Con la medida de aseguramiento al senador y expresidente Álvaro Uribe se ha desatado un escándalo, que algunos de sus seguidores, como la senadora Paola Holguín, lo alientan de proporciones apocalípticas, al llamar a las reservas de las fuerzas armadas a movilizarse, como si estuviéramos ad portas de una guerra civil; mientras otras de sus copartidarias, menos calenturientas en cuanto a los métodos violentos, convocan a una asamblea nacional constituyente para reformar la justicia y acabar con las Cortes Suprema de Justicia y Constitucional, para unificarlas en una sola.
Otros dicen que la detención preventiva es una injusticia, contra un hombre que ha hecho tanto por “pacificar” el país; mientras gozan de libertad los exguerrilleros desmovilizados de las FARC que se acogieron a los acuerdos de paz y a la JEP, a la que también han acudido, buscando significativa rebaja en sus penas, algunos oficiales de las fuerzas armadas que han confesado su participación en masacres, en asocio con grupos paramilitares, desapariciones forzadas, falsos positivos, entre otros delitos.
El descrédito a las cortes, que también han tenido sus lunares, como el desmantelado cartel de la toga y la acusación de parcialidad política en sus investigaciones, es otra sindicación que difunden los incondicionales seguidores del jefe del Centro Democrático, que lo consideran como un dios, por encima del bien y del mal, y a quien ningún mortal tiene el derecho ni la osadía de juzgar.
Lo cierto es que en una democracia, así sea una tan precaria como la colombiana y de otros países latinoamericanos, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante ella debemos someternos cuando nos investigan y ejercemos el derecho de defendernos.
Para no ir muy lejos, en el Perú, investigaron y detuvieron al presidente Fujimori por haber organizado un grupo paramilitar que mató a varios civiles acusándolos de pertenecer a las guerrillas, y en la actualidad están condenados por corrupción los expresidentes Toledo y Kuczynski; mientras Alán García prefirió suicidarse antes que lo detuvieran.
En Guatemala destituyeron y detuvieron a un presidente; mientras en Brasil, asumiendo la pose de usted no sabe quién soy yo, el presidente Bolsonaro se fue lanza en ristre contra el sistema judicial, que “era bueno” cuando investigaron y destituyeron a la presidenta Dilma Rousseff, por corrupción ligada a Odebrecht, y apresaron a Lula, quien lo habría derrotado en las elecciones; pero que no sirve y hay que acabarlo, al igual que el Congreso, promoviendo una dictadura militar, cuando lo investigan y a sus hijos, por corrupción y abuso de poder.
Volviendo a Colombia, para muchos dirigentes del Centro Democrático, la corte fue buena cuando aceptó la doble instancia para revisar el caso del condenado por Agro Ingreso Seguro, exministro Luis Felipe Arias; pero hay que acabarla cuando de tantas investigaciones que tiene en curso el expresidente Uribe, por una de las más leves, basándose en pruebas contundentes, ordena medida de aseguramiento con detención domiciliaria.
En Estados Unidos, el presidente Trump también ha hecho gala del usted no sabe quién soy yo, destituyendo funcionarios que se atreven a criticarlo, difundiendo noticias falsas a granel, atacando a la prensa que publica lo que no le gusta o conviene, descalificando a la justicia, negándose a publicar su declaración de impuestos y poniendo en cuestión el sistema electoral, cuando siente que peligra la reelección.
Desde la otra orilla, posiciones similares de talante autoritario, asumen dictadores como Putin, Maduro y Ortega, pasándose por la faja la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que garantizan el funcionamiento equilibrado de una democracia.
