálogo y la paz, objetivo que se perseguía alcanzar para evitar una confrontación militar en Venezuela, la que de no evitarse y oponerse unidamente a ella, el conflicto militar puede extenderse a una buena parte de la zona suramericana y a la desestabilización de toda la región que es en el fondo a lo que apuesta el gobierno de los Estados Unidos, para lograr recuperar la influencia política y económica de la cual gozaba en décadas anteriores.
La región suramericana, seriamente comprometidas, como es el caso de Brasil, Argentina, la propia Venezuela, por la multipolaridad y los acuerdos económicos y comerciales con grandes potencias, como lo son la República Popular China y la Federación Rusa, es signo de preocupación en Estados Unidos y así fue expuesta el 15 de febrero del pasado año por el jefe del Comando Sur, Almirante Kurt W Tipp ante la Comisión de Defensa del Senado en Washington. El alto jefe militar afirmaba que la acción de su país contra Venezuela, era entre otras, motivadas por las estrechas relaciones políticas, económicas y comerciales de este país andino con Rusia, China, Turquía e Irán, lo que ponía en riesgo la Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Un ejemplo claro fue la negativa a la propuesta del capitán-presidente Jair Bolsonaro, cuando se planteó en su política exterior limitar las relaciones comerciales con la República Popular China, el poderoso empresariado brasileño se negó, porque la venta de productos de Brasil al gigante asiático sobrepasan los 30 mil millones de dólares y Bolsonaro tuvo que retirar su propuesta.
La señora Mogherini conoce perfectamente, que la propuesta recogida en dicha declaración es inaceptable para el gobierno de Venezuela, la cual ya fue diplomáticamente refutada por el presidente Nicolás Maduro, quien se pronunció por el diálogo y la paz, y solo reconoció la propuesta mexicana y del Caricom, el llamado Mecanismo de Montevideo. Debe tomarse en cuenta que la posición venezolana no es ningún capricho, sino porque aceptar la declaración del CGI viola la Carta Magna del país andino y el adelanto de elecciones presidenciales, es admitir que las elecciones del 20 de mayo del 2018 fueron fraudulentas.
Por otra parte, desde Washington el señor Elliot Abrams criticó la cumbre convocada por iniciativa de México y Uruguay, y con total desprecio señaló “no estamos interesados en unirnos al Grupo de Contacto y llamó a la comunidad internacional a reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela”.
¿Una posición soberbia y desafiante o una hábil fórmula para lograr la propuesta intermedia? Abrams es especialista en esos engaños. Las posiciones guerreristas de Estados Unidos solo han tenido eco en un pequeño grupo de países subalternos , como está sucediendo hoy con la Unión Europea, a pesar de las posiciones antieuropeas que ha desarrollado el presidente Donald Trump desde que asumió la presidencia, denunciada por el excanciller sueco Carl Bildt, quien ante la escandalizada élite europea tuiteó “Nunca habría creído que un candidato a la presidencia de Estados Unidos pudiera constituir una grave amenaza a la seguridad de Occidente”.
En tiempo real y a través de sus tuits, Trump ha estado reconfigurando la política exterior de Estados Unidos y socavando a la Otán y a las bases de las relaciones de Washington con la Unión Europea, también de una buena parte de los tratados internacionales, como la ruptura de los Acuerdos de Paris sobre el cambio climático y su última irracionalidad el rompimiento del tratado de no proliferación de armas nucleares de medio y corto alcance, que recibió la inmediata respuesta del gobierno de Vladimir Putin, al dar a conocer que comenzarán a reactivar su industria en este tipo de armas.
Por último, y para dejar claro que todo lo que ha venido implementando Estados Unidos contra Venezuela, utilizando a su empleado en la OEA, Luis Almagro, es una grave violación a la carta de la ONU y de la propia y desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA), en su artículo 19, reza: “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente a las fuerzas armada, sino cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen”.
Venezuela puede solicitar una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que respondan si las intervenciones de Estados Unidos, el Grupo de Lima y la Unión Europea violan o no el derecho internacional. Algunos de estos gobiernos pueden ser sometidos a una acción judicial en sus propios países por violaciones al derecho internacional, como el caso panameño que en el artículo 4 de su carta magna obliga a Panamá a acatar las normas del derecho internacional, la más importante de las cuales es la no intervención en los asuntos internos de otros Estados. Panamá no puede olvidar la criminal intervención gringa en su territorio que costó decenas de miles de muertos.
Esperemos que el camino del diálogo y la paz reine en nuestra región y que termine la farsa montada artificialmente por Estados Unidos contra Venezuela y que los gobiernos latinoamericanos y caribeños se unan para defender el derecho de no intervención en sus asuntos internos porque a futuro no se puede predecir si alguno de ellos puede ser víctima de lo que hoy sucede con el gobierno venezolano.
