Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
Así comienza la Constitución Política de Colombia de 1991, sin duda alguna con un artículo que no es más que un párrafo para describir como está organizado y formado el Estado colombiano. Comienza mencionando que es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Y es aquí en estos tres últimos aspectos donde es importante detenerse, pues la prosa de la Constitución en general es muy hermosa, pero la realidad y la práctica es otra cosa muy distinta
¿Por qué? Precisamente si Colombia es un país democrático, participativo y pluralista, ¿por qué se le calla al pueblo con fusiles y cárcel por decir la verdad de las atrocidades que pasa en el Estado colombiano? ¿Por qué tanta desigualdad social y económica en un país tan rico como Colombia? ¿Por qué los salarios de los congresistas siguen siendo tan altos y en vez de bajar siguen subiendo cuando se supone hay un gobierno actual que presume de ser austero? ¿Por qué los salarios de la población de clase media-baja siguen siendo tan bajos y desiguales comparados con otros países de la región, pero el Congreso sigue con tantos lujos y salarios astronómicos por dizque trabajar nueve meses en el año? ¿Por qué la actual presidente de la Cámara de Representantes se esconde y engaveta el proyecto de ley para bajar el salario de los congresistas cuando hay que dar el debate?
No es justo, ni mucho menos lógico, que en un país como Colombia, que se supone es democrático, participativo y pluralista, el Congreso de la República (Cámara y Senado) sesione escasos nueve meses del año cuando cobran un salario que supera los 34 millones de pesos mensuales los 12 meses del año, más las primas por prestación de servicios.
Es por tanto erróneo pensar que el trabajo que están ejerciendo y por el cual fueron elegidos por el voto popular (voto del pueblo) sea merecedor de estos jugosos sueldos y beneficios, pues cuentan con un servicio médico excelente, servicio de escoltas proporcionado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), servicio de camionetas blindadas, secretarios en sus despachos, jefes de prensa y comunicación, y en general, un gasto burocrático fiscal financiado en su mayoría con impuestos de los colombianos, colombianos que muchas veces no tienen para tomarse una gaseosa o un simple vaso con agua, que deben madrugar para ir a trabajar y llegar hasta tarde en la noche, que deben andar por vías destapadas para llegar a sus hogares, que deben soportar subirse a un medio de transporte mediocre y poco bien estructurado, que muchas veces no alcanza el sueldo para sufragar los gastos mensuales porque en su mayoría deben pagar arriendo y servicios públicos, eso sin contar la alimentación y el transporte para llegar hasta sus trabajos, que deben cuidar a sus hijos para que nada les falte, en fin, una serie de consecuencias normales en la vida cotidiana.
Es bastante triste e impactante que mientras millones de familias sufren el azote de la necesidad, los congresistas, los cuales fueron elegidos por el mismo pueblo, sean los que están luchando para que no se les vea rebajado el sueldo por medio de una ley que ellos son los directamente responsables de aprobar. Jamás se ha dicho que el pueblo deba ganar igual que un congresista, ministro o hasta el mismísimo presidente de la república, sino todo lo contrario; se pide que el dinero que ellos dejen de ganar en un porcentaje sea redistribuido a todas las esferas sociales, pero sobre todo a los más vulnerables.
Por tanto, es justo aclarar que si bien se aprobó, sancionó y publicó la reforma tributaria, que espera recaudar una suma aproximada de 15 billones de pesos, de ahora en adelante sean bien invertidos, y no se pierdan por el camino como los 70.000 millones del contrato de MinTIC con centros poblados, y, ante todo, se apruebe, sancione y publique la reducción salarial a todos y cada uno de los congresistas de la república.
