Mucho se ha especulado acerca de los motivos reales detrás de la férrea oposición del Centro Democrático a la JEP. Sin embargo, no se había presentado un hecho que sacudiera tanto nuestras conciencias hacia una visión más objetiva como el del 15 de mayo de 2019.
Su impacto inmediato y certero provocó la renuncia del fiscal más cuestionado que ha conocido Latinoamérica, señalado de haber llegado a la Fiscalía con el apoyo del magistrado Leonidas Bustos y de haber sido defensor del Grupo Sarmiento Angulo, que resultaría implicado en el escándalo de Odebrecht y de cuyos testigos principales sus únicos vestigios son las grabaciones presentadas en fechas anteriores a de sus muertes, en circunstancias aún sin esclarecer. Hechos como estos y su persecución implacable a la JEP, indiferencia a fenómenos como el paramilitarismo en nuestros días, el incremento en el asesinato de líderes sociales, y su defensa hacia el uso del glifosato, le valieron el apelativo de fiscal cianuro, que ni masivas marchas ni protestas mediáticas lograron reducir hasta su renuncia, aun cuando el solo vínculo con Odebrecht, fue razón suficiente para que los entonces presidentes de otras naciones como PPK de Perú, y Rousseff de Brasil perdieran su investidura.
Fue la JEP mediante su decisión de ordenar la liberación del cínico exguerrillero Santrich recluso en la Picota, la cereza del pastel que terminaría provocando la renuncia del Fiscal, quien habría dedicado todos sus esfuerzos, en acabar con un acuerdo que, aunque imperfecto, persigue dar paso a una Colombia donde el Centro no sea la lucha armada, sino el desarrollo sostenible del campo de la mano de la cuarta revolución industrial. Para esta tarea no estaba solo, en realidad fue más que evidente el papel del partido Centro Democrático en dicho propósito, que inició con las objeciones de Duque a los acuerdos, las trabas ambas cámaras, las coimas a congresistas para que se abstuvieran de votar y hasta la tutela del bachiller, que finalmente resultaron infructuosos ante la presión ciudadana al congreso. Con la JEP entendimos que no hay hijos de la Farc, hay hijos de la paz y que nadie ni mucho menos una figura con la visibilidad de una vicepresidente, tiene derecho a estigmatizar o a justificar la muerte de excombatientes, mediante estratagemas y cortinas de humo, como en el caso de Dimar Torres en el Catatumbo por parte del ministro Botero. Por la JEP es posible que ahora dicho tipo de delitos estén en la mira de congresistas y colombianos conscientes, que buscan que mediante mecanismos que da la ley, aparten de su cargo funcionarios que vulneren los derechos humanos en ejercicio de sus funciones, empleando figuras como la moción de censura.
Hechos como este se complementan con la representación de Colombia por parte de un grupo de excombatientes de las Farc en Rrafting en Australia, las prometidas revelaciones del exfiscal Montealegre acerca de Álvaro Uribe, y de la desvinculación de la “calladita” por conflicto de intereses al proceso de Indagatoria por falsos testigos contra el hoy Senador. Todo esto en menos de una semana en el marco de la negación de las objeciones a la JEP.
