Venezuela representa para Estados Unidos a lo largo de las últimas dos décadas un punto de tensión geopolítica en la región latinoamericana. El impulso hacia gobiernos de derecha (dictatoriales en su gran mayoría) en el siglo pasado, es ahora una herencia de la Guerra Fría sin duda, con la salvedad que después de la caída de la Unión Soviética el país norteamericano ha transitado de estar en un mundo unipolar a uno nuevamente multipolar gracias al ascenso de Rusia y China que, en distintos puntos del globo, dificultan la toma de decisiones sobre la hoja de ruta a tomar para garantizar sus interés nacionales.
En otros escenarios de Bush padre a Bush hijo se expresó una clara actitud intervencionista en cuanto a las acciones militares desplegadas de forma unilateral en Panamá (1989), la Guerra del Golfo (1991) con la invasión de Kuwait o la toma de Irak (2003) tras los atentados del 11/s que definitivamente cambiaron la actitud estadounidense por su enfoque en la lucha contra el terrorismo internacional. Especialmente en Irak es destacable la inyección de millones de dólares en el sector defensa destinados al mantenimiento de las tropas en tierra, aún presentes en Medio Oriente, y el implícito fortalecimiento de la industria bélica.
Ahora bien otra es la situación en los gobiernos de Barack Obama y del mismo Donald Trump. En Siria y los efectos colaterales de la denominada “primavera árabe” del 2011, ha mediado más las acciones diplomáticas de Vladimir Putin (sumado al envío de cazas y contingentes militares para apoyar a Bashar al-asad) o los convenios comerciales que los chinos realizan en suelo sirio para reactivar su economía. Aquí se manifiestan dos aspectos claves: intentos de desestabilización interna vía insurrecciones populares o el envío de militares para brindar apoyo a ejércitos de oposición contra los gobiernos que buscan derrocarse. Por supuesto, la experiencia en Irak, Afganistán y la misma Siria, tienen efectos directos en los dos últimos gobiernos norteamericanos sobre su posición política frente a Venezuela.
Contra el chavismo se realizan diversas estrategias que por ahora descartan las maniobras militares. Por ejemplo, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunció el pasado jueves 26 de marzo la recompensa de 15 millones de dólares por la entrega de Nicolás Maduro a las autoridades judiciales de ese país. Se le acusa de conspiración para el narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armamento peligroso para los países vecinos. Maduro es señalado de ser el presunto líder de la organización criminal “el Cartel de los Soles”, la cual habría realizado una alianza con las disidencias de las FARC-EP para el envío de toneladas de cocaína a suelo norteamericano, llegando a usar inclusive bases militares del gobierno bolivariano para tal operación.
Lo anterior se suma al paquete de sanciones económicas que limitan el comercio con otros países, reduciendo las divisas obtenidas de la producción petrolera, principal ítem de la economía venezolana. A su vez, la estrategia se complementa con el apoyo (cada vez más discutible) a quien dice ser el presidente interino de Venezuela: Juan Guaidó, quien de hecho no tiene control de facto de ninguna facción estatal en su país ni mucho menos posee la capacidad de unir a la oposición en pro del derrocamiento de Maduro.
A pesar del discurso belicista de Trump y los ejercicios militares realizados en el Caribe (generando presión o disuasión), intervenir militarmente a Venezuela, aunque es una posibilidad que no debe descartarse, es poco probable en el actual escenario internacional. Para que Estados Unidos lleve a cabo tal operación, puede apoyarse a través de otro país latinoamericano como Colombia, gracias a que es un aliado estratégico de la OTAN, y cuenta con 7 bases disponibles para las fuerzas norteamericanas. No obstante, Donald Trump requiere primero convencer al congreso para realizar la invasión, es decir, debe legitimar una “guerra justa” frente a Maduro. En ese caso, no puede argumentar la presencia de armas de destrucción masiva tal como se hizo en Irak, ni la existencia, en el caso de Vietnam, de contingentes comunistas dentro de la población campesina. Es más probable que continúen las medidas diplomáticas y las sanciones económicas, como las mejores armas políticas para desgastar el régimen.
La situación es más compleja si se tiene en cuenta el trabajo previo realizado por Hugo Chávez en torno a la progresiva militarización del país, y la carrera armamentística que adelantó con apoyo ruso para dotar de material de guerra a los estamentos militares y la población civil. Al tener Maduro el contundente espaldarazo del sector defensa y contar con el apoyo táctico de los rusos y los chinos, poco pueden hacer por ahora el rechazo realizado por los ciudadanos por medio de protestas y otras actividades de resistencia.
De esta forma la actual imagen de los Estados Unidos tras los casos de intervención militar anteriormente mencionados, generan importantes preguntas sobre la conveniencia de su aplicación en territorio venezolano. Suponiendo un escenario en el cual puedan aplicar doctrinas como la de Rumsfeld, basada en el ataque y selección de objetivos a gran distancia, sin un despliegue importante de tropas, o un ataque conjunto con el ejército colombiano como muchos han planteado, ¿Cuáles serían los planes de posguerra?
Después de la acción militar es indispensable plantear un proceso de transición entre los poderes chavistas y las fuerzas políticas que las sustituirán, pero ¿cómo es esto posible sin una oposición unida y sin un líder contundente frente al régimen? Si logra superarse la toma de poder por unos “nuevos” movimientos políticos, es más confuso todavía cuales serían los aspectos claves en la reconstrucción, administración civil y la ayuda humanitaria que necesitan millones de venezolanos. Es común entonces enfocarse en las operaciones militares, sin garantizar los alimentos, vivienda y seguridad de los venezolanos sujetos a la invasión ¿Es aquello lo que quiere la nación de la libertad?
