Los primeros cinco meses del 2024 han valido por varios años en Venezuela. Meses que el 28 de julio concretarán una síntesis de enorme gravitación, no solo para el país caribeño, sino para la democracia latinoamericana. Siempre que la dictadura chavista no pegue otro zarpazo como el de 2017 que se llevó la vida de 300 venezolanos, decenas de torturados y detenidos políticos.
En enero 2024, el Tribunal Supremo de Justicia, —un apéndice de Nicolás Maduro— ratificó una sanción que inhabilitaba hasta 2036 a la principal figura de la oposición María Corina Machado, electa en las elecciones internas de 2023, donde obtuvo el 92 por ciento —más de dos millones de votos— de respaldo para ser la candidata única de la oposición en las elecciones generales del 2024.
La injustificada medida chavista hería de muerte el Acuerdo de Barbados suscrito en octubre 2023 entre la oposición venezolana y Miraflores, —acompañados por Noruega, Barbados, Colombia, Estados Unidos, México, Países Bajos y Rusia— mediante el cual la Casa Blanca levantaba sanciones al gobierno encabezado por Maduro, si este se comprometía realizar elecciones sin inhabilitaciones, en igualdad de condiciones para todos los candidatos y con veeduría internacional. Adicionalmente la dictadura liberó a cinco presos políticos.
El 24 de octubre 2023, seis días después de firmados los acuerdos, se realizaron las elecciones primarias de la oposición en las que fue electa Machado, y de inmediato el dirigente chavista Jorge Rodríguez las calificó de «estafa electoral», con lo que abrió el cauce a nuevas medidas represivas del régimen.
Tanto la Unión Europea como el gobierno de izquierda de Chile, encabezado por Gabriel Boric reaccionaron de inmediato ante la inhabilitación de Machado, pidiendo se habilitara la participación de todos los candidatos. Estados Unidos reactivó las sanciones al petróleo, gas y oro de Venezuela, lo que fue calificado por el gobierno de Venezuela de «grosero e indebido chantaje».
El 4 de febrero 2024 Maduro anunció que ganaría las elecciones «por las buenas o por las malas». Ese mes expulsó al Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos en Caracas, acusándole de haberse convertido en «el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas», al mantener «una postura sesgada y parcializada para generar impunidad para las personas que planifican atentados, magnicidios». A esa altura del año electoral sumaba 38 nuevos presos políticos acusados de «conspiración». Las cifras que maneja la ONG Espacio Público, suman un total de seis espacios radiales sacados del aire en febrero.
El 21 de febrero 2024, familiares de un ex teniente del ejército venezolano, Ronald Ojeda (1991-2024), quien en 2017 había sido declarado «traidor a la patria» por la dictadura venezolana, denunciaron su secuestro realizado por individuos que utilizaron uniformes de la policía chilena para llevar a cabo la detención del ciudadano refugiado en Chile. El 2 de marzo fue encontrado el cadáver de Ojeda en una zanja de 1,4 metros de profundidad, en la comuna de Maipú, en Santiago, capital del país sudamericano.
En opinión del fiscal chileno Héctor Barros el crimen tuvo un móvil político y fue organizado directamente desde Venezuela.
El 26 de marzo el régimen de facto impidió, mediante la negación de acceso al sistema, la inscripción de la candidatura de la profesora Corina Yoris (80) académica que había sido designada candidata a presidenta por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela. Yoris era el reemplazo de Corina Machado.
Paralelamente Maduro formalizó su candidatura a la relección. El 28 de marzo, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva afirmó que los impedimentos para la inscripción de Yoris constituían algo «grave» y que no tenían explicación «política ni jurídica».
«No quiero nada mejor ni peor para Venezuela, quiero que las elecciones sean hechas como en Brasil, con la participación de todos», dijo Lula, uno de los importantes apoyos de Maduro en Latinoamérica, durante una comparecencia conjunta con su homólogo francés, Emmanuel Macron, de visita oficial en Brasil. El presidente galo también condenó las inhabilitaciones de Miraflores a la candidata sustituta.
El 17 de abril, el presidente de Colombia Gustavo Petro, declaró que la inhabilitación de Machado era «un golpe antidemocrático», al tiempo que proponía la realización en Venezuela de «un plebiscito» para establecer «un pacto democrático» entre todas las fuerzas políticas. Esto fue percibido por sectores opositores como una ruta de transición que garantice la no responsabilización de los personeros del régimen por las violaciones a los DH cometidas durante dos décadas. La Corte Penal internacional (CPI), abrió en 2018 un examen preliminar sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades venezolanas. En marzo 2024, la CPI decidió proseguir su investigación luego de desestimar la apelación del régimen quien había calificado de «infundada» la decisión de la CPI, atribuyéndoles intenciones políticas.
El 20 de abril 2024, Edmundo González Urrutia (74), resultó finalmente el candidato «tapa» o «cuidapuesto» como se dice en Venezuela, para poder competir electoralmente con Maduro el 28 de julio. Ex embajador, escritor y profesor con amplia experiencia en relaciones internacionales, González pasó de ser un desconocido para la ciudadanía venezolana, a concitar gran apoyo abonado por la militancia cívica de María Corina Machado, expresado en multitudinarios actos callejeros. En la segunda mitad de mayo 2024, junto a la candidata inhabilitada, González se ha presentado en algunos actos públicos generando una ola de entusiasmo electoral como hace muchos años no se veía en el país caribeño. Hasta el presente, el candidato opositor se ha mostrado favorable a ofrecer al chavismo garantías postelectorales, así como también a reformular las relaciones con EEUU y con Cuba.
El 23 de abril 2024, el dictador de Venezuela, anunció el regreso al país de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Maduro hizo el anuncio en compañía del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien ese día abrió una oficina de la fiscalía de la CPI en Caracas.
El 2 de mayo 2024, La Organización de Estados Americanos, OEA, presentó un informe que denuncia la participación del régimen cubano en crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Un informe de la agencia AFP del 30 de mayo 2024, sostiene que hay datos atribuidos a empresas encuestadoras que son «falsos» o «engañosos». El departamento Factual de AFP analizó y cuestionó los datos atribuidos a las empresas Meganálisis, Datincorp, Datanálisi y Hercon, que otorgan un favoritismo a González abrumadoramente superior a Maduro: en el entorno de 60 a 20 por ciento favorable al candidato opositor al del chavismo. Otros medios periodísticos informan que las encuestas de Datincorp,
Delphos y Consultores 21, revelaban a mediados de mayo un apoyo a González ubicado entre un 45 y 50 por ciento de intención de voto; mientras que Maduro se mueve entre un 18 y un 34 por ciento de apoyo popular. Una desconocida empresa, Ideadates, difundida por la televisión pública venezolana, otorga a Maduro el 52.7 por ciento de la intención de voto.
Las acciones gubernamentales de los últimos días de mayo no auguran un desarrollo transparente del acto comicial. El 28 de mayo el presidente del Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, Elvis Amoroso, anunció la revocación de la invitación realizada la Misión de Observación de la Unión Europea para las elecciones de julio, lo que generó el rechazo de gobernantes europeos, como el del ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani. Ante esta nueva violación de lo acordado en Barbados, el ministro del gobierno de derecha se mostró «muy preocupado» y dijo que su gobierno «seguirá comprometido a trabajar para el derecho del pueblo venezolano a elecciones libres, creíbles, transparentes y competitivas».
El régimen había acordado invitar como observadores electorales también a la ONU, al Centro Carter, la Unión Africana y la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Los dirigentes opositores se preparan para tener una presencia militante en cada mesa receptora de votos como garantía de verificación del resultado electoral.
Aun no se puede asegurar nada.
