Resulta evidente la desconexión de los colombianos con la implementación del Acuerdo suscrito entre el gobierno y las Farc. Las recientes encuestas presentan un cuadro desesperanzador donde los colombianos concluyen que los acuerdos no se van a cumplir (más del 70% según la última de Invamer). Esto resulta preocupante porque una condición estructural para que un proceso de posconflicto tenga solidez recae en la generación de una amplia concertación ciudadana en torno a la importancia de los programas y proyectos encaminados recomponer el tejido social y construir la base de una paz territorial. Se podría pensar que todavía se tiene tiempo para propiciar esa convergencia pero en la práctica resulta complejo y altamente improbable. ¿Qué está pasando con la implementación del Acuerdo que la gran mayoría de colombianos no creen que vaya por buen camino? Para intentar responder esa pregunta inicialmente debemos saber dónde estamos.
La primera etapa en el proceso de implementación resulta difícil de entender hasta para los más expertos. La realidad es que el Acuerdo se está convirtiendo en leyes y en reformas a la Constitución en un periodo de tiempo tan corto que la única alternativa viable para implementar reformas tan amplias en tan solo un año sería a través de una constituyente. En ese sentido, la propuesta del gobierno para surtir sin mayor dificultad esa primera etapa consistió en inventarse un procedimiento legislativo abreviado o “Fast Track” para implementar rápidamente el Acuerdo reduciendo los tiempos de trámite en el Congreso. Fue un punto intermedio entre la exigencia de la Farc de una constituyente y otros sectores que de plano rechazaban la negociación. Lo cierto es que una constituyente sería lo peor y no garantizaría nada. El país se encuentra muy polarizado y bajo esa óptica una nueva Constitución sería un “acuerdo sobre lo elemental” poco elemental. El escenario político y social se tiene que depurar de radicalismos malsanos antes de pensar en reconstruir el edificio institucional.
Para entender dónde vamos voy a señalar el trabajo adelantado por el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame. Kroc desarrolló un matriz para analizar la implementación de 34 acuerdos de paz en el mundo a partir de 27 variables. Según el análisis de las variables en un lapso de 10 años se determina la calidad o avance en la implementación del acuerdo estudiado. El instituto Kroc actualmente le presta asistencia técnica a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI). Fue seleccionado en La Habana por su experiencia en estudios de paz y para Colombia desarrolló un barómetro exclusivo en una labor investigativa sobre el terreno sin antecedentes en estudios de implementación en el mundo. Por eso, estudiar la matriz de Kroc para entender la importancia de esta primera fase de implementación temprana de los acuerdos de paz resulta relevante. Algunos de los casos estudiados por Kroc son:
El Salvador: Las reformas legales y constitucionales necesarias para garantizar la participación política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLM) se surtieron en los dos primeros años tras el proceso de negociación, entre 1992 y 1993. En total fueron tres reformas constitucionales, la ley de amnistía y la conformación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Para 2002 se había concluido que la implementación tenía un avance del 96% sobre los puntos acordados.
Guatemala: Tras la firma del “Acuerdo para una paz fuerte y duradera” en 1997 el gobierno presentó 50 enmiendas constitucionales. Fueron aprobadas por el congreso y posteriormente se convocó un referendo que fracasó. Según Kroc tras diez años la implementación había alcanzado el 69%.
Irlanda del Norte: Tras la firma del pacto de Viernes Santo en 1998 se surtieron todas las reforma constitucionales y legales necesarias para sustentar la transición que entró en vigor el 1 de diciembre de 1999. Es considerado como uno de los procesos de implementación más exitoso porque a diez años del acuerdo se había alcanzado un nivel del 95%.
Estos tres casos ponen de manifiesto la importancia de surtir con prontitud todas las reformas legales y constitucionales. Las siguientes etapas en el proceso de implementación son más complejas y estructurales; consistirán en llevar el Acuerdo a los territorios y convertirlo en una realidad que no solo se quede en el papel. Sin la participación ciudadana en cada una de estas etapas la implementación se quedará muy corta. Comprendo el desánimo generado por la sentencia de la Corte Constitucional que limitó el Fast Track, el incumplimiento del gobierno en la adecuación de Zonas de Concentración y la poca pedagogía en torno a la implementación pero esto no puede llevar a concluir que el Acuerdo no se vaya a implementar. Hay dificultades que deben ser sorteadas con prudencia y sensatez por todos aquellos que le hemos apostado a la paz como un compromiso de vida. Informar sobre lo que está pasando para que los colombianos tomen una postura más informada es una tarea que se debe asumir con más compromiso. La desinformación es la bandera de aquellos que quieren inculcar el miedo y generar desconfianza.
