Mientras que el 1 de abril de 2017 miles de colombianos salieron a las calles a protestar en contra de la corrupción, vestidos con las camisetas de la selección Colombia y gritando arengas en contra de las FARC y del presidente Santos, y los líderes de los partidos Conservador y Centro Democrático decían que en Colombia se debían buscar nuevas formas de eliminar al mayor mal del país, la corrupción; se encontraba la Fiscalía de Brasil y de Estados Unidos reuniendo las pruebas que confirmarían uno de los hechos más graves en la historia del país: el adefesio de Odebrecht. La entrada de dineros provenientes del extranjero a las campañas presidenciales de 2010 y 2014 en el país. Demostrando que la campaña de Zuluaga había recibido 1.600.000 dólares en el 2014 por parte de la compañía brasileña.
Mientras que, el 19 de abril de 2017, el presidente Juan Manuel Santos instalaba el foro “Corrupción en Colombia” y proponía 8 nuevas medidas para combatir el fenómeno llamaba a los corruptos 'lacras' y declaraba que "Los cínicos fariseos que enarbolan la bandera de la moralidad y acusan a otros de corruptos para taparse con la misma cobija", y decenas de honorables representantes y senadores aplaudían la labor del gobierno por luchar en contra de la corrupción; la Fiscalía General de la Nación se encontraba consolidando nuevas pruebas del caso Odebrecht, que demostraban que la campaña de Santos había recibido 400.000 dólares en el 2010 y 1.000.000 de dólares para su campaña en el 2014.
Mientras que en las redes sociales los líderes llaman a utilizar hashtags como #nomascorrupcion y los precandidatos presidenciales afirman con vehemencia que van a eliminar la corrupción cuando lleguen a la casa de Nariño, muy pocos colombianos se escandalizan por lo que representa la corrupción de Odebrecht en la política de Colombia. Muy pocos son capaces de hablar, de refutar, de tratar de develar la verdad en esa mermelada de varios niveles que no solo sucedió en Colombia sino en toda Latinoamérica.
Mientras que en Colombia el Consejo Nacional Electoral (CNE), teniendo todas las pruebas del 2010 y del 2014, solo decide abrir investigación a la campaña de Oscar Iván Zuluaga y no del presidente Santos, en el Perú hay dos expresidentes con prisión preventiva; en Brasil Lula está condenado; en Panamá, Martinelli en la cárcel; en Guatemala, Otto está en la cárcel. Mientras que en todos los otros países de Suramérica en donde Odebrecht financió campañas los líderes están siendo investigados, en Colombia seguimos con discusiones banales que impiden encontrar la verdad.
Un periodista en vez de tratar de indagar sobre cómo deben pagar los corruptos por el caso de Odebrecht decide atacar a un expresidente sacándole los trapos sucios para distraer de sus reclamos. El congreso de la República habla de combatir la corrupción, pero deciden no avanzar con la reforma electoral que les daría más herramientas a los organismos administrativos para combatir ese mal. La mayoría de líderes propone la solución definitiva sin tener en cuenta todos los factores que afectan la corrupción no daremos pasos reales para reducirla.
Si el Consejo Nacional Electoral (CNE) hiciera su labor de acuerdo a la ley, las pruebas enviadas por la Fiscalía General de la Nación en julio 13 de 2017 que muestran la violación por parte de Santos y Zuluaga de los artículos 23 y 27 de la LEY ESTATUTARIA 1475 DE 2011 (julio 14), ya habrían sanciones. Hubo financiación prohibida, superación de límites de financiación y corrupción tanto por parte del Partido de la U como del Partido Centro Democrático.
Por lo tanto, según la misma ley las siguientes deberían ser las sanciones que el CNE debería llevar a cabo para acabar estas prácticas de corrupción en el país:
1) Suspensión personería jurídica. 2 años para el Centro Democrático y 4 años para el partido de la U por reincidir en el acto de corrupción.
2) Suspensión de inscripción de candidatos para las elecciones presidenciales 2018.
3) Suspensión o privación de la financiación estatal y/o de los espacios otorgados en los medios de comunicación social.
Estas sanciones serían de tipo político y realmente crearían un precedente para los partidos políticos. Todo esto sin tener en cuenta las sanciones legales y administrativas que deberían hacerse a los culpables.
Pero supongamos que el CNE decide no seguir la ley y decide hacer unas pequeñas multas y unas condenas a mandos medios. Los ciudadanos tenemos también el poder de castigar a los partidos políticos que se vieron inmersos en actos de corrupción.
No necesitamos mirar a Europa ni a Estados Unidos, tan solo miremos cómo nuestros países vecinos están avanzando más rápido con las investigaciones de Odebrecht. En países con menos población la ciudadanía en general está más interesada en ver cómo avanzan las investigaciones, por lo que se ejerce presión social. Tal es el caso de República dominicana, Panamá y Perú que han avanzado en las imputaciones a expresidentes. Por otro lado, podemos observar cómo Colombia está en el sexto puesto, porque estamos más preocupados por otros temas.
Algo definitivo que podemos hacer como ciudadanos es ejercer una sanción social a los partidos que cometieron los actos de corrupción. Sí, estoy hablando que si usted no quiere ser cómplice de un partido corrupto no debería votar por los candidatos presidenciales ni del Centro Democrático ni del Partido de la U. Porque si lo hace, aún sabiendo que cometieron actos ilegales para ganar la presidencia, estará premiando a los corruptos.
Y usted podría decir que solo es culpa de Santos y de Zuluaga y no de sus partidos, pero entonces hágase la siguiente pregunta: ¿alguno de los partidos ha implementado el código de ética sancionando a sus miembros por corrupción? O ¿Solo promete que cambiará en el futuro pero que no necesita modificar nada ahora? Si no lo han hecho esto solo indica que están de acuerdo con la corrupción y si usted vota por alguno de sus candidatos es cómplice en el crimen.
