El principio de la precaución está contemplado en la legislación colombiana pero el actual Plan Nacional de Salud Pública no lo contempla, o lo ignora, que es peor. Los recientes eventos en torno a la aplicación de la vacuna contra el papiloma, obligan, por simple precaución, a suspender de manera inmediata la aplicación de la vacuna hasta que se demuestre sin duda alguna, no solo su eficacia sino también su inocuidad, lo que no se logrará con discursos encendidos ni promesas presidenciales. Este es un asunto que deben resolver los médicos y científicos, no los políticos.
Todo parece indicar que no se realizaron los estudios pertinentes, no se tuvieron en cuenta los estudios que ya existían y no se advirtió sobre sus posibles efectos adversos. El aluminio, utilizado como adyuvante, está asociado a cuadros similares a los presentados por las niñas enfermas, así que achacarle a un episodio de histeria colectiva las parálisis, temblores, depresiones, sordera, ansiedad o pérdida de las capacidades cognitivas y motrices, entre otros síntomas detectados, es una salida facilista que resulta muy conveniente para las empresas farmacéuticas que venden las vacunas pero en extremo peligrosa para sus obligadas receptoras, niñas desde los 9 años de edad, que difícilmente habrán iniciado su vida sexual.
El negocio, que según RCN le reporta ingresos por 300 millones de dólares, 600 mil millones de pesos, a las empresas vendedoras tiene unos promotores y responsables que deben presentarse ante la opinión pública y asumir la responsabilidad que les toque, empezando por los Ministros de Salud pasado y actual, el Invima, hospitales, centros de salud y demás organismos y personas involucradas en la decisión de vacunar a la población de jovencitas en Colombia, que no es el único país en el que se han reportado efectos indeseables: En Estados Unidos, Argentina, España, Nueva Zelanda y Francia, país en el que un tribunal médico reconoció la relación de causalidad entre la vacuna y los daños neurológicos irreversibles sufridos por una joven de 15 años, que padece encefalomielitis aguda, ceguera, parálisis facial y paraplejia, se han creado organizaciones que buscan detener los programas de vacunación.
Hacer caso omiso de todas las señales de alarma que se han presentado en Colombia y el mundo es un acto de irresponsabilidad que ningún decreto podrá enmendar. Lo justo e inteligente es suspender la vacunación, a menos que el interés comercial de la industria farmacéutica prime sobre la salud de nuestra niñez. Esta si es una decisión que le corresponde a los señores políticos, Congreso, Ministro y autoridades de salud. ¿Será que pueden, al menos esta vez, tomar una decisión acertada?
