En estos tiempos cuando la humanidad está amenazada por la pandemia (COVID-19), que ha causado más de un millón de muertes, todos los países del mundo se han unido para combatirla. Resultado de estas acciones es la obtención de varias vacunas en tiempo récord, lo que nos da entender que cuando hay voluntad y unidad todo es posible. En Colombia, desde la implementación del Frente Nacional, un peligroso virus comenzó a incubarse en el Estado colombiano, cuyos portadores han sido los representantes de los partidos tradicionales y sus mutaciones políticas (Centro Democrático, Partido de la U, Cambio Radical) que han gobernado al país, hasta llegar a convertirse hoy en la pandemia que mayores estragos le hace a toda la estructura estatal, afectando seriamente el desarrollo de la nación y obstruye la solución de los problemas que padece la sociedad, especialmente de los sectores menos favorecidos. Esta pandemia es el virus de la corrupción que absorbe los recursos del Estado, práctica cancerígena que desvía nuestros recursos hacia las arcas de los políticos que tienen en sus manos el control del poder.
Con frecuencia, posando de "honestos" y "honorables", estos políticos periódicamente presentan algunos proyectos, remedos de reformas para combatir la corrupción, pero sin ninguna intención real para acabar con este flagelo. Con tal juego engañoso nos han entretenido por más de 50 años, sin que se avizore una propuesta seria, objetiva y eficaz para extirpar la pandemia de la corrupción.
Durante las últimas cinco décadas he observado y estudiado el fenómeno de la corrupción, lo cual me permite traer a colación la posición de Carlos Lleras Restrepo, cuando la identificaba como el clientelismo y, en sus últimos años de vida fijó una posición muy fuerte contra esta práctica. Igualmente, Álvaro Gómez Hurtado supo identificarla con precisión, llamándola "el régimen", llegando a afirmar que “el Presidente de la República es un prisionero del régimen”.
Ante el nivel de afianzamiento de la pandemia de la corrupción que absorbe el 7% del presupuesto nacional (más de 50 billones de pesos anualmente), es un deber de quienes tenemos claridad sobre los estragos que nos está causando, poner nuestra capacidad y voluntad al servicio de nuestro país, planteando propuestas que conduzcan a inmunizar todo el cuerpo del Estado contra el virus de la corrupción, en todas sus expresiones, para poder transitar por el camino del progreso y el bienestar.
Consecuente con todo lo expuesto y, después de un cuidadoso análisis de las diversas causas y manifestaciones en que se expresa la corrupción, quiero invitar a las colombianas y colombianos a que evalúen los siguientes tratamientos que expongo a manera de vademécum para inmunizar a Colombia contra la corrupción:
Tratamiento N. 1: independizar la justicia de los otros poderes, desde su nivel más alto.
Uno de los elementos esenciales en un Estado de Derecho es la independencia de los poderes públicos, pues solo así se garantiza la plena aplicación de pronta y cumplida justicia, siendo el único aspecto determinante en esto, el estricto acatamiento de lo dispuesto en la ley, para ello se requiere que el juez actúe con total independencia, sin lo cual, el Estado de derecho pasa a ser una caricatura.
Sin necesidad de hacer grandes análisis, basta con observar lo acontecido recientemente en nuestro país, con la designación de los máximos órganos de control (Procuraduría, Fiscalía, Contraloría) y la intervención del presidente en la designación de magistrados en las altas cortes, para percatarnos que la corrupción parte desde lo más alto del Estado y, es desde allí, donde debe empezarse a extirpar esta pandemia y, para lograrlo, me permito presentar a consideración de los colombianos el siguiente tratamiento:
Crear un organismo (especie de Tribunal de Máxima Instancia), totalmente independiente del Congreso y de la Presidencia de la República, cuyos miembros estarán en el cargo hasta cumplir la edad de ochenta (80) años y, sus reemplazos se designarán por el sistema de cooptación. Este organismo podría constituirse de la siguiente manera:
a. Seis (6) miembros designados por las 15 facultades de derecho acreditadas y que sean las mejor calificadas por el nivel profesional de sus egresados, por el nivel de su trabajo investigativo y la trayectoria de sus docentes en el ejercicio del Derecho.
b. Tres (3) miembros designados por la Corte Suprema de Justicia.
c. Tres (3) por el Consejo de Estado.
d. Tres (3) por la Corte Constitucional.
Este organismo tendrá las siguientes funciones:
1. Designar a los miembros de las altas cortes mediante ternas que cada una de ellas enviará.
2. Designar al Procurador General de la Nación, al Fiscal General de la Nación y al Contralor General de la República, de ternas que enviarán el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.
3. Estudiar y calificar las demandas que se presenten en contra del Presidente de la República (actualmente es competencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes), cuya valoración pasará a consideración del Senado de la República, para que lo sancione o absuelva.
4. Ser juez de segunda instancia en las demandas presentadas contra los miembros del Congreso de la República, de las altas cortes y de los gobernadores.
Este tratamiento constituye el punto de partida para combatir la pandemia de la corrupción; en posteriores entregas iré presentando cinco tratamientos adicionales con los cuales considero podemos llevar a Colombia a una vida más tranquila y próspera, donde podamos tener más confianza en nuestros políticos y gobernantes, bajo la seguridad de que los recursos del Estado se destinen a satisfacer nuestras necesidades y a impulsar el desarrollo sostenible que tanto anhelamos.
