Nicolás Maduro, presidente autoritario de Venezuela, no acepta su derrota en las urnas, pese a evidencia abrumadora de que E. González, candidato opositor, lo dobló en votos. Tanto el resultado como el mecanismo para ponerlo en evidencia son producto de ardua labor de mucha gente, bajo la batuta de M. C. Machado. La comunidad internacional se ha pronunciado en forma marcada, aunque el tirano cuenta con el respaldo de China, Irán y Rusia.
El desenlace es incierto, porque el chavismo se tomó el estado desde el gobierno, y aspira a perpetuarse. Ganó las elecciones en 1998 como respuesta a aspiraciones no atendidas por gobiernos ineficientes y, en mayor o menor grado, infestados de corrupción, y transformó las instituciones en instrumentos para sus propósitos bajo el amparo de precios altos de petróleo desde 2005 hasta finales de 2014, que ocultaron en buena medida los efectos nocivos de nacionalizaciones sin aportar gestión idónea en sectores de importancia, como la producción de acero y la de cemento.
El deterioro de la economía se acentuó con la caída de los precios del petróleo, la degradación de la gestión de PDVSA, empresa estatal a cargo de exploración y producción del crudo, y el gasto público insostenible, financiado con deuda.
El mundo usa petróleo sobre todo para el transporte, la generación eléctrica, y el control de temperaturas en interiores, sea calentar en invierno o enfriar en verano, en los países con estaciones. Se ha avanzado para desarrollar fuentes de energía con menos impacto en el ambiente, pero el producto probablemente seguirá vigente por lo menos por tres o cuatro décadas.
Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo, pero el grueso de su producción es crudo muy pesado, que requiere refinerías adecuadas para su procesamiento. En 1998 la producción era superior a los 3 millones de barriles de crudo por día, en tanto que hoy la producción es inferior a la de Colombia, que no alcanza los 800 mil barriles por día. Las refinerías están en crisis y su producción es mínima.
Los efectos de la pésima administración han sido perceptibles: hay 8 millones de venezolanos fuera de su país, 2.5 millones de ellos en Colombia, en contraste con la situación de hace cuatro décadas, cuando el ingreso por habitante era el más alto de Latinoamérica. Para mitigar los efectos nocivos de la deficiente gestión el chavismo ha tolerado en los últimos años el uso del dólar americano, y la economía ha mejorado. Sin embargo, la proporción de población debajo de la línea de pobreza extrema hoy es del orden de 50%.
El régimen se ha sostenido con apoyo de subsidios populistas insostenibles; los beneficiarios lo apoyan pese al empobrecimiento general, pero en las actuales circunstancias el factor determinante del desenlace podría ser el ejército, cuyas huestes enfrentan un dilema. Cabezas y mandos medios se han beneficiado, de una u otra forma, con la corrupción y temen sanciones penales si el régimen cae. Al tiempo, las huestes son parte de la población, con familiares en serias carencias.
Si la oposición logra acceder al poder por la fuerza del pueblo, enfrentará la tarea de insertar el país en la economía mundial y, al tiempo, rediseñar instituciones públicas, hacer la transición de lo actual a lo que se defina, y reeducar a la población, que lleva un cuarto de siglo en las nubes.
Venezuela, nuestro vecino, está en el aire. Es preciso desplegar solidaridad.
