En ausencia de una posición contundente de los gobiernos del continente, o de la OEA, a la crisis humanitaria en Venezuela, (un silencio interesado que ha proporcionado oxígeno a la dictadura establecida por el cartel de Miraflores), en las calles latinoamericanas se expresa un rechazo por los refugiados venezolanos, y ya se ven marchas pidiendo su expulsión. No hace poco aquí, en la costa Atlántica, se escuchaba a un par de políticos pidiendo mayores controles sobre la frontera para evitar el ingreso de lo que ellos ven como un problema que no les corresponde.
Pues la noticia es que sí, la crisis humanitaria en Venezuela sí es nuestro problema. De la misma manera como el mundo entero se ha convertido en el hogar de millones de inmigrantes colombianos que abandonaron el país por causa de la violencia y la pobreza durante décadas, ahora nos corresponde a nosotros activamente proteger a quienes abandonan su país en situación desesperada. Y eso es una obligación, no un favor. Una obligación que hace parte del núcleo de nuestra Constitución, por tratarse de principios humanitarios ampliamente desarrollados por el derecho internacional, y en particular, por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra de 1951 relativo a su protección.
En la última semana, la situación en Venezuela se ha agravado considerablemente. El enfrentamiento entre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional (ANV) de mayoría opositora ha alcanzado un punto de ruptura con dos fallos (las sentencias 155 y 156) que, entre otras cosas, transfieren los poderes de la Asamblea a la Sala Constitucional del Tribunal (aunque luego tuvo que retractarse parcialmente y por ahora la Asamblea se encuentra suspendida). Eso es como si la Corte Constitucional nuestra cerrara el Congreso y usurpara para sí el poder legislativo. La Asamblea Nacional de Venezuela no tiene posibilidad de impugnar a estos jueces o solicitar su remoción del Tribunal Supremo porque para hacerlo necesitaría del apoyo de “Poder Ciudadano” que depende del “Consejo Moral de la República”, controlado enteramente por Maduro.
Como si fuera poco, Henrique Capriles, uno de los grandes líderes de la oposición, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por 15 años por supuestos actos “ilícitos” de carácter administrativo. Leopoldo López sigue en la cárcel junto con otros en condiciones precarias, y el Copei, uno de los partidos históricos, está a punto de perder su estatus legal. Frente a este intento final de la dictadura por asfixiar completamente a la oposición, los venezolanos han salido a la calle a protestar, por lo que no se descarta que una revuelta popular derive en actos de violencia extrema para reprimirla.
Como el gobierno Santos no va a pronunciarse,
haría falta que un venezolano instaurara una acción de tutela
para que la Corte Constitucional se pronunciara por lo menos desde el aspecto humanitario
Como el gobierno Santos no va a pronunciarse al respecto, haría falta que un venezolano instaurara una acción de tutela para que la Corte Constitucional se pronunciara por lo menos desde el aspecto humanitario, como lo ha hecho en el pasado para defender a las víctimas de nuestro conflicto, y así activar los mecanismos de protección que hacen parte del bloque de constitucionalidad, de tal suerte que Consejos y gobiernos regionales puedan tomar medidas de amparo a los refugiados usando los presupuestos locales. Un aspecto de suma importancia son los niños. Muchos niños campesinos venezolanos están cruzando la frontera por La Guajira. Le corresponde a la Defensoría del Pueblo y al ICBF amparar los derechos de esos niños, facilitar su escolarización, cuidar de su alimentación y proporcionarles atención básica en salud.
Otro factor clave son las comunicaciones. En ausencia de medios independientes, todos cerrados y criminalizados por el régimen de Maduro, los venezolanos dependen de periodistas y ciudadanos en todo el continente para dar a conocer su situación. Dado que amplios sectores de la frontera son regiones binacionales de dinámica mixta, los medios colombianos les deben un tratamiento especializado, proporcionado y actualizado, que les permita a los venezolanos en el exilio conocer lo que está sucediendo, y que mantenga vigente la crisis hasta que los mecanismos regionales se vean obligados a responder.
Como sé que habrá más de uno que reivindicará sus odios hacia los venezolanos, permítanme responder por adelantado que proteger y acoger a los refugiados es también una obligación cristiana elemental. Jesús tuvo que huir de la crueldad de Herodes siendo apenas un bebé de brazos. Él también fue un refugiado y un perseguido político que resistió la persecución. La experiencia de estos niños que sufren las guerras es también la experiencia del Cristo, por lo que siempre he creído que cualquier creyente verdadero debe llamarse a sí mismo humanitario. Les deseo a todos una Semana Santa llena de fe y renovación.
