La noche del pasado viernes 06 de julio en cerca de 50 ciudades del mundo se encendieron velas para exigirle al gobierno de Colombia que proteja la vida de sus activistas populares. Más de una veintena han sido asesinados desde el 17 de junio, fecha de la elección presidencial. Muchos de ellos promovían la propuesta del candidato de izquierda Gustavo Petro.
De enero de 2016 a junio pasado 311 líderes sociales fueron asesinados en Colombia, según advierte el defensor del Pueblo nacional, Alfonso Negret. Ocho en la semana que culmina. Los dos últimos en las horas que rondan a esta nota. Poco antes de sentarme a escribirla recibí la denuncia de la muerte de José Fernando Jaramillo Oquendo, integrante de la Junta de Acción Comunal de Pascuita, vereda El Torrente de Ituango. Con el suyo, ascienden a 16 los homicidios de líderes de esta zona del norte de Antioquia en lo que va corrido del año. Y para cuando salga publicada ya habrán matado al coordinador de la campaña de Petro en Pitalito, Huila: Frank Dairo Rincón.
Por aterradoras que sean estas cifras, las matanzas de activistas sociales, opositores y defensores de DDHH no son nuevas en Colombia. Desde tiempos que escapan a la memoria, la eliminación física, violenta y sistemática del opositor —y, en últimas, del que piensa diferente y constituye una opción de poder al tradicional— se ha instalado como una práctica del quehacer político en medio de la guerra atávica que desangra al país.
Lo que, muy seguramente, no tiene precedentes es la reacción ciudadana y espontánea que han dado masivamente los colombianos, dentro y fuera del territorio, ante la reciente ola de homicidios y amenazas de la que son blanco los líderes sociales y activistas políticos de la oposición. Una violencia particularmente recrudecida desde la elección en segunda vuelta del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, el pasado 17 de junio
#NosEstánMatando
Con velas encendidas en plazas públicas, frente a las sedes de las embajadas y hasta en la intimidad de los hogares, los colombianos en el exterior exigieron, el viernes en la noche, a las autoridades de su país que actúen para frenar los crímenes contra dirigentes populares, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición. Así mismo, instaron al gobierno colombiano a que garantice la seguridad de estos líderes, tal y como quedó consagrado en el histórico acuerdo de paz firmado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la otrora guerrilla de las Farc (2016).
La primera vela por la vida se encendió en Sídney. Y le siguieron en la “velatón mundial” unas cincuentena de ciudades: Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Toulouse, Berlín, Londres, Estocolmo, Quebec, Montreal, Nueva York, San José, Sao Paulo, Esmeraldas, entre varias más.
Póngase la camiseta
En la emblemática Plaza de Trocadero de París decenas de personas denunciaron el recrudecimiento de la violencia en Colombia, tras la segunda vuelta presidencial, contra activistas sociales y de oposición. Los jóvenes a la cabeza de la iniciativa Póngase la Camiseta hicieron, una más de sus apariciones en eventos públicos, portando una camiseta amarilla con una letra que al unirse todos forma la consigna "Vida a los líderes sociales".
Esta semana, dos mujeres, Ana María Cortés y Margarita Estupiñán, lideresas de la campaña de Gustavo Petro y Ángela María Robledo (Colombia Humana) fueron asesinadas. La intimidación contra integrantes de esta formación política de izquierda se acentúa día tras día. Sus miembros denuncian un plan de exterminio encaminado a aniquilar la opción Colombia Humana del paisaje político colombiano. María José Pizarro, recién electa congresista por esta coalición ciudadana, explicó en la velada parisina los desafíos que en la Colombia de hoy implica hacer política desde la oposición.
No sería la primera vez que se eche a andar un eficaz plan de exterminio contra la oposición en Colombia. Para no hacer la lista interminable, cito solamente algunos casos ocurridos a partir de la segunda mitad del siglo pasado: los guerrilleros del llano eliminados, uno a uno, tras dejar las armas(1953); la masacre de cientos de gaitanistas que siguió al magnicidio del líder popular Jorge Eliécer Gaitán (1948) ; el genocidio de la Unión Patriótica, es decir, la eliminación de miles de integrantes de este movimiento de oposición, surgido de los acuerdos de paz con las Farc (1984) y que incluyó el asesinato de su máximo dirigente y candidato presidencial, Bernardo Jaramillo (1990). Una muerte a la que, solamente un mes después, se sumó el homicidio de otro candidato presidencial de izquierda: Carlos Pizarro, líder del movimiento político legal surgido del acuerdo de paz firmado, apenas dos meses antes, entre la guerrilla del M19 —comandada por Pizarro— y el gobierno de turno colombiano. Tras el homicidio de Pizarro vinieron los asesinos de varias decenas de los integrantes de ese movimiento guerrillero desmovilizado y transformado en fuerza política legal.
A cada firma de paz en Colombia le sigue, pues, una ola de asesinatos de quienes lideran el proceso surgido de dichos acuerdos. No se trata de un ciclo natural, ni de una fatalidad. A la movilización ciudadana de forjar, de una vez por todas, el fin de esa práctica mortífera anclada en las mentalidades de un sector de la sociedad colombiana.