La crisis humanitaria generada por la escasez de productos básicos para el consumo humano, de uso personal, medicamentos e insumos (como el combustible en el sector del transporte o materia prima en la industria en Venezuela) se ha convertido en un instrumento político para presionar la salida del dictador Nicolás Maduro y restablecer la democracia en el país vecino.
Ahora bien, la ayuda humanitaria se entiende como la asistencia dirigida a salvar vidas, aliviar el sufrimiento, mantener y proteger la dignidad humana en situaciones de emergencia por desabastecimiento, como viene ocurriendo en Venezuela y esta se debe regir, como lo establece las Naciones Unidas, por los principios de humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad. En síntesis, su objetivo es proteger la vida, la salud y garantizar el respeto de los derechos de los seres humanos.
La acción emprendida el pasado 23 de febrero para llevar toneladas de alimentos y medicamentos, necesarios para suplir el drama que agobia a los venezolanos y que terminó en enfrentamientos entre civiles y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, con un saldo de más de 280 heridos, rompiendo los principios de neutralidad y de no tomar partido en la controversia interna de un país, tenía como trasfondo profundizar la crisis interna y buscar la salida de Nicolás Maduro de la casa de Miraflores o, en el peor de los casos, justificar una eventual intervención militar de los Estados Unidos, apoyada por la oposición como un atajo hacia la transición para restaurar la democracia y derrotar el totalitarismo.
Colocar a Colombia en riesgo de involucrarse en una confrontación militar con Venezuela, con incalculables consecuencias y costos en vidas humanas, teniendo en cuenta que en el vecino país residen cerca de 2 millones de colombianos y que las causas de una intervención militar nos afectarían directamente al compartir áreas comunes de frontera, haría que retrocediéramos en el camino de la reconciliación y convivencia pacífica iniciada con la firma de los acuerdos de La Habana, evidenciando el propósito real del actual gobierno de iniciar una nueva fase de confrontación en el país, alejando la posibilidad de nuevos acercamientos con los grupos que aún permanecen en armas y la búsqueda del fin del conflicto armado y de una paz definitiva.
El camino de la restauración de la democracia en Venezuela es por la vía política convocando a elecciones libres y transparentes con la vigilancia de la ONU y la Comunidad Europea sin la intervención de los órganos electorales controlados por la dictadura de Maduro, para que sean los mismos venezolanos quienes decidan el rumbo que le quieren dar al país y no pretendiendo que sean agentes externos los que tengan que decidir por toda una nación.
Es inocultable que estamos frente a una grave crisis humanitaria en Venezuela, resultado de los errores cometidos por Nicolás Maduro y la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, por eso es necesaria la ayuda humanitaria haciendo llegar alimentos y medicamentos a la población, alentando la participación de algunas agencias de Naciones Unidas como la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) o la Organización Panamericana para la Salud (OPS), a través del mecanismo del Comité Internacional de la Cruz Roja CICR, imprimiéndole un carácter humanitario, alejado de cualquier objetivo político.
Igualmente, hay que reconocer que en Venezuela debe darse un cambio en la conducción del Estado, empezando por reconocer, el actual gobierno, la existencia de una crisis política, social y económica reflejada en los bajos precios del petróleo, la corrupción y la mala gestión estatal que han devastado la economía, el fracaso del modelo populista del socialismo del siglo XXI y no seguir ocultando las falencias y errores cometidos.
La ayuda humanitaria no debe convertirse en un pulso de poder entre Maduro y Guaidó. Deben prevalecer la necesidades de millones de seres humanos que hoy requieren de esa ayuda.
